Pesca: alerta de gremios y empresas por los alcances de la ley “ómnibus” de Milei
El proyecto prevé cambios en la Ley de Pesca como que las cuotas de capturas se asignarán por licitaciones internacionales. “Puede quedar todo en manos extranjeras”, afirman.
El sector de la pesca de Mar del Plata salió a posicionarse de manera unificada contra los alcances para el sector del proyecto de ley “ómnibus” de Javier Milei en base a numerosos cambios que introduce en el Régimen Federal de Pesca vigente como el que prevé que las cuotas de capturas pasen a asignarse por licitaciones internacionales. “Puede quedar todo en manos extranjeras”, alertaron gremios y las poderosas cámaras empresarias del sector.
Si bien son varios los cambios y derogaciones contemplados para la Ley de Pesca N°24.922 en el proyecto que Milei elevó al Congreso denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, uno de ellos en particular es el principal foco de cuestionamiento que salieron a exponer tanto gremios como el Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) y la agrupación empresaria Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina.
Se trata del articulo 246 que apunta a sustituir el 27 de la Ley de Pesca que actualmente establece que “se asignará una cuota de captura a cada permiso de pesca, tanto a los preexistentes como a los que se otorguen en el futuro” mientras que la nueva redacción apunta a fijar que el Consejo Federal Pesquero asigne las cuotas de captura por especie “a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada”.
“El proyecto así planteado, con licitación internacional de cuotas de pesca, deja de lado el historial pesquero, las inversiones realizadas y la mano de obra argentina empleada”, sostuvieron desde Intercámaras al tiempo que desde el Simape fueron más allá y aseguraron que “si esto avanza puede haber desocupación y quedar todo en manos extranjeras”.
“Pueden venir capitales chinos, por ejemplo, comprar todos los permisos y quedarse con la pesca argentina. En consecuencia, las empresas nacionales que ya están instaladas podrán tener toda la estructura pero no podrán salir a pescar si el dueño del pescado es otro. La puede pasar a cualquier empresa, sea grande o chica”, afirmó el secretario general del gremio, Pablo Trueba.
Y, en la misma línea, insistió en que los empresarios argentinos dedicados actualmente a la actividad “pueden tener todo, la capacidad operativa, frigorífico, el personal, los barcos, pero no tendrán lo principal que es la cuota de captura” por lo que entendió que “le quedará negociar con quien la licitó o terminar vendiéndole todo y eso generará claramente una gran pérdida de fuentes de empleo”.
Las cámaras empresarias consideraron, por su parte, que un esquema de licitación “conspira con el sistema de cuotas individuales transferibles de captura” que, si bien afirmaron que “es perfectible” también señalaron que “ha sido un modelo en la administración pesquera aportándole sustentabilidad a los recursos y seguridad jurídica al sector”.
Trueba, mientras tanto, sumó que una licitación internacional de la pesca “no tiene sentido” al plantearon que “eso se hace cuando en nuestro país no hay interesados en invertir y vienen capitales de afuera, pero en la pesca no es así, en su mayoría hay empresas argentinas, algunas son mixtas pero la pesca es nuestra”.
Intercámaras, integrado por la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (Capeca), la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y Cámara de Frigoríficos Exportadores de da Pesca (Cafrexport), entre varias otras, reclamó que el proyecto del presidente Milei “no ha tenido su origen en consultas o interacciones con los eslabones de la cadena productiva” y exigió que el Congreso de la Nación “convoque al sector pesquero para poder exponer sus opiniones sobre cada uno de los artículos que se procura reformar”.
“La industria pesquera se vería seriamente afectada en su esencia, modificándose derechos adquiridos, afectando hasta cuestiones de soberanía y en perjuicio del trabajo nacional”, insistieron y señalaron que la industria en la actualidad conlleva a más de 46 mil puestos de trabajo directos, más de 140 plantas procesadoras y frigoríficos autorizados a exportar y más de 1000 buques pesqueros.
Entre los cambios planteados en el proyecto de Milei también se derogan de la Ley de Pesca el artículo 25 que obliga a desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos y el articulo 40 que fija que la tripulación de los buques pesqueros debe estar constituida por capitanes y oficiales argentinos nativos, por opción o naturalizados y por un 75% del personal de maestranza, marinería y operarios de planta a bordo argentinos o extranjeros con más de diez años de residencia permanente.
También plantea modificaciones en el artículo 26 que delimita que los permisos de pesca serán otorgados -con plazos de hasta 10 o 30 años año- con diversas condiciones, como que cuenten con mano de obra argentina en mayor porcentaje, que los buques sean construidos en el país y que tengan una menor antigüedad. En cambio pasa a deliminar que “para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques” y que los permisos “no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”.
