Aprobaron la extradición de una mujer rusa acusada de “financiamiento del terrorismo”
El caso se inició en diciembre cuando acudió a la Dirección de Migraciones en Mar del Plata para tramitar su residencia y se constató que tenía un pedido de captura de Rusia.
La Justicia Federal de Mar del Plata aprobó esta semana la extradición de una mujer rusa que fue detenida en diciembre en la ciudad a partir de un pedido de detención que tenía vigente en su país bajo la acusación de “financiamiento del terrorismo”.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, el juicio de extradición finalizó en los últimos días con la decisión del juez subrogante del Juzgado Federal N°1, Santiago Inchausti, de declarar procedente la medida requerida por Rusia, que fue impulsada en el proceso por la fiscal Laura Mazzaferri, a cargo de la Fiscalía Federal N°1, y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración.
El caso tuvo su origen el 15 de diciembre pasado cuando la mujer concurrió a la sede de Mar del Plata de la Dirección Nacional de Migraciones para tramitar su residencia. Allí fue donde surgió que tenía una orden de detención de Interpol Rusia, vinculada con el delito de “financiación del terrorismo” por lo que la Policía Federal consultó sobre la vigencia de la orden judicial y el Juzgado ordenó su detención.
Iniciado el proceso de extradición, medida requerida formalmente el 22 de enero por la Embajada de Rusia, la mujer cumplió el arresto en su casa por encontrarse a cargo de una adolescente, un menor de edad y una bebé de diez meses
Según lo informado por la fiscales.gob.ar, las acusaciones contra la mujer se centran en la comisión de dos presuntos actos de “financiamiento del terrorismo”: el primero habría tenido lugar el 22 de octubre de 2014, cuando la mujer transfirió 59.700 rublos rusos desde su tarjeta bancaria a un miembro de la organización “Estado Islámico”, que habría recaudado fondos entre el 13 de mayo y el 29 de diciembre de ese año por un monto total de casi 5 millones de rublos, lo que equivale a unos 170 mil dólares estadounidenses. El segundo hecho acusado consta de la transferencia de 31.744 rublos a otro grupo.
“Previendo aquellos puntos que controvertiría la defensa en relación con las causales de denegación de la extradición, la fiscalía desarrolló los argumentos por los cuales entendía que no se había acreditado en el caso la existencia de un riesgo concreto, actual y personal respecto de que la requerida fuera a ser perseguida en razón de sus convicciones religiosas, como así tampoco sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes o que no se respetaran sus debidas garantías judiciales. Ello, en base a los parámetros internacionales requeridos para la aplicación de esas causales y del principio de no devolución”, sostuvieron desde el Ministerio Público Fiscal.
El juez Inchausti dio por acreditada la identidad establecida entre la persona requerida y quien participó del proceso penal, y compartió con la fiscalía la postura de que se habían cumplido los requisitos formales para avanzar con el pedido de Rusia: “Debe tenerse en cuenta que el proceso de extradición no es un juicio sobre la culpabilidad de la persona requerida, sino de las formas de los pedidos de extradición y que en él no caben otras discusiones que las referentes a la identidad del requerido y a la observancia de los requisitos exigidos por las leyes y los tratados aplicables”.
