Instan al Concejo a apoyar la liberación de Milagro Sala
Es a través de un nuevo proyecto elevado por el Frente para la Victoria, que además busca que el Estado nacional y el gobierno de Jujuy cumplan con la resolución de la ONU que solicita la inmediata liberación.
El bloque de concejales del Frente para la Victoria presentó este jueves un proyecto de resolución a través del cual busca que el Concejo Deliberante exponga su “preocupación” por la detención de Milagro Sala, la principal referente de la agrupación Tupac Amaru, privada de su libertad desde enero y cuya liberación fue recientemente solicitada por la Organización de las Naciones Unidas.
Días después de la detención de la dirigente jujeña, el FPV ya había solicitado al Concejo Deliberante que expresara su “total repudio, rechazo y preocupación ante la arbitraria detención de la compañera Milagro Sala”.
La autora del pedido fue la concejal Marina Santoro, quien al justificar el proyecto consideró que el gobernador, Gerardo Morales, “ha criminalizado la protesta social, deteniendo de manera totalmente autoritaria a la militante Milagro Sala”.
Desde el Comité local por la liberación de Milagro Sala, que ya reunió más de 5 mil firmas en Mar del Plata en adhesión a este reclamo popular, remarcaron que “la decisión de la ONU es vinculante” y que además “exige un resarcimiento económico” por los meses que la jujuña y otras 11 personas llevan detenidos.
Ahora, la concejal Marina Santoro, titular de la comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante, elevó un nuevo proyecto en este sentido a través del cual instó al resto de los bloques a unificar criterios para que el Cuerpo manifieste su preocupación por la detención de Sala, considerada una presa política. Pero además, busca que el Estado nacional y el Gobierno provincial de Jujuy cumplan con la resolución de la ONU, por la cual se solicita su inmediata liberación.
Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU consideró “arbitraria” la detención de la dirigente social Milagro Sala y solicitó al Estado argentino su inmediata liberación, además de investigar la responsabilidad de las autoridades en la perpetuación de una situación de “vulneración” de sus derechos y garantías jurídicas más elementales.
En ese contexto, señalaron que el análisis de los hechos permitía constatar “graves vulneraciones a su derecho a la defensa jurídica”, como por ejemplo la notificación deficiente de los delitos por los que se la acusaba, la falta de precisión y de claridad de los hechos que se le imputaron; así como del uso indebido de la figura de la orden de detención para privarla de la libertad por varios días.
