Reconocimiento facial: Legal y Técnica plantea crear organismos de control
El área municipal consideró “razonable” implementar el sistema pero reconoció que existen planteos judiciales que argumentan posibles resultados “discriminatorios e injustos”.
El debate para autorizar al gobierno municipal a avanzar con la implementación de un sistema de reconocimiento facial y detección de objetos y “comportamientos dinámicos” a través de las cámaras de monitoreo se retomará este lunes en el Concejo Deliberante en la comisión de Legislación y en la previa se oficializó el ingreso de un informe de la Subsecretaría Legal y Técnica municipal que considera “razonable” instrumentar un sistema de este tipo, aunque recomienda que se deben crear organismos de control interno para la protección de los datos. También reconoce que existen planteos judiciales que argumentan posibles resultados “discriminatorios e injustos”.
Después de elevado el informe que había sido requerido a la Secretaría de Seguridad, a cargo de Martín Ferlauto, en el que el funcionario aseguró que la tecnología apuntada “se ajusta a derecho”, frente a las críticas que señalan lo contrario, este jueves se incorporó al expediente un informe firmado por el subsecretario Legal, Técnico y Administrativo, Mauro Martinelli.
En él, el funcionario concluye que “resulta razonable” su implementación “a los efectos de proteger el derecho a la seguridad del que deben gozar todos los vecinos” aunque repara en que se debe tener en cuenta “la obligación de desechar toda la información no coincidente“.
En ese sentido, señala que desde el punto de vista jurídico “la implementación de un sistema tecnológico de reconocimiento facial debe ser regulado de manera tal que se garantice la protección de los derechos de privacidad y/o intimidad de los individuos”.
Puntualmente, el informe oficial hace referencia al “principio de razonabilidad constitucional” por el cual remarca que “si bien la norma que se imponga afectaría en mayor o menor medida algún derecho, el punto es que el fin que se persiga por la misma sea licito, razonable e idóneo para lograr el bien superior que se persigue, que en este caso es garantizar la seguridad de los ciudadanos”.
Martinelli reconoce en el escrito que la captura de los datos biométricos de una persona a través de las cámaras de vigilancia urbana efectuada sin su consentimiento “ha dado lugar a planteos judiciales tanto en el país como en el exterior, considerándose que puede traer resultados negativos, discriminatorios, perjudiciales e injustos” y reseña que esos planteos cuestionan “cuál es la utilización que le dará el Estado a esos datos que recaba”.
De todas maneras, rápidamente destaca que “el sistema se usa desde hace años en muchos países” y que también se implementa en algunos municipios del país. Y remarca que es necesario “lograr el equilibro del uso de esta tecnología” ya que considera que “es útil para la seguridad de ciudadanía” y sostiene que debe ejecutarse “con el respeto de los derechos de privacidad individuales”.
En este contexto, el funcionario señala que es “necesario” que en la contratación que vaya a concretar en un futuro el gobierno municipal “se tenga en cuenta la creación o puesta en marcha de organismos de control interno que aseguren circunscribir el uso de los datos biométricos obtenidos para la investigación de delitos, y consecuentemente, la eliminación automática de aquellos cuando no exista coincidencia con los que existan en la base de datos a utilizar”.
Asimismo, indica que esos organismos que propone crear “deberán poder brindar información técnica sobre el funcionamiento del sistema en casos de requerimientos de orden judicial y/o de organismos de participación ciudadana”.
También estipula que los datos que se obtengan de las imágenes “deben ser conservados de una manera que permita identificar a la persona dueña de esos datos, por un tiempo no mayor al necesario para cumplir la finalidad del registro, y tomar medidas para proteger los datos contra el acceso, modificación o difusión no autorizados, entre otras previsiones”.
El proyecto de ordenanza del gobierno de Guillermo Montenegro para incorporar el sistema de reconocimiento facial comenzó a tratarse casi en paralelo al freno impuesto por el Poder Judicial al sistema en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ante la sospecha de un uso ilegal de los datos biométricos de las personas analizadas a través del reconocimiento.
El primer avance del proyecto se produjo hace algunos meses en la comisión de Seguridad y para el próximo lunes fue incorporado al orden del día de la comisión de Legislación, la segunda por la que deberá pasar para luego llegar a la de Hacienda y posteriormente -siempre en caso de avanzar a partir de los votos positivos- al recinto de sesiones.
El sistema ha recibido cuestionamientos de entidades internacionales como Amnistía Internacional y otras locales como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) que coinciden en rechazar su implementación al plantear que “conduce a actos discriminatorios” y que se comprometen “derechos fundamentales” de la ciudadanía.
