Piden que EDEA “se abstenga de amenazar con cortes”
Lo hicieron desde la Defensoría del Pueblo a partir de numerosas presentaciones de vecinos que han recibido aviso de cortes del servicio por montos adeudados. Mientras tanto, se espera la resolución judicial de fondo.
Mientras se demora la definición de fondo en torno al aumento del servicio de la luz, la Defensoría del Pueblo solicitó a la empresa EDEA que se abstenga de intimar a los usuarios con avisos de cortes en los reclamos por deudas. Es que, según señalaron, recibieron numerosas presentaciones en las últimas semanas que dan cuenta del accionar de la empresa.
En concreto, desde la Defensoría del Pueblo aseguraron hacerse eco de numerosas presentaciones de vecinos que han recibido avisos de cortes de servicio de energía eléctrica como modo de reclamo por montos adeudados.
“Ello toda vez que el acceso de los usuarios a servicios públicos esenciales como la electricidad resulta ser un derecho humano que hay que garantizar, existiendo métodos claros y precisos para reclamar montos adeudados, que no pasen por el corte de la prestación que resulta de imperiosa necesidad y utilidad”, advirtieron desde la Defensoría.
“Por otro lado deberán abstenerse de amenazar de corte, toda vez que no existen deudas ciertas”, reclamaron teniendo en cuenta que “las tarifas están siendo discutidas judicialmente, por lo tanto dada su provisionalidad e incertidumbre no se puede hacer caer sobre el usuario, víctima de todo este proceso, la amenaza de que se le cortará el servicio”.
En cuanto al terreno judicial de la suba, a fines de julio la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata suspendió el freno del tarifazo hasta tanto resuelva la cuestión de fondo. De esta manera, momentáneamente quedó vigente la resolución N° 22 del gobierno de María Eugenia Vidal que autorizó los aumentos para el territorio bonaerense. En este sentido, EDEA anunció un proceso de refacturación con el 70% de incremento teniendo en cuenta que otro fallo judicial frenó los aumentos que el gobierno nacional le había permitido a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), pero no a las distribuidoras.
