La afirmación de que una futura contratación se realizará por licitación, el impulso para la formación de una comisión de control sobre el descarte de los datos biométricos de personas que no sean buscadas por la Justicia y la definición de que un sistema de este tipo puede llegar a detectar un caso “falso negativo” cada 10 mil personas que sean analizadas fueron algunas de las explicaciones que dejó el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, en su paso por el Concejo Deliberante en torno a la implementación de un software de reconocimiento facial a través de las cámaras de monitoreo municipal.

Ferlauto pasó este miércoles por la comisión de Legislación luego de que fuera convocado por pedido opositor tras la incorporación al expediente de distintos informes que habían sido requeridos a las áreas municipales de Seguridad, Legal y Técnica y Hacienda.

En su exposición, el secretario de Seguridad hizo referencia a cuestionamientos contra la implementación de sistemas de este tipo realizados por distintos organismos, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), en función de que “conducen a actos discriminatorios” y que comprometen “derechos fundamentales”. Así, inicialmente definió que “ningún derecho es absoluto, y admite ser reglamentado y eso forma parte de la propia Constitución y de los tratados internacionales”.

En ese sentido, Ferlauto planteó que el sistema persigue “un fin lícito y noble que es proteger la seguridad de los vecinos” y que se trata de una herramienta “razonable, ajustada a derecho y positiva y buena para defender el derecho de los vecinos a vivir seguros”.

En ese marco, y teniendo en cuenta las críticas que registra el sistema no solamente a nivel local sino también internacional, el funcionario reparó en que el gobierno busca a través del proyecto de ordenanza brindar dos garantías: una de ellas es que “la información biométrica que detecte el sistema y que no sirva para la identificación de una persona buscada debe ser descartada inmediatamente, y no puede ser almacenada ni guardada por la Municipalidad”.

Y la otra es el impulso para que se forme una comisión de control “para garantizar el descarte de esa información”. Así, señaló que la propuesta de la Secretaría de Seguridad a incorporar en el expediente sería que esté conformada por representantes del Ejecutivo, del Concejo y de la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos.

Tal como había deslizado el oficialismo en la última reunión de la comisión, Ferlauto ratificó que la forma de contratación será por medio de una licitación. “Nunca se propuso por hacerlo por contratación directa”, defendió aunque se trata de una posibilidad al estar vigente la emergencia en seguridad declarada por el Concejo.

Ese fue un punto de disputa durante la reunión ya que desde la oposición cuestionaron nuevamente no estar discutiendo un pliego licitatorio sino un proyecto de ordenanza que “encomienda” al gobierno a adquirir el software para implementar el sistema. Esa discusión seguirá, sin dudas, en las próximas reuniones. “Con este proyecto se pide un debate sobre la herramienta, después de eso vendrán los procesos de contratación, los convenios”, defendió el funcionario.

Por lo pronto, Ferlauto aportó como dato en cuanto a un posible costo que el dispositivo utilizado en una ciudad como Tandil se encuentra entre los $800 y $900 mil mensuales.

Otro de los cuestionamientos abordados por el funcionario fue la existencia de algunas ciudades del mundo en las que se ha prohibido el sistema. “Es cierto que hay ciudades que han dejado de usar el sistema y que hay ciudades que lo han prohibido, pero también es cierto que la enorme mayoría no lo ha prohibido, incluso en Argentina”, respondió.

Y sobre planteos que dan cuenta de posibles actos discriminatorios en la implementación del sistema, el funcionario contestó: “Será discriminatorio para los delincuentes que va a ser detectados, no me parece que genere ningún tipo de discriminación”. También reparó en que “todas políticas de seguridad pueden ser bien o mal utilizadas y para aquellos que las utilizan mal se prevén sanciones administrativas y penales”.

EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Ferlauto estuvo acompañado por el subsecretario de Tecnología e Innovación, Sergio Andueza, y ambos también brindaron algunas explicaciones en relación al funcionamiento en sí mismo de la tecnología a contratar. Así, definieron por ejemplo que no se aplica en todas cámaras en tiempo real al mismo tiempo sino que serían entre 20 y 50 las posibilidades simultáneas.

También definieron que cuando el sistema capta a una persona y esa persona no está siendo buscada por la Justicia “el sistema no arroja la identidad de la persona, nunca se sabe quién es” por lo que se obtienen datos “que se eliminan o se descartan automáticamente”. “No hay posibilidad de que con este sistema se haga un seguimiento de una persona y que se sepa quién es. No se registra la identidad de la persona excepto que haga match”, graficó Ferlauto en relación a la posible detección de personas buscadas por la Justicia.

En cuanto a la precisión del sistema y de posibles “falsos positivos”, es decir la efectividad del algoritmo a implementar, los funcionarios afirmaron -sin mencionar la fuente de información- que existe un 0,001% de “falsos positivo”: “De 10 mil personas que pasen por debajo de las cámaras podríamos llegar a encontrar una persona que aparezca como buscada pero no lo está siendo”.

A su vez, definieron que el sistema presenta un porcentaje de efectividad: 97%: “Si una persona pasa 100 veces por debajo de una cámara y esa persona está siendo buscada, en 97 veces va a dar positiva con la posibilidad de que solo 3 veces no sea detectada”.

Finalmente, los funcionarios destacaron que la implementación se producirá siempre “a través de una orden judicial” que respalde la búsqueda de personas y que para su ejecución se deben designar a personas administradoras del sistema, que actuarán “en un lugar totalmente cerrado con cámaras internas para saber quién está usándolo”.