Inspeccionaron dos campos allanados por trata laboral
Se tratan de dos terrenos a la altura del camino “El Chajá” de la ruta 226. Las víctimas son diez personas de nacionalidad boliviana. En la causa hay tres detenidos.
La Justicia Federal realizó una inspección en dos campos que habían sido allanados días atrás en el marco de una investigación por trata de personas con fines laborales en el que las víctimas son diez personas de nacionalidad boliviana. En la causa hay tres detenidos: un matrimonio y su hijo.
El operativo se realizó en dos campos situados a la altura del camino “El Chajá” de la ruta 226 con la presencia del juez Santiago Inchausti y el fiscal federal Nicolás Czizik, quienes pudieron conocer los sectores de cosecha y también las viviendas donde residen las víctimas.
Según informaron fuentes judiciales las viviendas se tratan de precarias casas de material y techos de chapa en las que viven diez personas que se encontraban este jueves en el lugar. En uno de los campos, dos hermanos de 19 y 21 años; en el otro un hombre, una pareja con dos hijos, y otra pareja con tres niños a cargo. El baño, ubicado al lado de las casitas, es común para los cinco adultos y cinco menores de edad: no cuenta con agua caliente y la ducha funciona a través de un aparato eléctrico calentador de agua. La conexión de cables, a la vista, se muestra precaria e insegura.
Desde la fiscalía Federal informaron que los hombres y mujeres que trabajan en el lugar manifestaron cobrar su sueldo a porcentaje: esto es un 25% por bulto o cajón, aunque el precio se define cuando el dueño del campo lleva lo cosechado al Mercado Central. “Si no sacamos nada, no ganamos nada”, explico uno de ellos al fiscal y al juez.
Los trabajadores tampoco refirieron tener horario fijo de trabajo: si es época de cosecha, la jornada puede extenderse 12 horas o más. Ninguno de ellos estaba registrado ante los organismos correspondientes, lo que implica la falta de acceso a jubilación, obra social y demás beneficios sociales, explicaron las fuentes judiciales consutladas.
Del recorrido, participaron también la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio y el Centro de Protección de Derechos de las Víctimas (CPV). La inspección estuvo acompañada por efectivos de la Prefectura Naval Argentina.
