El campo de la SIDE: fin de los alegatos con pedidos de absolución de la defensa
La sentencia en el juicio contra los hijos de Miguel Save por lavado de dinero obtenido de crímenes de lesa humanidad se conocerá el próximo miércoles.
Con el pedido de la defensa para que los cuatro acusados sean absueltos, este miércoles se cerraron los alegatos en el juicio que se lleva a cabo contra los hijos de Miguel Save, quien integró en los años ’70 la banda paramilitar encabezada por Aníbal Gordon -al servicio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)- y que compró terrenos en Chascomús con dinero que, se presume, fue obtenido a partir de crímenes de lesa humanidad. La sentencia por la acusación de lavado de dinero se conocerá el próximo miércoles.
Después de los pedidos de las partes acusadoras ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que solicitaron penas de entre tres y cinco años de prisión para los cuatro acusados -María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save- por ser considerados coautores del delito de lavado de activos de origen ilícito, este miércoles la defensa oficial a cargo de Natalia Castro y Lisandro Álvarez requirió la absolución de sus cuatro defendidos al negar que se haya probado la acusación.
El caso tiene su origen en la figura del ya fallecido Leonardo Miguel Save quien integró, como parte del terrorismo de Estado, la Triple A, concretamente la organización paramilitar ilegal encabezada por Aníbal Gordon que estaba al servicio de la por entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y que actuaba como patota del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, un taller mecánico alquilado por miembros del organismo de inteligencia que funcionó en el barrio porteño de Flores entre mayo y noviembre de 1976.
En febrero pasado sus cuatro hijos empezaron a ser juzgados en Mar del Plata -en el primer juicio realizado bajo una figura de este tipo- por maniobras de lavado de dinero que, de acuerdo a la acusación, fue obtenido en 1976 del secuestro por parte de la banda de Gordon de un militante uruguayo que posteriormente fue asesinado y su caso ya fue juzgado como crimen de lesa humanidad.
La operación analizada en el juicio se centra en terrenos de Chascomús que fueron comprados en 1976 por Save, con parte de ese dinero, y a los cuales desde 2008 los herederos registraron a su nombre y los siguen administrado hasta la actualidad, según la acusación.
LA ACUSACIÓN
Para la fiscalía, encabezada por Juan Pablo Curi, la hipótesis con la que se inició el juicio fue probada. Para eso planteó que los cuatro acusados transfirieron, adquirieron a su nombre y administraron los terrenos del barrio Parque Girado de Chascomús y que al menos desde 1999 realizaron una serie de operaciones y actos irregulares a través de los cuales lograron la inscripción como titulares registrables en 2008.
Entre esas maniobras irregulares señaló hasta la existencia poderes de escrituración y boleto de compra venta a nombre de personas inexistentes y reparó en que los cuatro acusados “no podían desconocer la vinculación de su padre con la represión ilegal” y, por ende, el origen de los terrenos al señalar que si bien declararon en la causa que su padre siempre les dijo que eran suyos lo cierto es que “su nombre no figuró en ninguno de los instrumentos” que firmaron con el correr de los años para finalmente quedarse con las tierras después de que Save falleciera en 2006.
En el centro, el fiscal Curi (Foto: Marcelo Nuñez)
Así fue que pidió semanas atrás que los cuatro sean condenados a tres años de prisión en suspenso -es decir, sin detención- más la imposición de una multa por el doble del valor de los terrenos.
A esa postura se sumó la de los dos querellantes, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, que pidieron penas un tanto más elevadas: para Marcelo y María Natalia cinco años de prisión y para María Eugenia y Ana María tres, a todos con la aplicación de una multa de cinco veces el monto de la operación.
En todos los casos, la acusación pidió el decomiso del terreno, y en el caso de la fiscalía y la Subsecretaría de Derechos Humanos requirieron que se transfiera a la Provincia para confeccionar allí un espacio de memoria.
LA DEFENSA
Sin embargo, para la defensa la acusación contra los hermanos Save no fue probada. En su alegato de este miércoles los defensores dijeron compartir las valoraciones realizadas por los acusadores en torno a la represión ilegal y señalaron que “lo que pudo haber hecho el padre de los defendidos no los representa en absoluto”.
En ese sentido, plantearon que los cuatro acusados desconocían hasta el origen de esta causa que los terrenos no le pertenecían a su padre y pidieron “no evaluar las pruebas con el diario del lunes sino sobre el conocimiento que tenían los acusados hasta el inicio de esta causa”. Así, el defensor Álvarez reparó en que dos de los acusados en 1976 tenían 4 y 2 años y otros dos no habían nacido.
Pero además, desde la defensa sostuvieron que a lo largo del debate no se acreditó el origen delictivo del dinero con el cual se compró el campo, que los acusadores atribuyen al secuestro de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quien fue raptado en septiembre de 1976 -y posteriormente asesinado-, cuando agentes uruguayos y argentinos -en el marco del “Plan Condor”- irrumpieron en su casa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y robaron una suma de entre 2 a 8 millones de dólares, correspondientes al partido político, que la víctima tenía en su poder.
También repararon en que sus defendidos desde hace cuatro años propusieron entregar las tierras como solución alternativa del caso y ratificaron el ofrecimiento para que el lugar se transforme en un espacio de memoria, verdad y justicia.
En 2020 en el marco de la causa judicial tramitada en el Juzgado Federal de Dolores -que empezó incluso con otras hipótesis luego descartadas sobre lo ocurrido en esos terrenos como parte del terrorismo de Estado- el juez Alejo Ramos Padilla había resuelto en ese sentido para el cierre del caso pero la oposición de la fiscalía llevó a que, tras un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones marplatense, finalmente terminara por realizarse el juicio.
En esa línea, en el cierre de su alegato, la defensora Castro planteó: “No propaguemos un discurso de odio que todas y todos queremos impedir en esta sociedad frente a poderes estatales democráticos que actualmente y de manera lamentable intentan fomentarlo entre los mismos ciudadanos y ciudadanas. Y sí desde lo personal sostengo: no fue una guerra, no hay duda que fueron 30 mil, pero sus hijos (por Save) nada tuvieron que ver con los actos en los que intervino su padre“.
Después de haberse escuchado todos los planteos, el juez Roberto Falcone -que encabeza el tribunal de manera unipersonal- anunció que el próximo miércoles se llevará a cabo la última audiencia del juicio en el que se escucharán las últimas palabras de los acusados y se dará a conocer la parte dispositiva de la sentencia.
El juez Roberto Falcone (Foto: Marcelo Nuñez)
