Protesta policial: “La suspensión del servicio es un delito”
La Fiscalía General convocó a las autoridades de las fuerzas de seguridad, tanto bonaerense como local, tras la amenaza de una posible medida de fuerza en reclamo de aumento salarial. Habrá refuerzos para el fiscal de turno y la Policía local.
La amenaza se propagó rápidamente por las redes sociales y el malestar de los efectivos de la Policía Bonaerense se hizo notar: ante la falta de avances respecto al pedido de aumento salarial, los efectivos realizarían este sábado una retención de tareas. Inevitablemente, el fantasma del acuartelamiento de 2013 se hizo presente y, entonces, la Fiscalía General convocó a las autoridades de las fuerzas de seguridad para prevenir, pero también advertir. “La suspensión de servicios policiales es pasible de sanciones penales, porque es un delito”, recordaron.
En ese contexto, en la sede de la Fiscalía General, el fiscal Fabián Fernández Garello se reunió este mediodía con las autoridades de la Policía local y de la Bonaerense con el objetivo de “recordarle” a los jefes máximos de las fuerzas de seguridad “que el Código Penal fue reformado en 2014 y este tipo de suspensión de servicios policiales es pasible a una sanción penal, porque es un delito”.
En concreto, Fernández Garello explicó que tras los hechos que se registraron en diciembre de 2013, y a partir de las reformas instauradas, las penas y sanciones son más duras. “La idea es evitar males mayores y para eso queremos transmitirle esto a los efectivos, porque hay policías que no sabían que suspender el servicio es delito”, expuso.
A su vez, y pese a que ninguna autoridad de las fuerza confirmó oficialmente la concreción de la protesta, el fiscal general reparó en la preocupación que esta situación generó en toda la órbita bonaerense. “Me llamó el director provincial del 911, Alejandro Godoy, para decirme que ellos prevén contingencias como la de poder tomar en otros puntos los llamados a Mar del Plata. Están trabajando con este tema también”, graficó.
En esa misma línea, Fernández Garello se refirió a lo acontecido en 2013 al afirmar: “Quienes estuvimos presentes en 2013 sabemos que la situación no fue mucho más grave, posiblemente porque Dios existe”. Y respecto al rol de la Fiscalía, sumó: “Nosotros tenemos que velar por los intereses de la sociedad y preservar el equilibrado orden jurídico. Entonces, como hay mucho personal nuevo también, queríamos recordar que la función acarrea obligaciones aún si el reclamo es legítimo”.
PREVENCIÓN Y PENAS PREVISTAS
Finalmente, el funcionario judicial hizo referencia a las acciones preventivas que se efectivizarán ante la posible suspensión de tareas. En concreto, dijo que el fiscal de turno contará con un refuerzo de instructores y, además, la Policía local dispondrá de más efectivos. “De todas formas, nosotros queremos creer que no va a ocurrir esto, que van a entender que la función pública tiene este perfil, que no se pueden quejar de cualquier forma y la ciudad no puede quedar expuesta a lo que sucedió en 2013”, apuntó.
Por último, y en cuanto a las penas, Fernández Garello detalló que en materia penal quien incumpla con sus funciones puede ser procesado y condenado, desvinculado de la fuerza e inhabilitado. “Hay además penas de prisión que van de uno a tres años, aunque en caso de sucesos graves puede llegarse a ocho”, indicó.
