Reconocimiento facial: con el secretario de Seguridad, el Concejo retoma el debate
Este miércoles en la comisión de Legislación, Martín Ferlauto responderá preguntas con respecto al sistema, ante el pedido de la oposición.
A casi cuatro meses de iniciado el tratamiento del expediente impulsado por el gobierno municipal, el Concejo Deliberante retomará esta semana el debate por la implementación de un sistema de reconocimiento facial y detección de objetos y “comportamientos dinámicos” a través de las cámaras de monitoreo y lo hará con la presencia del secretario de Seguridad, Martín Ferlauto. Mientras tanto, se esperan definiciones ante la posibilidad deslizada por el oficialismo de llevar adelante la futura contratación a través de una licitación y no de manera directa.
Luego de que hace dos semanas, tras la llegada de tres informes que habían sido requeridos a las áreas municipales de Seguridad, Legal y Técnica y Hacienda la comisión de Legislación retomara el debate del expediente impulsado por el gobierno de Guillermo Montenegro, este miércoles la discusión volverá a tomar impulso con la visita del secretario de Seguridad, tal como lo pidieron en la reunión pasada los bloques opositores.
La reunión de la comisión fue programada para el miércoles a las 12.30 y contará con la presencia de distintos funcionarios de la Secretaría de Seguridad, según se adelantó en el orden del día del Cuerpo.
En el marco de la comisión también se esperan mayores definiciones por parte del oficialismo luego de que tras las críticas opositoras en la reunión pasada se dejara abierta la posibilidad para llevar adelante un proceso de licitación pública para la futura contratación de la empresa a cargo de la provisión del software y no de manera directa como se lo permitiría, en caso de avanzar este expediente, la vigencia de la emergencia en seguridad aprobada el año pasado.
En ese sentido, y tras esa posibilidad abierta, desde la oposición reclamaron la elevación de un pliego de bases y condiciones.
El proyecto de ordenanza del gobierno de Guillermo Montenegro autoriza y encomienda al Ejecutivo a “adquirir una solución de software tecnológica para el establecimiento de un sistema de reconocimiento facial aplicable para la detección de prófugos de la justicia y que también permita la detección de distintos objetos y/o comportamientos dinámicos, los cuales tomen como fuente de información el sistema de cámaras de video vigilancia urbana para espacios públicos o bien segmentos de video captados por cámaras privadas”.
EL FRENO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
El expediente comenzó a tratarse en abril casi en paralelo al freno impuesto por el Poder Judicial a un sistema de las mismas características en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ante la sospecha de un uso ilegal de los datos biométricos de las personas analizadas a través del reconocimiento.
En ese sentido, en las últimas semanas el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la recusación planteada por el gobierno porteño contra el juez Roberto Gallardo -que dictó la medida- y lo apartó de la causa.
Según informó la agencia oficial Télam, en un fallo alcanzado por mayoría el máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires también hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por la administración porteña contra la resolución con la que el juez Gallardo había ordenado suspender el uso del sistema de reconocimiento facial.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), impulsores de la causa junto al Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA), apuntaron que la decisión se produjo días después de que se conocieran resultados de un peritaje clave con el que el juez había quedado en condiciones de dictar sentencia. “Hasta ahora la investigación judicial ha mostrado que el sistema de reconocimiento facial de la ciudad de Buenos Aires se gestiona por fuera de la norma que lo regula y con más que débiles mecanismos de control“, afirmaron.
Con la discusión abierta en Mar del Plata, el sistema ha recibido cuestionamientos de entidades internacionales como Amnistía Internacional y otras locales como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) que coinciden en rechazar su implementación al plantear que “conduce a actos discriminatorios” y que se comprometen “derechos fundamentales” de la ciudadanía.
