Violador reincidente: la Fiscalía pidió 18 años de prisión
Es por la imputación de abuso sexual agravado por acceso carnal y por el vínculo. La defensa de Diego Fernández pidió la absolución y desacreditó el relato de la menor. El viernes 16 se conocerá la sentencia.
En la segunda jornada del juicio a Diego Fernández, el hombre de 49 años acusado de abusar durante seis años de su hija de 16, quien nació producto de la violación que él cometió -cuando su madre tenía 13 años– y por la que fue condenado a 17 años de prisión, y tras una primera audiencia cargada de testimonios, las partes dieron a conocer sus alegatos. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal pidió una pena de 18 años, en tanto la defensa solicitó la absolución.
En concreto, y si bien estaba prevista la declaración de al menos un testigo más, se acordó desestimar el último testimonio y pasar directamente a los alegatos. Así, pasadas las 10, el representante del Ministerio Público Fiscal, Marcos Pagella, y el defensor del imputado, Christian Rajuan, expusieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 sus expectativas y planteos, tras la producción de prueba en el debate.
En primer lugar, Pagella se refirió a la valoración de la prueba producida y dijo que, a su entender, la autoría material de Fernández en relación a los abusos quedó probada a través de los testimonios, tanto de la víctima como de sus allegados. A su vez, el fiscal destacó la existencia de un informe médico psicológico, uno social y victimológico y pericias y reparó en el entorno intrafamiliar y los antecedentes de Fernández.
En cuanto a los hechos, señaló que los tocamientos y violaciones se produjeron entre 2009 y 2014 en una vivienda ubicada en el barrio San Jorge, donde la víctima vivía junto a su abuela y su padre, quien además era la pareja de su abuela. La calificación del delito fue encuadrada como un abuso sexual agravado por acceso carnal y por el vínculo y el pedido concreto fue de 18 años de prisión efectiva y la declaración de reincidencia.
Tras relatar el desarrollo de los hechos, según quedó plasmado a través de los testimonios, Pagella ponderó la coincidencia entre las expresiones vertidas por la menor en Cámara Gesell y lo dicho por los testigos. Además, destacó el hecho de que la nena hizo una “imputación directa y concreta” sobre su padre en su declaración y también consideró como dato relevante el hecho de que Fernández llevara a su hija, menor de edad, a una sala de salud para colocarse inyecciones utilizadas como método anticonceptivo durante varios años.
En ese sentido, el fiscal también cuestionó las fallas estatales y la “presencia ausente” de la abuela de la víctima, quien nunca percibió ni notó los abusos en la casa en la que vivía. Cabe mencionar que Nancy Juárez, la abuela, no quiso prestar declaración durante el juicio, al igual que la mamá de la menor, quien fue víctima de violación por parte de Fernández años atrás.
A su vez, Pagella hizo especial hincapié en cómo el Estado no controló lo que sucedía en una vivienda en la que una niña que había nacido producto de una violación convivía con la persona que había violado a su mamá y que, al mismo tiempo, es su padre. Y en esa misma línea, el fiscal retomó algunos de los peritajes y los testimonios que constan en la causa por la que Fernández fue condenado a 17 años de prisión y en la que se mencionó su “desafecto, desapego y características psicópatas”.
“Fernández quería casarse con V. (la mamá de la víctima) y luego quería tener una cama redonda con Nancy y, oportunamente, con la hija de V.”, explicó Pagella, quien tomó los dichos de uno de los testigos en el marco de la investigación previa. Finalmente, el funcionario judicial consideró que no existen ni eximentes ni atenuantes y consideró agravantes la edad de la víctima, la extensión del daño causado y el antecedente condenatorio.
DESACREDITAR EL RELATO Y CUESTIONAR LA PRUEBA
Por su parte, el defensor oficial de Fernández solicitó directamente la absolución de su defendido, al entender que la prueba producida durante el juicio “no supera el grado de duda razonable” que debe existir para dictar una condena. Es que, para Rajuan, los testimonios no cubren con las expectativas respecto a la veracidad de los hechos y la ausencia de prueba física, además de la existencia de informes psicológicos previos sin indicios de abusos, fueron elementos determinantes.
En ese contexto, el abogado cuestionó la “selectividad de la prueba” por parte de la Fiscalía y reparó en que, por ejemplo, en el informe médico legal realizado tras la radicación de la denuncia no hay constancias ni señales de que haya habido abuso ni acceso carnal, pese a que la última relación databa del día anterior.
Además, Rajuan aportó una gran cantidad de informes y jurisprudencia referidos a la veracidad de los relatos en cuanto a abusos sexuales y, como argumento central, utilizó aquellos informes realizados años antes por el Centro de Protección de los Derechos del Niño, evaluaciones en las que los profesionales aseguraban no haber podido detectar “signos de abuso sexual o de vulneración de derechos” en relación a la menor.
En esa misma línea también, el defensor aportó los dichos de la propia madre de la menor, quien aseguró que cuando estuvo con su hija en Capital Federal hace un tiempo le preguntó directamente si era abusada por su padre y ella lo negó. “Ella siempre decía que los iba a denunciar (a Nancy Juárez y a Fernández) porque quería irse a vivir a un hogar”, sostuvo Rajuan, que leyó las palabras que V. dijo tiempo atrás.
De alguna manera, la estrategia de la defensa estuvo abocada a desacreditar la veracidad del relato de la menor y para eso, el abogado mencionó el hecho de que la nena quedó embarazada producto de una relación con otro joven y hoy es mamá. En ese sentido, consideró que no hubo “extensión del daño causado” por la personalidad de la joven y por el hecho de que pudo relacionarse con otros hombres.
Además, el abogado minimizó la gravedad de los delitos de índole sexual al leer una resolución en la que se diferencian aquellos hechos que afectan la vida y a la persona, de los que, por ejemplo, tienen que ver con la integridad sexual. Con todos estos elementos probatorios, y al entender que existe incertidumbre, Rajuan solicitó la absolución de su defendido.
Finalmente, y tal y como había adelantado, el letrado pidió que se declare la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de la reincidencia y dijo que, en caso de que el TOC Nº1 encuentre culpable a Fernández, la pena sugerida no debería exceder los 9 años de prisión.
Tras los alegatos, y luego de que el imputado dijera sus últimas palabras -pidió que “se haga Justicia”- los magistrados informaron que su veredicto y sentencia será dado a conocer el viernes 16 de octubre a las 12.
