Envían a la Justicia provincial la causa por incitación al acuartelamiento policial de 2013
Se trata del caso en el que están acusados el líder de ultraderecha Carlos Pampillón, la policía exonerada Virginia Sosa y seis efectivos de la Bonaerense.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata se declaró incompetente y mandó la causa judicial que investiga la incitación al acuartelamiento policial de 2013 para que sea juzgado por un Tribunal en lo Criminal de la Justicia provincial. Se trata la investigación que tiene acusados al líder de ultraderecha Carlos Pampillón, a la policía exonerada Virginia Sosa y a seis efectivos de la Bonaerense.
La resolución del TOF fue tomada esta semana de manera dividida ya que dos de sus integrantes, Martín Poderti y Roberto Minguillón, resolvieron hacer lugar al pedido del fiscal general Juan Manuel Pettigiani y de las defensas mientras que el juez Roberto Falcone opinó lo contrario y entendió que el juicio debía realizarse en el TOF.
Los dos magistrados que coincidieron en sus posturas entendieron que de los hechos descriptos en el elevación a juicio se desprende que “podrían encontrarse fundados en el reclamo de mejoras de condiciones laborales y salariales por parte de funcionarios policiales pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, es decir, en posibles hechos con estricta motivación particular, lo cual informa que debe ceder en estos casos la jurisdicción federal”.
De esa manera, resolvieron declarar la incompetencia del TOF para llevar adelante el juicio y mandar el expediente a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la Justicia provincial de Mar del Plata para que allí se defina qué tribunal de esa jurisdicción deberá intervenir.
Contrario a esa postura se había expresado el juez Falcone al plantear que no se podía admitir, en esa etapa procesal, “que el levantamiento coordinado al menos en tiempo [diciembre de 2013] de varias fuerzas provinciales a lo largo y ancho de la República sea considerado como un reclamo particular y aislado de cada individuo”. También opinó que “la sola condición de funcionario públicos provinciales que revisten algunos de los sujetos imputados en esta causa, no puede, por sí sola, acreditar la exclusión de la competencia federal”.
El fiscal general Juan Manuel Pettigiani impulsó el paso de la causa a la Justicia provincial
La causa en cuestión fue elevada a juicio en marzo de 2023 con el impulso del fiscal Santiago Eyherabide, a cargo de la Fiscalía Federal N°2. Pero se inició hace unos diez años después del acuartelamiento policial del 8 y 9 de diciembre de 2013 que dejó como saldo múltiples episodios delictivos, de violencia y saqueos. Y si bien en noviembre de 2014 el por entonces fiscal Pablo Larriera había pedido al juez Santiago Inchausti llamar a indagatoria a los investigados, ese pedido había sido rechazado por falta de sustento probatorio.
Con el paso de los años, la Fiscalía Federal N°2 volvió a solicitar en febrero de 2018 llevar a esa instancia a los acusados y a partir de la acumulación de nueva prueba el juez accedió y las indagatorias terminaron por concretarse, algunas, a principios de 2021.
Con la imputación en marcha, las declaraciones recibidas y la causa reimpulsada, el juez Inchausti procesó sin prisión preventiva en septiembre de 2021 a Pampillón, Sosa y a seis policías que, de acuerdo a la acusación, formaron parte del impulso del acuartelamiento: Carlos Enrique Turno, Rubén Ferreyra, Daniel Leonardo Silva, Leandro René Bonora, Arturo Vicente Tobares y Adriana Nélida Brussolo.
Todos ellos están acusados como autores de delito de sedición para el cual el Código Penal prevé que “serán reprimidos con prisión de uno a seis años, los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir aunque sea temporalmente el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o su renovación en los términos y formas establecidos en la ley”.
Mientras tanto, Pampillón también está procesado por la Justicia Federal en otra causa que espera ser juzgada en la que se lo investiga por encabezar la banda neonazi que cometió diversos ataques años atrás en la ciudad y cuyos integrantes ya fueron condenados.
LA ACUSACIÓN
La causa, de acuerdo a la descripción de la fiscalía, partió desde los hechos sucedidos entre el 8 y el 9 de diciembre de 2013 cuando efectivos de la Policía Bonaerense “estimulados y apoyados por personas ajenas a dicha institución habrían incitado por distintos medios a sus pares para que dejen de prestar los servicios de patrullaje, convocándolos a un autoacuartelamiento con el claro objeto de ejercer presión sobre las autoridades de la Gobierno de la Provincia y del Ministerio de Seguridad para forzarlos a conceder un incremento en la escala salarial”.
En ese marco, la fiscalía repara en que el cese de las funciones de buena parte de la Policía en la ciudad derivó, por un lado, en “numerosos ataques a la propiedad privada mediante hurtos, robos, saqueos, daños” y, por otro, en la generación “de temor de inseguridad común sobre la ciudadanía, en desmedro del orden público”.
El principal hecho motivo de acusación da cuenta que el 8 y 9 de diciembre de 2013 los seis policías junto con “instigadores civiles”, como Carlos Pampillón y Virginia “Rusita” Sosa, fomentaron el acuartelamiento de la fuerza “dejando de cumplir sus funciones específicas” en primer lugar en el escuadrón Caballería -donde se hizo presente Pampillón- y luego durante toda la madrugada y parte del 9 de diciembre frente a la comisaría primera bajo el reclamo de obtener una mejora salarial.
La fiscalía en su acusación sostiene que en ese marco se instó a todos los policías a “dejar de cumplir las funciones que por derecho están obligados” y que para ello se valieron “de los elementos que se le proveen por su función específica” como la portación de armas, utilización de chalecos antibalas, municiones, el uso de la radio para la convocatoria y una “constante modulación tendiente a dificultar la comunicación operativa realizada por el personal que sí se hallaba cubriendo el servicio”. También sumaron que numerosos patrulleros quedaron inutilizables a partir de que les habían desinflado las gomas.
Pampillón lideró algunas de las primeras acciones del reclamo policial (Foto: archivo)
“Esto provocó una indefensión en la ciudad que conllevó a la comisión de múltiples delitos por parte de otros individuos que aprovecharon la excepcional circunstancia, en razón de no contarse con los recursos para atender las situaciones de inseguridad que se produjeron y posibilitando por ello la comisión de esos delitos, afectando así la seguridad común en razón que esta maniobra violenta fue más allá de la protesta policial toda vez que se obstruyó que otros agentes policiales cumplieran con su deber”.
La protesta finalizó recién entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de diciembre con la firma por parte del gobierno provincial por entonces a cargo de Daniel Scioli de un aumento salarial.
En la elevación a juicio, el fiscal reparó en que los hechos en Mar del Plata “replicaban las sublevaciones policiales que se producían en otras jurisdicciones del país, las que comenzaron el 3 de diciembre de 2013 en la ciudad de Córdoba, para luego reproducirse en Glew (provincia de Buenos Aires), Catamarca, Río Negro, Neuquén, San Juan, Santa Fe, Concordia (Entre Ríos), Chubut, Corrientes, La Pampa, San Pedro de Jujuy, Tierra del Fuego, Salta y La Rioja” con el propósito de “obtener mejoras salariales” a través del “cese del servicio de prevención y represión de delitos de las fuerzas de seguridad” que derivó en “saqueos y actos vandálicos”.
