La historia de la menor comprada y explotada por una familia
A ocho meses de haber llegado a la ciudad, la víctima logró escaparse y contar su calvario. Los acusados estuvieron prófugos durante un año, los detuvieron y ahora fueron procesados por el delito de trata de personas.
G. tiene unos 15 años. Fue traída a Mar del Plata a mediados de 2016 luego de haber sido “comprada” a $30 mil por una pareja que la obligó a “casarse” informalmente con su hijo. Llegó sin tener DNI ni partida de nacimiento, sin saber leer ni escribir, sin haber sido escolarizada, y para ser explotada laboral y sexualmente. Tras ocho meses, logró escapar y denunciar el calvario que vivió. Durante un año los acusados estuvieron prófugos, en marzo pasado fueron detenidos y ahora la Justicia los procesó por el delito de trata de personas con diversos agravantes.
La historia de G. es la historia de una menor que muestra que en 2018 hay personas que son compradas como si fueran un objeto adelante de todos, en plena ciudad. Y que tiene su correlato judicial con la detención y ahora el procesamiento de sus responsables, un hombre de 40 años –HC- y una mujer de 38 –LC- , a quienes no se identifica por disposición judicial.
Recientemente el juez federal Santiago Inchausti dictó los procesamientos con prisión preventiva y ambos están acusados por el delito de trata de personas con finalidad de someter a la víctima a una unión de hecho y matrimonio servil, bajo la modalidad de captación y acogimiento, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad, por la participación de tres o más personas, por haberse logrado consumar la explotación y por tratarse de una menor de edad.
La historia se conoció públicamente en marzo cuando la pareja acusada fue detenida por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) en Chubut, tras haber permanecido un año prófuga. Pero empezó a mediados de 2016 con la llegada de G a la ciudad, concretamente al barrio Bosque Alegre, para ser explotada laboral y sexualmente además de ser haber sido víctima de lo que judicialmente se llama reducción a la servidumbre.
Según se desprende de la causa judicial, G. fue recibida en la casa donde permanecería cautiva cuando su madre y padrastro la vendieron a LC y HC por $30 mil más la promesa de completar el valor con una camioneta.
Su familia la trasladó desde su domicilio en La Plata -ubicado en lo que la víctima referenció como los “campamentos gitanos”- y su pasaje fue pagado por HC mientras que los de su madre y padrastro los compraron ellos mismos. Días después, y cuando ya la habían dejado en Mar del Plata, la menor recibió un llamado de su padrastro quien le decía que debía casarse –informalmente- con el hijo de la familia y para ello fue amenazada.
A partir de su llegada, y siempre de acuerdo a lo establecido en la investigación, todos sus movimientos estuvieron controlados, debía ocuparse de las tareas de la casa y atender a cada uno de los integrantes de la familia, mientras era víctima de múltiples maltratos a golpes y psicológicos.
También, la menor fue obligada a mantener relaciones sexuales con el hijo de la pareja y cuando se negaba recibía represalias y golpes. Además, la mandaban a “pedir limosna” en la calle, también bajo vigilancia, y eso fue lo que finalmente le permitió escaparse.
Fue el 24 de febrero de 2017 mientras vendía pañuelos descartables en el centro cuando decidió huir y pedir ayuda.
ORIGEN Y DESARROLLO DE LA CAUSA JUDICIAL
La investigación a cargo de la fiscal federal Laura Mazzaferri se inició el mismo día en que G. decidió escaparse mientras se encontraba en el centro de la ciudad. Aquel 24 de febrero de 2017 alrededor de las 15 dos mujeres se encontraron con G. en la zona de Córdoba y Garay, luego de que huyera.
A ellas les preguntó, angustiada, dónde había una comisaría y les contó que se había escapado de una familia y que tenía miedo de volver con LC, a quien se refirió como su “suegra”, y quien era la madre del joven con quien la habían obligado a casarse informalmente.
En medio de intentar buscar ayuda las mujeres perdieron el rastro de G, pero se presentaron a realizar la denuncia. Mientras tanto, la menor había tomado contacto con otra persona en la vía pública, quien la acercó hasta los Juzgados de Familia y luego fue trasladada a una casa de abrigo, donde semanas después sería encontrada e identificada por la Justicia.
El 25 de febrero de 2017, es decir al día siguiente de la huída, LC se presentó ante la Policía para denunciar la desaparición de una menor, y a partir de fotografía, de datos aportados y de tareas realizadas por la DDI los investigadores determinaron que se trataba de la misma menor.
En ese marco, y antes de conocer que se encontraba en una casa de abrigo a cargo del Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, el 26 de febrero la fiscalía ordenó un allanamiento en la casa de la familia y pese a no encontrarse la menor allí, fueron halladas sus pertenencias.
De esta manera, una vez ubicada e identificada, hacia fines de marzo de 2017 la menor declaró en Cámara Gesell, contó todo su calvario, y a las pocas horas los investigadores ordenaron la detención de LC y HC -a quienes la víctima identificó como “sus suegros”- y de su hijo. Sin embargo, los acusados no fueron encontrados por lo que al día siguiente se dispuso la orden de captura.
Finalmente, y en el marco de la continuidad de la investigación, en marzo pasado, es decir un año después, los investigadores establecieron que los tres prófugos estaban alternando en domicilios ubicados en Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Trelew de la provincia de Chubut, por lo que el Gabinete especializado en Secuestros Extorsivos de la DDI, autorización judicial mediante, partió en su búsqueda y detuvieron en la vía pública a la pareja. El menor, por su parte, se presentó ante la Justicia a las pocas horas.
Tras negarse a declarar y valorados los elementos reunidos, recientemente el juez Santiago Inchausti resolvió procesar con prisión preventiva a la pareja, además de trabarle embargos por $200 mil, y dictó la falta de mérito para el hijo al pedir la realización de un informe psicológico a los fines de determinar la historia de vida del imputado, si presenta antecedentes traumáticos o de violencia de género en su familia y si de su historia de vida “se desprenden indicadores de vulnerabilidad”.
