El oficialismo aprobó su proyecto para licitar un sistema de reconocimiento facial
El intendente quedó en condiciones de avanzar con la contratación del software. Descartaron, por el momento, la creación de un “comité de ética” para su control.
Tal como se esperaba, la presentación por parte de la oposición de un nuevo despacho con agregados al original impulsado por el gobierno municipal terminó por beneficiar al oficialismo ya este jueves logró aprobar por mayoría en el Concejo Deliberante su proyecto de ordenanza que habilita al Ejecutivo a la contratación de un sistema de reconocimiento facial para la detección de personas prófugas y objetos a través de las cámaras de monitoreo. Por el momento se descartó, entre otros puntos, la creación de un “comité de ética” para su control.
A la sesión del Concejo de este jueves llegaron dos despachos en torno al expediente que “encomienda” al gobierno de Guillermo Montenegro adquirir, mediante licitación pública, un software para el establecimiento de un sistema de reconocimiento facial para la detección de personas prófugas u otras personas buscadas por la Justicia y de “detección de distintos objetos y/o comportamientos dinámicos”.
Es que luego de que en el debate en comisiones el oficialismo presentara cambios en el articulado del expediente original como que se garantice que la contratación de la empresa que proveerá el software se realice a través de una licitación pública y no de manera directa, ni a Acción Marplatense ni al Frente de Todos terminaron por convencerles las modificaciones e impulsaron de manera conjunta un nuevo despacho.
Sin embargo, aprobado ese despacho de la oposición por mayoría en las comisiones de Legislación y Hacienda, el oficialismo se garantizó también el avance de su proyecto en condición de minoría y los votos que no consiguió en las comisiones -por sus conformaciones- sí los alcanzó en la sesión a partir del acompañamiento del concejal Nicolás Lauría, que se transformó nuevamente en un aliado del gobierno tras una postura opositora que mantuvo algunos meses tras su salida del oficialismo.
De esta manera, el despacho impulsado por el oficialismo fue aprobado con los doce votos positivos del interbloque de Juntos por el Cambio y el concejal Lauría (más el doble de la presidenta Marina Sánchez Herrero) y con los doce negativos del Frente de Todos, Acción Marplatense y el concejal Alejandro Carrancio.
¿Cuáles eran las diferencias entre el despacho del oficialismo y el de la oposición? Básicamente el opositor encomendaba la confección de un pliego de bases y condiciones para licitar la contratación del sistema de reconocimiento facial, tal como también lo dispone el oficialista ahora aprobado, pero en cambio también disponía que volviera a pasar por el Concejo una vez redactado para su aprobación, algo que fue rechazado por el oficialismo.
Por su parte, el despacho de la oposición también preveía un período de prueba de seis meses e incluía la creación de un “comité de ética” con numerosos integrantes como representantes de universidades, de la Justicia, del Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (Inadi) y un concejal por cada bloque con el objetivo de corroborar una instrumentación que garantice “prevención sin discriminación”. Es que uno de los cuestionamientos surgidos en torno a los sistemas de este tipo se centra en criterios discriminatorios aplicados desde los algoritmos.
El proyecto de ordenanza aprobado por el oficialismo y Lauría delimita que el pliego debe contemplar “el tipo de información a recabar, protocolos y responsables del manejo y/o descarte de dicha información, medidas de seguridad y fiabilidad del sistema, especialmente respecto a la información biométrica de personas en caso de no ser identificadas y/o no coincidir con ningún parámetro de búsqueda; y precio de la referencia estimada para la adquisición y mantenimiento del sistema, plazos de facturación, pago y mecanismo de redeterminación de precios”.
Finalmente, otro artículo establece que “toda información no relevante para las funciones del sistema deberá ser inmediatamente descartada, incluyendo la información biométrica de personas en caso de no ser identificadas”.
EL DEBATE
A lo largo del debate en comisiones, el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, y la Subsecretaría de Legal y Técnica habían propiciado la formación de una comisión de control sobre el descarte de los datos biométricos, que no fue incorporada finalmente en el despacho aprobado por el Concejo. De todas maneras, el concejal radical Daniel Nuñez dijo “no estar cerrado” a ese debate y planteó la posibilidad de dar la discusión de manera separada una vez que se avance con el proceso licitatorio.
En cuanto a su funcionamiento, desde la Secretaría de Seguridad respondieron a lo largo del debate que el sistema no se aplica en todas cámaras en tiempo real de manera simultánea sino que serían entre 20 y 50 esas posibilidades. Y sobre la precisión del algoritmo a implementar y de posibles “falsos positivos”, afirmaron -sin mencionar la fuente de información- que existe un 0,001% de “falsos positivo”: “De 10 mil personas que pasen por debajo de las cámaras podríamos llegar a encontrar una persona que aparezca como buscada pero no lo está siendo”.
A su vez, definieron que el sistema presenta un porcentaje de efectividad del 97%: “Si una persona pasa 100 veces por debajo de una cámara y esa persona está siendo buscada, en 97 veces va a dar positiva con la posibilidad de que solo 3 veces no sea detectada”.
Como parte del debate, desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) mostraron su rechazo a la implementación de sistemas de este tipo al plantear que “conducen a actos discriminatorios” y que se comprometen “derechos fundamentales” de la ciudadanía. Es que sostuvieron que diversos investigadores “han reportado que los algoritmos de reconocimiento facial identifican incorrectamente a personas de piel oscura, jóvenes y mujeres con mayor frecuencia que a personas de piel clara, de mayor edad y hombres, respectivamente” y señalaron que ello “refuerza la circulación de estereotipos y prejuicios y conduce a actos discriminatorios concretos”.
El expediente comenzó a tratarse en abril en el Concejo casi en paralelo al freno impuesto por el Poder Judicial a un sistema de las mismas características en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ante la sospecha de un uso ilegal de los datos biométricos de las personas analizadas a través del reconocimiento.
En ese sentido, semanas atrás el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la recusación planteada por el gobierno porteño contra el juez Roberto Gallardo -que dictó la medida- y lo apartó de la causa. Según informó la agencia oficial Télam, en un fallo alcanzado por mayoría el máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires también hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por la administración porteña contra la resolución con la que el juez Gallardo había ordenado suspender el uso del sistema.
