Centenario: conflictividad social y condiciones que no dan más
Vecinos del complejo habitacional reclaman soluciones ante los problemas que los afectan hace años. Grietas en construcciones, servicios que colapsan, locales usurpados e inseguridad forman parte de una realidad histórica.
En el barrio Centenario, ese complejo habitacional construido por el Instituto Provincial de la Vivienda (Iprovi) en la década del ‘80, ya no extraña ver grietas en las construcciones, hierros corroídos, servicios colapsados y locales usurpados. Tampoco nadie parece dudar de la necesidad de que Prefectura esté allí presente como hace unos meses porque el delito y los conflictos se volvieron moneda corriente. Entonces, en el medio, vecinos que piden soluciones y respuestas a problemas históricos.
Laura Ibarra y Néstor Arias son los titulares de los consorcios A y C del complejo comprendido entre las calles Alvarado, Matheu, Chile y Bronzini que se estima tiene unas 1600 casas. Se “estima” porque el crecimiento en los últimos años no se detuvo. Ibarra cuenta que su consorcio originalmente tenía 576 casas pero hoy son unas 700.
Como todo barrio, el Centenario tiene líderes. Las autoridades de los tres consorcios no coinciden en formas y acciones, pero eso no obstaculiza poder observar que los problemas son comunes y que las respuestas no llegan.
“Estado edilicio calamitoso”. Así describió Ibarra el estado del complejo en una nota presentada semanas atrás ante el Concejo Deliberante y por su intermedio al gobierno municipal.
“Grietas e hierros corroídos sobre la escalera Sector 11 edificio 8 Letra O surgiendo claro el peligro grave e inminente de producir daños no solo materiales sino a las personas que allí habitan”, se lee en una parte de la nota en la que se pide la “urgente intervención”. La descripción de ese sector es considerada como prácticamente un denominador común de los problemas de infraestructura que se encuentran en distintos puntos del complejo.
“Hay escaleras que se van a caer, ya hubo desprendimientos de material, esto puede terminar en un desastre”, advierte Ibarra y cuestiona que “nadie pasa a ver en qué condiciones está el barrio”.
La construcción del complejo tuvo fallas desde su realización y en 1997 comenzó la tramitación de una causa judicial que derivó en una medida cautelar por la que se le aplicó al Gobierno bonaerense una multa diaria.
La presentación judicial y los fondos depositados para la ejecución de obras provocan divisiones entre los titulares de los consorcios ya que Ibarra y Arias dicen que “nunca se cumplieron los arreglos” y que “se estaban haciendo mal”. La causa fue encabezada por la abogada Liliana Castañeira, en representación de vecinos del consorcio B.
Lo cierto, más allá de las consideraciones y enfrentamientos, es que la Justicia le hizo pagar al gobierno provincial por obras mal hechas. Un ejemplo de cómo el Estado, en lugar de aportar, resta.
LAS DEUDAS Y LOS SERVICIOS
Las expensas en el consorcio C van de los $100 a los $140. Laura Ibarra, su titular, dice que “la mitad de la gente no paga, nunca pagó y las deudas se acumulan”. “Todo el mundo piensa que acá todo es gratis”, reafirma.
Como ejemplo pone una importante pila de boletas de Obras Sanitarias que registran deudas, a pesar de contar con el beneficio de la tarifa social. Otra montaña de papeles que muestra tiene que ver con deudas en el pago de las viviendas. “El Instituto de la Vivienda acostumbró mal a la gente. Durante 30 años no se les cobró, no se las intimó y hoy las deudas se acumulan”, puntualiza.
Entonces dice que el mantenimiento mínimo del barrio se hace “muy difícil”. Y a ese muy difícil le suma el día a día. Es que denuncia que un conjunto de locales ubicados sobre la calle México fueron usurpados por diferentes familias y allí se establecieron 27 casas, que incluso hasta fueron vendidas a través de revistas.
“Nadie hizo nada para evitar que eso pase y ahora están enganchados clandestinamente a los servicios, entonces hacen colapsar las instalaciones y los perjudicados cada tanto son muchos más”, se queja la mujer y apunta: “El Instituto de la Vivienda dice que el 80% de las viviendas están escrituradas pero eso es mentira. La gente vendió casas que no eran de ellos”.
EL PULSO SOCIAL
Prefectura llegó hace unos meses y se instaló en el barrio Centenario. El objetivo fue entrar en un barrio en el que la conflictividad social está latente.
“Descomposición familiar, eso es lo que se ve acá si uno busca las causas de ver a chicos peleándose, robando o consumiendo alcohol o droga a cualquier hora”, analiza Ibarra y dice que “los chicos necesitan ayuda”.
“Hay chicos que no saben lo que hacen, que te los encontrás al otro día y te dicen ‘¿Eso hice yo?’”, grafica.
Los móviles de Prefectura rodean el complejo, algunos dan vueltas por el interior y personal de a pie recorre el perímetro. Sin embargo, las quejas dan cuenta que nadie recorre el barrio para hacerse cargo de las obras, para tratar de brindar mayor asistencia, para intervenir ante condiciones de vida que no pueden esperar.
