Piden elevar a juicio una causa contra Eduardo Bruzetta
Se trata del ex director de Inspección General de la Municipalidad durante la gestión de Gustavo Pulti. Se lo acusa de “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “coacción”.
La fiscalía de Delitos Económicos solicitó en las últimas horas a la Justicia de Garantías que sea elevada a juicio una causa contra Eduardo Bruzetta, el extitular de Inspección General durante la gestión de Gustavo Pulti, por incumplimiento de deberes de funcionario público y coacción.
Tras una investigación llevada adelante por fiscales Javier Pizzo y David Bruna solicitaron que el exfuncionario enfrente un juicio tras dar por finalizada la investigación penal preparatoria.
De acuerdo a los elementos que figuran en la causa, los fiscales consideraron tener por acreditado que a principios de mayo de 2014 Bruzetta en su despacho amenazó a una persona con dictar una resolución que perjudicara su posición de permisionario en la venta de pochoclos y garrapiñadas si no renunciaba a la continuidad de un expediente iniciado contra la Municipalidad ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2. La víctima, según lo investigado, no desistió de la acción.
Posteriormente pudo comprobarse que el 16 de septiembre de 2014, ejerciendo su cargo de director general de Inspección General, Bruzzetta ordenó verbalmente proceder a la demolición de un inmueble ubicado en 11 de Septiembre 3507 “omitiendo exteriorizar la voluntad de la administración, toda vez que no formalizó el correspondiente acto administrativo o resolución escrita conforme lo dispuesto por los arts. 104 y cdtes. del decreto 7647/70 y la Ordenanza General 267/80 que contemplan el procedimiento administrativo de la Provincia de Buenos Aires y los Municipios que la integran”, se establece en la causa.
Asimismo en el marco de la decisión asumida, los fiscales sostuvieron que Bruzetta “soslayó sin fundamento alguno el dictamen jurídico emitido por abogados que integran la Procuración del Municipio de General Pueyrredón -pese a que el mismo era quien lo había requerido a fin de saber si estaban dadas las condiciones para demoler el inmueble- mediante el cual aquellos le habían sugerido que previo a disponer la demolición se emitiese a través de la Dirección de Obras Privadas un informe técnico con el objeto de precisar si los riesgos de derrumbe podían ser neutralizados mediante apuntalamiento o directamente era necesaria la demolición, y asimismo, antes de proceder, se precisara el nombre del titular dominial del bien mediante oficio expedido al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia”.
