A dos años, cambios en la causa que investiga la balacera en la casa de la vecinalista
La investigación cambió de fiscalía luego de un dictamen de la Fiscalía General en contra del sobreseimiento del empresario Juan Inza.
Pasaron dos años desde el atentado a balazos que sufrió la vecinalista de Playa Serena María Inés Benítez en su propia casa y horas después de participar de una audiencia pública en el Concejo Deliberante. Desde entonces, hubo movimientos en la causa pero la mayoría no en la dirección que buscaba la víctima, al menos hasta en las últimas semanas cuando hubo un cambio de fiscalía tras un intento de sobreseer al empresario del transporte Juan Inza, imputado por encubrimiento. La camioneta utilizada en el hecho, mientras tanto, sigue sin ser encontrada.
La causa que investiga la balacera que sufrió la vecinalista horas después de exponer las deficiencias del transporte público en General Pueyrredon y particularmente en la zona sur había tenido movimientos importantes en diciembre. En ese entonces, el titular de la Fiscalía N°7, Leandro Arévalo, había solicitado el sobreseimiento de todos los imputados al considerar que no había pruebas suficientes para para proseguir la investigación, aunque solo el empresario había sido imputado de manera formal e indagado.
Con respecto a los otros dos involucrados, el titular del Foro de Seguridad de Mar del Plata, Juan Manuel López y Juan Agustín Domínguez, el titular de una empresa que le vendió a Inza la camioneta utilizada en el hecho, cabe recordar que ya hacía un año que el fiscal había archivado provisoriamente las actuaciones, una decisión que ahora también fue revertida.
Es que, al tomar vista del pedido de sobreseimiento para todos, la Fiscalía General a cargo de Fabián Fernández Garello dictaminó que la causa no debía ser cerrada al considerar que todavía había elementos para seguir investigando y, en consecuencia, dispuso un cambio hacia la Fiscalía N°1, a cargo Florencia Salas.
“El fiscal aporta a su vez lo que nosotros planteamos sobre Inza, que es una participación en la balacera como algo que no es descabellado y puede llegar a comprobarse. Nosotros entendemos que él tenía conocimiento de lo que se iba a hacer, que se hizo con su visto bueno -y sin lo cual no se hubiera concretado– y que él puso la camioneta a disposición de estas personas y no sabemos si también las armas”, explicó sobre la postura del particular damnificado el abogado de la víctima, Marcos Bouzas.
Además de esa presunta participación en el hecho, sostienen que también debe seguir la investigación por el encubrimiento por parte del empresario, por ejemplo, al reconocer el dominio de la camioneta utilizada, vehículo que aún no apareció ni creen que aparezca: “Después, obviamente hay una participación posterior en el hecho para intentar encubrirlo. Nosotros lo que planteamos es que Inza reconoce la propiedad sobre la camioneta y resulta que se le desapareció pero nunca hizo una denuncia por un robo o ante el seguro de la camioneta“, explicó el abogado.
En ese sentido, el letrado también lamentó que, a pesar de sus pedidos y más allá de las inspecciones externas, en ningún momento se allanaron las cabeceras de la empresa de colectivos 25 de Mayo para su búsqueda.
La cabecera de la 25 de Mayo (foto: archivo / Qué digital)
Luego de la feria judicial, la investigación por el atentado pasó a la Fiscalía N°1, desde donde ya se ordenaron las primeras medidas y quizás la más importante sea el desarchivo de la causa contra Domínguez y López. “Cuando el fiscal general dictamina, dice que hay que cotejar las pruebas posteriores en relación a ellos. Por ejemplo, en su momento se habían cotejado las llamadas telefónicas entre ellos tres. Pero aparecieron nuevos sospechosos. Nosotros pedimos el desarchivo para que se realicen estos pedidos de prueba. La Fiscalía ordenó el desarchivo y rechazó un pedido de sobreseimiento pedido por el abogado de Domínguez”, señaló Bouzas.
Además, la fiscala ordenó la unificación de las causas que se originaron a lo largo de la investigación tras allanamientos en domicilios de personas que estarían vinculadas a la empresa 25 de Mayo en los que se encontraron armas y celulares.
De esta manera, el cambio de fiscalía y estas primeras medidas que coinciden con el criterio de la víctima del atentado “van camino a profundizar la investigación“, celebraron desde la representación de la vecinalista.
Según se desprende de la causa, el hecho en cuestión se produjo a las 00.30 del 5 de febrero de 2021 cuando personas que se movilizaban en una camioneta Chevrolet S10 blanca efectuaron múltiples disparos con armas de fuego calibre 9 milímetros y también escopetas a la vivienda de la vecinalista María Inés Benítez, aunque sin llegar a herir a nadie.
En la causa se estableció que la camioneta utilizada para llevar adelante el ataque pertenecía a una empresa presidida por Domínguez aunque luego se determinó que -tras haberla comprado- estaba en poder de la empresa de colectivos 25 de Mayo, perteneciente a Inza.
Cuando los investigadores lograron identificar la camioneta, la Justicia de Garantías ordenó su secuestro, pero el vehículo no pudo ser encontrado. Para ello se realizaron ocho inspecciones -aunque desde el exterior- en las cabeceras de la empresa 25 de Mayo, todascon resultados negativos.
El ataque se concretó horas después de que la referente vecinal expusiera en la audiencia pública por el nuevo pliego del servicio de colectivos y realizara fuertes críticas contra la actual prestación. Justamente eso y su participación en distintos foros vecinales con posiciones contrapuestas a las de López aparecían como trasfondo de lo sucedido para los investigadores.
En paralelo, la investigación también apuntó, en función de los testimonios recogidos en la causa, a la existencia de “asiduas relaciones personales” entre los tres acusados: Inza, López y Domínguez.
