Viernes 26 de abril | Mar del Plata
17/12/2014

Es ley el proyecto para sancionar a policías que abandonen sus tareas

A un año del acuartelamiento, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la iniciativa del kirchnerismo que modifica el Código Penal para establecer multas y penas de prisión a cualquier miembro de seguridad que realice un paro.

(Foto: archivo)

La Cámara de Diputados convirtió en ley este martes el proyecto por el cual se modifica el Código Penal para establecer multas y penas de prisión a cualquier miembro de seguridad que realice un paro o abandone sus tareas.

Según informó la agencia Télam, el proyecto fue votado sobre tablas y sin debate previo por 194 votos a favor y 9 en contra, dado el acuerdo existente entre los diferentes bloques para apurar el tratamiento, debido a la alta densidad de iniciativas a tratar en lo que restaba de una maratónica sesión.

La medida, presentada por el senador Aníbal Fernández, reforma el Código Penal para evitar que los policías puedan concretar medidas de fuerza como hicieron el año pasado cuando comenzaron un acuartelamiento.

La norma determina que “será reprimido con multa de entre $750 y $12500, e inhabilitación especial de un mes a un año el funcionario público que sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público”.

A lo largo del proyecto, se fijan penas de prisión para los miembros de las fuerzas de seguridad nacional, agencia estatal armada, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires que “abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que se encuentra obligado”. Esas conductas serán reprimidas con penas de entre uno y tres años, e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.

Se prevén también penas de prisión de hasta ocho años para quienes abandonen sus tareas.

En caso de que por esas acciones hubiera daños a bienes de la fuerza o terceros, lesionados o muertes de miembros de la fuerzas policiales u otras personas “se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años, e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos”.

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17/12/2014