Discapacidad: transportistas vuelven a pedir una prórroga de la vida útil
Calculan que unos 15 prestadores corren riesgo de dejar de brindar el servicio, en un contexto de disminución de la oferta de vehículos.
Transportistas especializados en la asistencia a personas con discapacidad se concentraron este lunes en las puertas de la Municipalidad con el objetivo de reclamar avances en un pedido presentado meses atrás en busca de establecer una nueva prórroga de la vida útil de los vehículos. Calculan que unos 15 prestadores corren riesgo de dejar de brindar el servicio, en un contexto de disminución de la oferta.
Ante la irrupción de la pandemia y la paralización de las distintas actividades, transportistas de personas con discapacidad habían logrado una prórroga de la obligatoriedad de renovar el “plazo de vida útil legal” de los vehículos durante el bienio 2020 y 2021, y se extendió la vida útil -al igual que en otros sectores– hasta el 31 de diciembre de 2022, considerando que tienen como límite los 20 años de antigüedad.
Así, luego de un año en el que volvieron a exponerse los estructurales reclamos por los atrasos en los pagos o falta de actualización de sus aranceles, también atravesados por las denuncias de ajuste del gobierno nacional en el área, la actividad se vio fuertemente afectada no solo con la dificultad para cambiar los vehículos sino incluso -calculan- con hasta un 35% menos de personas dedicadas a la actividad por la imposibilidad de sostenerse ante los tres meses en promedio que tardan en pagarles las obras sociales por los servicios prestados.
Este año vencerán los plazos legales de vehículos modelo 2002 -más allá de que hayan cumplido con la inspección anual a instancias de la Dirección de Transporte, que se suma a la verificación (VTV) que deben superar cada seis meses- y desde la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad reiteraron el pedido para que se prorrogue la vida útil prevista en la Ordenanza N°25.268, en este caso hasta el 31 de diciembre de 2024, y evitar que se siga disminuyendo la flota.
Además, otro de los pedidos de las personas a cargo de los vehículos es que a aquellos que cuentan con la obligatoriedad de instalar una rampa, se les permita colocar asientos y eliminar el pasillo libre, destinando un lugar -con los anclajes exigidos- para el traslado de una silla de ruedas.
Ese pedido ingresó al Concejo Deliberante el 1 de agosto de 2022 y desde entonces permanece en la comisión de Movilidad Urbana, a la espera de una respuesta de un pedido de informes emitido a la Secretaría de Gobierno.
“Reclamamos una contestación fehaciente de la nota que presentamos el 1 de agosto”, explicó Juan Goldar, presidente de la Asociación en diálogo con La Revolución de la Mañana (FM 88.7) y advirtieron: “Estamos hablando de 15 familias que se quedan sin su sustento y que detrás de cada vehículo, lo más importante, estamos hablando de 10, 15 chicos que no pueden ser trasladados a sus distintas actividades y terapias”, planteó.
