VIH: incertidumbre por la entrega de medicamentos e incumplimientos de la ley
Desde la Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata advierten por el presente del sector ante el ajuste del gobierno nacional y la falta de respuestas.
Sin certezas sobre lo que ocurrirá en los próximos meses, desde la Red de Personas Viviendo con VIH/SIDA de Mar del Plata se mostraron en estado de alerta ante la incertidumbre que viven en torno a la provisión de medicamentos y la falta de cumplimiento de la nueva ley de respuesta integral por parte del gobierno nacional y su impacto en pacientes de la ciudad como también de todo el país.
Es que desde la organización señalaron que no hay información disponible sobre la compra de medicamentos −como los antirretrovirales− que realiza el gobierno nacional para adquirir medicamentos claves para la vida de quienes viven con VIH/SIDA y la preocupación es aún mayor ante la demora habitual de los procesos para su adquisición, de unos seis meses.
“El gobierno no nos está mandando información y estamos con la incertidumbre de que el Ministerio de Salud haga la compra de medicamentos para las personas con VIH. No tenemos la certeza de que se hayan firmado las licitaciones”, planteó en diálogo con Qué digital Estela Carrizo, referente de la Red a nivel local.
Es que según explicó, fue con un “remanente” de dinero de la gestión anterior que el gobierno nacional realizó compras aunque no tienen garantías de qué sucederá “después de septiembre”. Sin información concreta, y con el riesgo de saber que el proceso para adquirir los medicamentos demora alrededor de seis meses, explicó Carrizo, desde la Red de Personas Viviendo con VIH/SIDA a nivel nacional pidieron informes al Ministerio de Salud.
Mientras tanto, intentan continuar con sus actividades con ayuda del gobierno provincial. Es en la sede de Santiago del Estero entre 9 de Julio y 3 de Febrero donde a nivel local se realizan testeos rápidos y anónimos de VIH, sífilis y hepatitis C con insumos enviados solamente por el gobierno bonaerense junto a unos 15 mil preservativos mensuales: “No nos alcanza. Estamos haciendo gestiones para poder tener más”, plantean.
Es que, tras el antecedente del recorte de Milei en la medicación para personas en tratamiento oncológico en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) por la que dos personas de Mar del Plata murieron -según denunciaron desde ATE-, desde la Red explicaron que decidieron comenzar gestiones con el gobierno de Axel Kicillof a modo de “garantía”.
“Estamos por presentar un proyecto en la Provincia de Buenos Aires para que se adhiera a la ley nacional de VIH. Estamos teniendo reuniones y poniéndolos en aviso para hacer las diligencias correspondientes y que el gobierno bonaerense, en caso de que Nación no responda, se haga cargo de los tratamientos antirretrovirales“, adelantaron.
Pero además de todo lo que hace a los insumos y medicamentos, en función de lo que sucede con algunos pacientes locales, denunciaron que el gobierno de Milei no está aprobando las jubilaciones y pensiones que son tramitadas en el marco de la nueva ley de respuesta integral al VIH: “Está todo trabado”, aseguran.
Fue a mitad del 2022 cuando el Senado de la Nación aprobó, después de años de lucha y reclamos también desde Mar del Plata, la nueva ley nacional de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis. La norma -que dejó atrás la legislación previa señalada como “insuficiente” por su respuesta exclusivamente “biomédica” y sanitaria- comprende un abordaje integral e interdisciplinar: entre otros puntos, prohíbe las pruebas de exámenes médicos preocupaciones que condicionen ingresos laborales y prevé un régimen de jubilación especial.
En concreto, la ley establece la posibilidad de que las personas con VIH accedan a su jubilación al cumplir los 50 años acreditando 20 años de aportes computables y 10 años o más de del diagnóstico de la enfermedad. También, mantiene las pensiones no contributivas para personas en situación de vulnerabilidad, cuyos salarios no superen la suma de dos salarios mínimos, vitales y móviles ($234 mil).
