Reconocimiento facial: freno judicial y declaración de inconstitucionalidad en CABA
Se trata de un sistema similar al que busca implementar en Mar del Plata el gobierno municipal.
A dos semanas de aprobada en el Concejo Deliberante de Mar del Plata la ordenanza que habilita al gobierno de Guillermo Montenegro a la contratación vía licitación de un software para el desarrollo de un sistema de reconocimiento facial para la detección de personas prófugas y objetos a través de las cámaras de monitoreo, la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) volvió a ponerle un freno al sistema que funciona en esa jurisdicción y declaró la inconstitucionalidad de uno de los artículos de la norma que lo regula al plantear que se implementó “sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes”.
La situación judicial en torno al sistema de reconocimiento facial que ya se implementó en la Ciudad de Buenos Aires fue uno de los temas que sobrevoló el debate que se dio en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, tanto por parte de la oposición que lo tomó de ejemplo para señalar las implicancias y consecuencias legales que podría generar avanzar en un mismo sentido y por parte del oficialismo que intentó minimizar esa situación al plantear que no existían tales conflictos legales.
Lo cierto es que la acción judicial siguió tramitándose en la Justicia porteña luego de que en abril el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo suspendiera el funcionamiento del sistema al plantear un posible uso ilegal con fines no autorizados como la obtención de datos biométricos de personas -y personalidades entre ellas políticos, dirigentes y referentes de diversos ámbitos- que no contaban con requerimiento judicial.
Es que luego de que el Tribunal Superior de Justicia hiciera lugar a la recusación planteada por el gobierno porteño contra el juez, la causa quedó a cargo de una nueva magistrada, Elena Amanda Liberatori, quien este miércoles tomó la nueva resolución en la causa iniciada a principios de 2020 por varias entidades, entre ellas el Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Puntualmente, en la resolución la jueza porteña hizo lugar al amparo y declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la resolución del gobierno porteño que puso en marcha el sistema al plantear que “se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes”.
De esa manera, declaró “la nulidad de todo lo actuado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires” en el marco del sistema y dejó “supeditada” su puesta en funcionamiento “a la constitución y debido funcionamiento de los órganos de control (comisión especial de seguimiento de los sistemas de video vigilancia en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires)”.
Entre los elementos incorporados en la causa se tuvo en cuenta un informe pericial calificado como “contundente” por la jueza que dio cuenta que “existen personas que no deberían encontrarse dentro en la base de datos del sistema para que de forma posterior no sean localizados. Estos registros
deberían haberse eliminado para que no sean detectados por el sistema dando lugar a detenciones arbitrarias por falsos positivos“.
Conocida la decisión, desde el CELS señalaron que la decisión de la jueza se fundamentó en la no constitución de la comisión especial en la legislatura, la falta de informes por parte de la Defensoría del Pueblo, la inexistencia de un estudio de impacto sobre los derechos de los ciudadanos previa implementación del sistema, en fallas en las bases de datos y en la “exclusión de la participación ciudadana”.
Y ratificaron que “a raíz de esta falta de control, el sistema se usó de manera ilegal para buscar a más de 15 mil personas que no estaban en la lista de prófugos de la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc)” por lo que apuntaron que la falta de controles “posibilita que se afecte el derecho a la privacidad y habilita el uso ilegal de los datos personales y las detenciones arbitrarias, entre otras cuestiones”.
EL SISTEMA EN MAR DEL PLATA
La semana pasada, a las pocas horas de que el oficialismo aprobara en el Concejo Deliberante su proyecto de ordenanza para que el gobierno municipal contrate mediante una licitación el software, desde Acción Marplatense elevaron un nuevo expediente para insistir con varios puntos a implementar como la creación de un “comité de ética” y la elaboración y formalización de un protocolo de administración de las bases de datos e información personal.
El proyecto de comunicación busca pedirle al gobierno municipal que se garanticen distintos puntos a la hora de impulsar la licitación pública para la puesta en marcha del sistema, teniendo en cuenta que en la ordenanza aprobada en la sesión no se requirió que el pliego pase por el Concejo, como reclamaba la oposición en su conjunto.
Entre esos puntos pedidos aparecen la “generación de los convenios imprescindibles para la provisión de bases de datos oficiales por parte de las diferentes jurisdicciones policiales y de administración de justicia que otorguen al software referido auténtica utilidad práctica en el estricto marco del ordenamiento jurídico vigente” y la elaboración y formalización de un “protocolo integral de administración de las bases de datos e información personal de las personas”.
También plantea que se lleve a cabo un período de prueba inicial de seis meses y le solicita al gobierno que convoque a un “comité de ética” del que formen parte diversos actores con el objetivo de llevar adelante una instrumentación del sistema “que garantice la prevención sin discriminación y los valores de la seguridad democrática”.
A lo largo del debate en comisiones, el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, y la Subsecretaría de Legal y Técnica habían propiciado la formación de una comisión de control sobre el descarte de los datos biométricos, que no fue incorporada finalmente en el proyecto aprobado por el Concejo. De todas maneras, el concejal radical Daniel Nuñez dijo en la última sesión “no estar cerrado” a ese debate y planteó la posibilidad de dar la discusión de manera separada una vez que se avanzara con el expediente que ya fue convertido en ordenanza.
Como parte del debate en Mar del Plata, desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) mostraron su rechazo a la implementación de sistemas de este tipo al plantear que “conducen a actos discriminatorios” y que se comprometen “derechos fundamentales” de la ciudadanía. Es que sostuvieron que diversos investigadores “han reportado que los algoritmos de reconocimiento facial identifican incorrectamente a personas de piel oscura, jóvenes y mujeres con mayor frecuencia que a personas de piel clara, de mayor edad y hombres, respectivamente” y señalaron que ello “refuerza la circulación de estereotipos y prejuicios y conduce a actos discriminatorios concretos”.
