El ajuste de Milei: los despidos afectan a 150 trabajadores estatales de Mar del Plata
Desde la delegación local de ATE denuncian que se trata de “simplemente un inicio” y que la medida “va a repercutir en todos los organismos”.
La decisión de no renovar contratos laborales en el Estado nacional que tengan menos de un año de vigencia como parte del paquete de ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei fue oficializada este martes a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y al menos 150 trabajadores estatales de Mar del Plata perderán sus fuentes laborales, según confirmaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La medida de no renovar contratos laborales en el Estado nacional que tengan menos de un año de vigencia había sido anunciada semanas atrás por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, como parte de las políticas de ajuste impulsadas por Milei.
Desde entonces, a nivel local, la Asociación de Trabajadores del Estado se mantenía en estado de alerta y preocupación por alrededor de 100 trabajadores y trabajadoras de 21 dependencias y organismos nacionales de Mar del Plata, quienes a lo largo de estas semanas se encontraron con un panorama de total incertidumbre ante la falta de precisiones.
La medida, que fue oficializada este martes a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, establece que no se renueven los contratos de personal que concluyan el 31 de diciembre de 2023 y que hayan iniciado a partir del 1° de enero de este año en organismos nacionales.
Como excepciones, establece que no serán alcanzados por la norma aquellos contratos derivados de cupos regulados por la ley (como el cupo laboral travesti-trans), el personal que (posterior al 1° de enero de 2o23) haya cambiado su modalidad de contratación y el personal “que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulta indispensable para el funcionamiento de la misma, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.
Si bien es una primera instancia desde ATE Mar del Plata estimaban que 100 trabajadores serían afectados a nivel local por la medida, este miércoles en diálogo con Qué digital, la secretaria general, Claudia Rey, aseguró que el decreto afecta hasta el momento a 150 trabajadores y trabajadoras que perderán sus fuentes laborales en Mar del Plata una vez concluido el contrato.
Según explicó, aún no han sido notificados personalmente por la falta de directivos nombrados. “Es preocupante porque son personas que cumplen una función específica en cada organismo. No es real que se nombre gente que no tiene nada que hacer”, lamentó.
En consecuencia, también aseguró que la medida impacta de lleno en la implementación de políticas públicas que “se vehiculizan a través de los diferentes organismos”.
Por otro lado, se refirió a otro de los artículos del decreto publicado que establece que las contrataciones efectuadas antes del 2023 en el marco del 9° artículo de la Ley del Empleo Público Nacional (que refiere a las contrataciones de personal por tiempo determinado), no podrán ser renovadas por un período mayor a 90 días, es decir tres meses.
“La situación es compleja. A partir del 31 de marzo, los contratos anteriores al 2023 van a estar en la mira por eso nuestro planteo es que este decreto es simplemente un inicio y que va a repercutir en todos los organismos, con una magnitud muy importante“, definió.
El decreto estableció, además, que las autoridades competentes de cada jurisdicción “realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado” previo al 2023 con el objetivo de “evaluar la renovación de las contrataciones” que, en cuyo caso, “deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con el contrato”.
Por otro lado, ante la consulta de este medio por la situación que atraviesa el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) en donde aún no fueron nombrados quienes estarán a cargo del cuerpo directivo -al igual que en otros organismos-, y que provocó situaciones insólitas como trabajadores embarcados a los que no se los pudo ir a buscar ni alcanzar víveres, la secretaria general del gremio dijo que se trata de una “trampa” con “intencionalidad”.
“El mismo decreto plantea que la dirección del organismo, ante una situación fundada, podría dar continuidad a los contratos 2023. Por eso creemos que hay una intencionalidad en no haber nombrado direcciones en los organismos, para precisamente no poder garantizar la continuidad de los contratos que son necesarios que continúen y así no pagar el costo político el funcionario que asuma”, planteó Rey.
