Confirman los procesamientos de los acusados de encubrir los vuelos de la muerte
La resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata se centra en el caso que investiga el hallazgo en 1978 de 14 cuerpos en la costa bonaerense.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó los procesamientos de los acusados de haber encubierto los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico militar a partir del hallazgo de 14 cuerpos en las costas de Pinamar, Villa Gesell y el Partido de la Costa en diciembre de 1978. Entre los imputados en el caso se encuentra el exjuez de Dolores Carlos Augusto Facio.
A diez meses de dictados los procesamientos contra los diez acusados, en los últimos días la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó parcialmente esa resolución que había tomado el juez subrogante de Dolores, Martín Bava.
Es que al descartar los planteos de las defensas confirmó los procesamientos y ordenó que el magistrado fundamente por qué decidió no imponerles la prisión preventiva a los imputados, en sintonía con un reclamo del Ministerio Público Fiscal. “En la fundamentación de la sentencia que se apela no se advierte cuáles han sido las razones para que el juez decida como finalmente lo hizo”, explicaron los camaristas.
Por su parte, al rechazar los planteos de las defensas de los acusados, la Cámara descartó la existencia de una prescriptibilidad del caso, de nulidades en los llamados a indagatoria y de una valoración arbitraria de la prueba por parte del juez Bava.
La investigación fue llevada adelante en buena parte por la titular de la Fiscalía Federal Nº 1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, como parte de una causa que se inició en 2011 a partir de denuncias efectuadas por fiscales marplatenses ante casos surgidos en los denominados “Juicios por la Verdad”.
Carlos Augusto Facio, de 83 años, fue juez titular del Juzgado en lo Penal Nº 2 de Dolores desde el 10 de agosto de 1976 hasta mediados de 1984, es decir durante casi toda la dictadura cívico miliar y se lo acusa bajo los delitos de encubrimiento en concurso ideal con abuso de autoridad y violación a de los deberes de funcionario público.
La misma acusación alcanza a un ex médico policial, Miguel Cabral, a un ex funcionario municipal de Dolores -director de Catastro- Juan Domingo Montenegro, y a siete ex integrantes de la Policía Bonaerense: Mario Castronuovo, Juan Antonio Estrada, Domingo Oscar Martínez, Ednio José Lloren, Francisco Enrique Aristegui, Alberto Martínez y Edgardo Emilio Luchetti.
En la causa se acreditó que entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978 aparecieron en las costas de Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa 14 cuerpos de personas que provenían de distintos centros clandestinos de detención y tortura y que habían sido secuestradas y desaparecidas y luego arrojadas al mar por la dictadura militar. Sobre esos episodios se iniciaron sumarios judiciales -todos a cargo del por entonces juez Facio- en los que ninguna de las víctimas fue identificada, no fue individualizado ningún acusado y fueron cerradas rápidamente sin investigación.
“Lo que aquí se investiga, cualquiera sea la nominación que se le asigne, no es otra cosa que el eslabón final del circuito represivo que culminaba muchas veces con la desaparición forzada de las víctimas del terrorismo de Estado”, definieron en su resolución los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez y señalaron que la particularidad del caso “está dada porque en la parte que ahora importa muchas de las personas previamente detenidas ilegalmente eran subidas a aviones y desde altitudes eran arrojadas al mar, con el único propósito de hacerlas desaparecer”.
De esa manera, relataron que esos intentos en muchos de los casos “se vieron por instantes truncos, dado que, a consecuencia de las corrientes marinas, los cadáveres fueron arrastrados hasta llegar a la costa atlántica bonaerense” por lo que en este caso se analiza “aquellos comportamientos que los imputados llevaron adelante para lograr volver a desaparecer los cuerpos en aquel entonces avistados en la costa”.
Las apariciones de cuerpos de diciembre de 1978 y las causas abiertas en ese sentido se vinculan con otro expediente iniciado el 5 de enero de 1979 en el mismo juzgado: un habeas corpus impulsado por las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Hebe Pavello de Mascia y Josefina de Noia por medio del cual buscaban conocer detalles de los hallazgos de los que se habían enterado por los diarios y de las identificaciones de los cuerpos. Sin embargo, nunca tuvieron respuestas.
En democracia pudieron ser identificadas 10 de las 14 personas: Santiago Bernardo Villanueva; Jesús Pedro Peña; Helios Hermógenes Serra Silvera; Oscar Néstor Forlenza; Isidoro Oscar Peña; Carlos Antonio Pacino; Omar Rodolfo Farías; Cristina Magda Carreño Araya; Nora Fátima Haiuk De Forlenza y María Cristina Pérez.
“Los vuelos de la muerte, uno de los últimos eslabones de la cadena de exterminio, de manera alguna pueden escindirse del método del que se valió la dictadura para hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas. Debió sortearse entonces aquel intento fallido de sigilo y volver a desaparecerlos. Y es allí que aparecen las maniobras de ocultamiento de aquellos cadáveres previamente tirados al mar y que, a la postre, se avistaron en las costas argentinas, producto de las corrientes marinas; afinadas por cierto mediante una simbólica investigación policial y judicial, con la consecuente inhumación de los cuerpos de manera absolutamente irregular, en fosas comunes”, plantearon los camaristas.
