Bajo la misma línea discursiva ensayada por el intendente Guillermo Montenegro respecto a la calificación de que “quien toma un terreno es un delincuente”, concejales oficialistas presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación con el objetivo de trasladar la discusión a ese ámbito político de la ciudad y bajo la intención de pedirle formalmente al gobierno nacional y provincial que quite los programas de asistencia social que puedan llegar a percibir personas que formen parte de tomas de terrenos en medio de la crisis habitacional que presenta Mar del Plata.
El oficialismo busca trasladar al Concejo el debate político sobre la toma que se mantiene desde el domingo en terrenos municipales del barrio Las Heras y para ello presentó un proyecto de comunicación con el que busca que el Cuerpo formalmente le solicite al gobierno nacional y provincial que “retiren todo tipo de beneficios sociales, si es que los tuvieran, a aquellas personas que tomen tierras tanto públicas como privadas”.
En concreto, el expediente plantea a modo de pedido que tanto el gobierno nacional como el provincial elaboren un protocolo de actuación “que posibilite proceder en aquellos casos en los que se registren ocupaciones ilegales de tierras (tomas de tierras)“.
Y requiere que allí se contemple “un inmediato accionar policial tendiente a la identificar a las personas que se encuentren desarrollando la ocupación ilegítima” y que “se proceda al entrecruzamiento de datos entre todos los sistemas de ayudas sociales provinciales y nacionales a fin de determinar si las personas que se encuentran en una ocupación ilícita sean beneficiarias de algún tipo de ayuda social administrada por el Estado”. Para ese último caso solicita que se considere disponer el “inmediato retiro de esa ayuda”.
Leer también:
El concejal de Vamos Juntos, Agustín Neme, es uno de los impulsores del expediente y consideró que “tiene que haber sanciones claras para quienes cometen este delito” y calificó como “imprescindible que se les retire de forma automática todo tipo de beneficios sociales, subsidios y planes a aquellas personas y organizaciones sociales que participen de la toma de tierras y propiedades”. Asimismo, acusó al gobierno provincial y nacional de “mirar para el costado frente a esta creciente modalidad delictiva”.
Este miércoles, después de que el intendente Guillermo Montenegro calificara como un “disparate” el fallo judicial que rechazó llevar adelante un desalojo de las 30 familias que desde el domingo mantienen la toma, el gobierno municipal difundió el recurso de apelación presentado ante la Justicia y en él cuestionó al juez por considerar que se esté ante cuestiones de “neto corte social” por sobre jurídicas y hasta puso en duda la “vulnerabilidad social” de las personas que reclaman con la ocupación el acceso a una vivienda digna.
Leer también:
“No obran en la causa elementos que permitan inferir la situación de vulnerabilidad de las personas que intrusaron el predio, partiendo el juez de una presunción infundada e injustificada que perjudica a los intereses de esta parte y que tornan arbitraria la resolución puesta en crisis”, sostuvo un tramo del escrito. Es decir, el gobierno municipal puso en “seria duda” la vulnerabilidad social que atraviesan las familias y lo hizo a pesar de que hasta el momento desde la Secretaría de Desarrollo Social que conduce Vilma Baragiola no brindaron ninguna postura y se desconoce qué gestiones lleva adelante el Municipio desde esa perspectiva. De hecho el intendente afirmó: “Yo no negocio con delincuentes ni voy a aceptar ningún tipo de extorsión”.