Agresiones a Macri: pedido de captura y críticas a la policía
El cuerpo de fiscales le pidió al juez que individualice a un sospechoso de lanzar un objeto hacia el auto presidencial. Y solicitaron que se investigue a la Bonaerense por haber incumplido los deberes y malversado caudales.
Después de semanas de silencio oficial, la causa que investiga los incidentes ocurridos durante la visita de Mauricio Macri a la ciudad tuvo novedades, ya que el cuerpo de fiscales que conformó la Procuración le pidió al juez a cargo de la investigación que identifique al sospechoso de haber arrojado un objeto contra el auto presidencial y ordene su captura. Por otro lado, en la presentación, el Ministerio Público Fiscal lanza críticas contra el accionar de la Policía Bonaerense en aquella jornada y hasta pide que se investiguen los delitos de incumplimiento de deberes y malversación de caudales, dado que fue destinada una menor cantidad de efectivos en relación a lo convocado oficialmente.
A partir de una presentación que fue publicada por el portal Infobae, los fiscales Marcelo Molina, Alejandro Cantaro y Mónica Cuñarro, trazaron un lineamiento de cómo ocurrieron los hechos a partir de la recolección de testimonios, pidieron identificar y luego pedir la captura de un sospechoso, cuestionaron a la Policía Bonaerense y no ahorraron críticas para el juez Alfredo López, quien inicialmente tuvo a cargo la investigación.
LOS HECHOS
En la reseña de los hechos, los fiscales hacen foco en los dos episodios ocurridos: la represión -sin usar ese término- ocurrida a algunas cuadras del lugar contra integrantes de Votamos Luchar y los incidentes desatados durante el acto y en la retirada de las autoridades.
“Esta situación fue de descoordinación y descontrol y ocasionó por un lado, la quema de neumáticos y obstrucción de la vía pública , todo lo cual fue previo a la llegada del Presidente”, señalaron los fiscales. Y por otro lado, marcaron: “Durante el discurso presidencial, el traspaso fácil de los vallados y las piedras arrojadas por diferentes personas del público – algunos de ellos menores- entre grupos a favor del gobierno y otros en contra provocaron disturbios y desorden”.
De esta manera, puntualizan que tras el discurso y mientras los funcionarios eran trasladados de urgencia al helipuerto del Hospital Interzonal “un sujeto de sexo masculino de pelo corto oscuro y vestido con un buzo color azul con vivos blancos en el lado derecho, se agachó, tomó un elemento de porte compatible con una piedra del suelo y lo arrojó por encima de las personas hacia el rodado perteneciente como titular registral al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no impactando ni hiriendo a persona alguna”.
En detalle, aseguraron que el objeto contundente “impactó sobre la puerta del lado del acompañante, a la altura del picaporte provocando con ello un daño sobre el automóvil a la vez que puso en peligro la seguridad del señor Presidente de la Nación”.
IDENTIFICACIÓN Y CAPTURA
En concreto, los fiscales le piden al juez que “se arbitren los medios tendientes a individualizar y se ordene la captura del sujeto de sexo masculino que lanzara un objeto contundente hacia la posición del automóvil presidencial poniendo en riesgo su seguridad y causando un daño en la carrocería del mismo”. Asimismo, solicita que se lo convoque a prestar declaración indagatoria.
CONTRA LA POLICÍA
Uno de los puntos en los que hizo foco la presentación de los fiscales fue sobre el accionar de la Policía Bonaerense y, puntualmente, de la cantidad de efectivos que estuvieron en el operativo. En detalle, remarca que tras los diversos testimonios y pruebas “con mucho esfuerzo se llega al número de no más de 80 efectivos de la Policía -entre los uniformados y civiles-, sin contar a los 20 de policía municipal”. Y grafica: “Si el total de participantes disconformes con el gobierno no superaban los 80 entre los cuales había decenas de mujeres y niños -con una simple cuenta aritmética-, se concluye que debería haber habido 2 efectivos por persona, lo que claramente no fue así“.
Por otro lado, advierte que por parte de la fuerza “se libró una orden de servicio por un total de 231 efectivos y equipamiento y sólo había en en lugar un total de 80. Es decir, sólo en las formas se cubría el lugar con la cantidad de efectivos suficientes, mientras en la realidad eran la tercera parte de esos 231”.
“Esta fuerza incurrió en actos omisivos al no actuar con la debida diligencia que los desmanes del público ameritaban, incumplimiendo sus deberes de funcionarios públicos, ya sea por omisión en relación a la detención de personas en flagrancia que luego liberaron o por comisión, en cuanto al total de efectivos asignados (231) y que se pudo comprobar conforme los testimonios de la Casa Militar dependiente de la Nación que no habría tal cantidad sino a lo sumo 60″, acusa y pide que se investigue por haber “malversado caudales por parte de las autoridades a cargo del operativo”.
CONTRA EL JUEZ LÓPEZ
Si algo tuvo de particular esta investigación fueron los fuertes cruces y acusaciones que protagonizaron el juez Alfredo López -que estuvo en el inicio de la causa- y los tres fiscales federales de la ciudad. En ese marco, el cuerpo de fiscales dispuesto por la Procuración no se quedó al margen, y en su presentación criticó al magistrado.
“Este era un caso de autores ignorados cuya investigación debió quedar desde el inicio en manos de la fiscal y sin embargo el juez y, a contrario de lo que dispone el art 196 bis del Código Procesal Penal de la Nación, se hizo cargo de ella con un absoluto desconocimiento del derecho”, apunta.
Por otro lado, sostiene que “(el juez) Inchausti -que luego se hizo cargo de la causa tras volver de una licencia- a diferencia de su antecesor realizó medidas de pruebas en sintonía con el camino que trazaba esta representación”.
