Pinos de Anchorena

Pulti ante la Justicia: de qué se lo acusa

El exintendente está imputado por los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes. Un repaso de los hechos por los que está acusado y de la investigación en curso.

21/06/2016
Pulti ante la Justicia: de qué se lo acusa
(Foto: QUÉ Digital / Lucho Gargiulo)

En el marco de la causa en su contra -investigación que intentó minimizar cada vez que pudo, pero que lo tiene como imputado- el exintendente Gustavo Pulti se presentó este martes en la Fiscalía de Delitos Económicos donde se programó su declaración indagatoria en el marco de la investigación que lo apunta como posible responsable de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. Aunque la citación estaba prevista para las 9,30, el exjefe comunal amaneció temprano y poco después de las 8 ya estuvo en el edificio ubicado en Rawson y Alvear.

Al igual que en los próximos días lo harán quienes fueran algunos de sus funcionarios -el exsecretario de Producción, Mariano Pérez Rojas; y los exsecretarios de Economía, Santiago Fernández y Daniel Pérez- Pulti se presentó ante los fiscales que llevan adelante la causa, Javier Pizzo, Carlos Bruna y Fernando Berlingeri.

El mes pasado los fiscales desestimaron la existencia de delito en relación a la utilización fondos por parte del gobierno de Pulti en uno de los casos denunciados por la gestión de Carlos Arroyo y al mismo tiempo archivaron otra maniobra en el marco de la investigación. Sin embargo, continúa su curso el procedimiento respecto a otros seis hechos que podrían estar enmarcados en la malversación de caudales públicos y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

LOS SEIS HECHOS POR LOS QUE SE LO ACUSA

  • Entre junio y septiembre de 2015, Pulti y Pérez “dispusieron de los fondos de terceros percibidos por el Municipio en carácter de depositario, dándoles un destino diferente al que aquellos legalmente tenían”, de acuerdo a la causa.

 

  • Entre noviembre de 2014  y enero de 2015 Pulti y Pérez “dispusieron y autorizaron  giros en descubierto en la cuenta corriente perteneciente al Municipio del Banco de la Provincia sin encontrarse debidamente autorizados por el Concejo Deliberante, requisito necesario dado que dicho mecanismo de financiación no había sido autorizado por la ordenanza N° 15.890 complementaria al presupuesto 2014″

 

  • Entre abril y noviembre de 2015 Pulti y Pérez incumplieron lo dispuesto por la ordenanza 22.081 complementaria al Presupuesto 2015 que autorizaba al Departamento Ejecutivo a la obtención de financiamiento transitorio, pero no acudieron formalmente al Concejo Deliberante con el objeto de solicitar la correspondiente autorización “pese a que desde diciembre de 2014 el tesorero Mauricio Mingo, puso en conocimiento, mediante los informes de programación de caja, las dificultades financieras del Municipio que hacían imposible el cumplimiento de las obligaciones  y la devolución de fondos”.

 

 

En ese sentido, en la resolución se establece que en los tres casos, Pulti y sus funcionarios “realizaron de acuerdo a un plan previo una serie de actos en violación a los requisitos legales y reglamentarios en materia de compras con el objeto de organizar un evento multitudinario que originó ingresos y gastos sin cumplir con las normas que regulan la contratación directa, el concurso de precios y las licitaciones”.

Es que, para la fiscalía los funcionarios incumplieron con sus funciones ya que la Asociación Civil de Desarrollo Estratégico estuvo a cargo de “la comercialización, y por lo tanto del ingreso y egreso de los fondos provenientes de los stands de las diferentes empresas participantes, como así también de los sectores gastronómicos y de los espacios y materiales publicitarios”.

Sin embargo, “al revestir el Estado el carácter de organizador del evento conjuntamente con la citada Asociación Civil, la suscripción del acuerdo constituyó una inversión indirecta de los fondos municipales, motivo por el cual legalmente los ingresos debieron ser percibidos a través de la Tesorería Municipal y las contrataciones debieron cumplimentar los requisitos legales y reglamentarios en materia de compras y contrataciones. Sin embargo a través del contrato, el Estado municipal los delegó sin concurso ni licitación previa”.

A partir de esta situación, la Fiscalía considera que no hubo rendición de cuentas ni de gastos y que “los fondos recaudados por la comercialización no ingresaron en el patrimonio municipal sino que fueron percibidos directamente por la asociación”. 

Al reiterarse esta conducta en tres oportunidades, de la resolución surge que el Municipio autorizó el otorgamiento a la asociación de un total de $10.800.000: en 2012 fueron $2.000.000; en 2013 $3.300.000; y en 2014 $5.500.000. 

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