Reconocimiento facial: la oposición impulsa una jornada de trabajo con múltiples actores
El pedido del Frente de Todos en el Concejo se produce en medio de los cruces por la intención del gobierno de implementar el sistema en Mar del Plata.
En medio de la polémica desatada en torno al proyecto del gobierno municipal para instalar en Mar del Plata un sistema de reconocimiento facial a través de las cámaras de seguridad, teniendo en cuenta el freno a su utilización impuesto por la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires, el bloque opositor del Frente de Todos busca que, en el marco del tratamiento del expediente, se convoque desde el Concejo Deliberante a múltiples actores a exponer su postura sobre la temática en una jornada de trabajo.
El proyecto de decreto fue elevado en las últimas horas por el concejal Vito Amalfitano (Frente de Todos) casi en simultáneo con la ratificación realizada por el intendente Guillermo Montenegro de que, pese a los cuestionamientos, intentará avanzar con la iniciativa que supone la implementación de un sistema de reconocimiento facial para la “detección de prófugos buscados por la Justicia” en la calle y también la “identificación de patrones predefinidos orientados a prevenir acciones relacionadas con un posible hecho delictivo”.
La propuesta de convocar a una jornada de trabajo -que ahora deberá debatir el Concejo- propone la convocatoria para que den a conocer su postura representantes del Concejo Deliberante y del gobierno municipal -concretamente de la Secretaría de Seguridad y de la Subsecretaría de Derechos Humanos- e integrantes de la Defensoría del Pueblo además organizaciones vinculadas a los derechos humanos y civiles, a la sociedad de la información y a derechos digitales.
El primer tratamiento del expediente impulsado por el gobierno se produjo en la comisión de Seguridad, y ahora tiene pendiente su paso por otra dos: Legislación y Hacienda. Para eso se esperan respuestas a pedidos de informes elevados a las áreas municipales de Seguridad, Legal y Técnica y Hacienda para conocer quién va a recibir y retener la información (el Centro de Monitoreo o una empresa privada), si estarán protegidos los derechos humanos y la privacidad, cuál es la empresa de software que se utilizará y a qué se refiere el expediente con la detección de “comportamiento dinámico”.
Entre los argumentos para convocar a una jornada de trabajo, desde el Frente de Todos sostienen que la información brindada por el gobierno a la hora de presentar la iniciativa es “insuficiente para un proyecto de tal envergadura” y remarca que “no brinda información sustanciosa sobre la implementación de este sistema”.
Y, concretamente, cuestiona: “El proyecto no esclarece, por ejemplo, qué empresa se contrataría, cuáles serían los costos de contratación y operatividad, o si los datos recabados de hombres, mujeres, niños y niñas de nuestra ciudad serán administrados por un privado o si lo hará el Municipio”. También afirma que el expediente “no especifica quiénes tendrán acceso a la base de datos generada a partir del software a implementar” ni “cómo se protegerá la seguridad informática para que los datos no sean robados o exportados a terceros”.
El proyecto de ordenanza del gobierno de Montenegro para incorporar el sistema de reconocimiento facial comenzó a tratarse casi en paralelo al freno impuesto por el Poder Judicial al sistema en Capital Federal ante la sospecha de un uso ilegal de los datos biométricos de las personas analizadas a través del reconocimiento.
Por fuera de esa situación, entidades internacionales como Amnistía Internacional -porque el sistema se usa pero también está en discusión en otros países- y otras locales como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) coincidieron en rechazar su implementación al plantear que “conduce a actos discriminatorios” y que se comprometen “derechos fundamentales” de la ciudadanía.
