Con cambios en el proyecto, sigue el debate por el sistema de reconocimiento facial
El oficialismo introdujo modificaciones en busca de alcanzar los votos. La discusión se retomará este lunes en la comisión de Legislación.
Con el objetivo de intentar conseguir algún apoyo opositor que le permita alcanzar los votos para hacer avanzar el proyecto, el oficialismo presentó una serie de cambios al expediente por medio del cual el gobierno municipal busca implementar un software de reconocimiento facial a través de las cámaras de monitoreo, como estipular que la contratación sea mediante una licitación pública. Este lunes se retomará el debate en el Concejo Deliberante.
A ocho meses de elevado el expediente al Concejo, el oficialismo sabe a partir de la cantidad de votos que en la comisión de Legislación deberá contar con el apoyo de Acción Marplatense o del Frente de Todos para lograr que el proyecto de ordenanza avance. Y en ese marco, y tras una postura crítica expuesta por los dos bloques, en la última reunión de la comisión fueron presentados cambios en el articulado del expediente como que se garantice que la contratación de la empresa que proveerá el software se realice a través de una licitación pública y no de manera directa.
Es que ese fue uno de los aspectos -entre varios otros que hacen al sistema en sí- cuestionado por los bloques opositores hasta el momento al plantear que el gobierno debería haber enviado al Concejo originalmente un pliego de bases y condiciones para llamar a licitación y no un proyecto que le “encomiende” implementar un sistema de este tipo sobre el sistema de cámaras de monitoreo de Mar del Plata.
Así, el nuevo articulado impulsado por el oficialismo dispone la creación en primer lugar de un “programa reconocimiento facial como complemento del sistema de videovigilancia urbana” y lo describe como “el uso de sistemas analíticos y algoritmos aplicados a las cámaras de videovigilancia que permitan la identificación de personas, objetos y/o comportamientos dinámicos cargados al mismo”.
Entre los objetivos que describe aparecen “fortalecer los sistemas de seguridad comunitaria; promover la utilización pacífica de las vías y espacios públicos; garantizar más y mejores escenarios para la convivencia ciudadana; generar mecanismos de prevención y disuasión de situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes; contribuir a la instrucción, coordinación y colaboración en la investigación de contravenciones y delitos; y aprovechar la capacidad de detección de movimiento para identificar personas prófugas de la justicia, con búsqueda de paradero, así como también la detección de distintos objetos y/o comportamientos dinámicos”.
Tras ello, el proyecto de ordenanza dispone encomendar al gobierno la adquisición “mediante licitación pública” de “una solución de software tecnológica necesaria para el establecimiento de un sistema de reconocimiento facial”.
Y prevé algunos puntos que deberá contener el pliego de bases y condiciones para la licitación como “el tipo de información a recabar, protocolos y responsables del manejo y/o descarte de dicha información, medidas de seguridad y fiabilidad del sistema, especialmente respecto a la información biométrica de personas en caso de no ser identificadas y/o no coincidir con ningún parámetro de búsqueda”.
A ello se suma un “precio de referencia estimado para la adquisición y mantenimiento del sistema, plazos de facturación, pago y mecanismo de redeterminación de precios”.
Finalmente, el nuevo expediente establece, tal como lo hacía el anterior, que “toda información no relevante para las funciones del sistema deberá ser inmediatamente descartada, incluyendo la información biométrica de personas en caso de no ser identificadas”.
Hace dos semanas el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, pasó por el Concejo para exponer y responder consultas respecto al sistema y afirmó que la futura contratación se realizaría por licitación, que se prevé formar una comisión de control sobre el descarte de los datos biométricos de personas que no sean buscadas por la Justicia -aunque no fue incorporado en el nuevo proyecto- y que un sistema de este tipo puede llegar a detectar un caso “falso negativo” cada 10 mil personas que sean analizadas.
Asimismo aportó como dato en cuanto a un posible costo que el dispositivo utilizado en una ciudad como Tandil se encuentra entre los $800 y $900 mil mensuales.
El expediente comenzó a tratarse en abril casi en paralelo al freno impuesto por el Poder Judicial a un sistema de las mismas características en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ante la sospecha de un uso ilegal de los datos biométricos de las personas analizadas a través del reconocimiento.
Con la discusión abierta en Mar del Plata, el sistema a partir de su implementación internacional ha recibido cuestionamientos de entidades y organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) al plantear que “conduce a actos discriminatorios” y que se comprometen “derechos fundamentales” de la ciudadanía.
