“Tengo absoluta tranquilidad de lo que hice en mi vida”
El fiscal general Fabián Fernández Garello habló sobre la denuncia de la Comisión por la Memoria, que lo acusa de haber participado en delitos de lesa humanidad. “Esto se va a aclarar seguramente, y una vez que se aclaré, voy a ver qué hago”, sostuvo.
A casi cuatro meses de presentada la denuncia, el fiscal general del Departamento Judicial Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, habló sobre la acusación de la Comisión Provincial por la Memoria en relación a su supuesta participación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. “Tengo absoluta tranquilidad de lo que hice en mi vida”, dijo.
En diálogo con QUÉ, Fernández Garello dijo querer ser “muy prudente” en relación a las investigaciones. “Existen dos autoridades constitucionales trabajando: la jueza federal de San Isidro y la Secretaría de Jurado de Enjuiciamiento; en el caso de la causa que lleva la doctora Arroyo Salgado, estaba sobreseída en el año 1983”, sostuvo.
En ese sentido, y en relación a su rol dentro de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el funcionario judicial dijo haber aportado documentación que acredita que desde junio de 1978 trabajó en la dependencia de San Martín “censando chilenos porque era el momento en el que venía la guerra con Chile”.
“Empecé a trabajar con un suboficial y 20 litros de nafta por mes, en la época en la que no existía Facebook. Hicimos un primer trabajo durante seis meses identificación de 700 chilenos, que me significó una felicitación, que lo acompañé en mi descargo para que se vea el trabajo”, aseguró y luego puntualizó: “A lo largo de tres años terminé censando alrededor de cinco mil residentes chilenos y después me fui a trabajar a Asuntos Judiciales, en diciembre de 1981”.
Sobre esto último, Fernández Garello se refirió a las acusaciones en relación al secuestro, tortura y asesinato de la militante del PST Ana María Martínez, ocurrido en febrero de 1982. “Yo hice un primer comunicado en el cual pretendían asignarse a mí en febrero de 1982, pero yo ya no estaba. Esa fue mi tarea, no fue otra”, se defendió.
Tras aclarar una vez más querer ser “muy respetuoso” con la labor de la justicia, el funcionario judicial se mostró confiado en relación a su futuro: “Tengo absoluta tranquilidad de lo que hice en mi vida: es un tema que para mí realmente no existía. Recién ahora recuperé fotocopias de la causa, nunca la había visto, porque no estaba imputado, no era nada. Y ayer verifiqué que estaba sobreseído, con fecha de mayo de 1983”.
Además, Fernández Garello desmintió algunos trascendidos que daban cuenta de su “suspensión” y dijo haber estado “de vacaciones”. “No estuve nunca suspendido, estuve de vacaciones, esa es la verdad, porque alguien dijo eso. Y después también dijeron que yo no había mencionado en mi currículum en el Consejo de la Magistratura que había estado en Dippba, pero la ley me lo impedía”, sumó, respecto a su trabajo en la Dirección de Inteligencia.
En ese sentido, el funcionario aseguró que en ese entonces la legislación le prohibía informar sobre sus tareas de inteligencia y que actualmente –desde 2001- lo mismo sucede a partir de la Ley de Inteligencia Nacional, vigente en democracia. “Sí coloqué que había estado en el ámbito del Ministerio de Gobierno, que era donde estaba la Policía, desde el año 1977. Es decir, si alguien quería hacer una pregunta o especificación, había plazos de impugnación, había de todo”, apuntó, a la hora de desmentir las acusaciones.
Finalmente, el fiscal general aseguró que en Mar del Plata siempre conocieron su rol como abogado de las fuerzas policiales, porque esto estuvo consignado en su currículum. “También eso lo coloqué en el CV, pero yo estaba impedido por ley de poner lo de Dippba. Con lo cual esto se va a aclarar seguramente, y una vez que se aclaré, voy a ver qué hago”, completó.
LA DENUNCIA DE LA COMISIÓN POR LA MEMORIA
En noviembre del año pasado, la CPM presentó ante la justicia documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) que involucran al funcionario judicial en dos causas por delitos de lesa humanidad: el secuestro, tortura y asesinato de la militante Ana María Martínez, y el secuestro y tortura de tres militantes comunistas, causas en trámite en los juzgados federales de San Martín y San Isidro, respectivamente.
Según consta en los documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia, durante la dictadura cívico-militar el ahora fiscal general de Mar del Plata se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín. De acuerdo a la denuncia de la CPM “entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos; todos estos actos de inteligencia fueron realizados en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado”.
