Espionaje: el juez rechazó la recusación y citó a Macri para el próximo jueves
La decisión del juez federal de Dolores Martín Bava fue tomada tras las presentaciones realizadas por la defensa del expresidente.
Tras el faltazo de Mauricio Macri a la segunda citación para prestar declaración indagatoria y el planteo para intentar apartar al juez de Dolores a cargo de la causa que investiga el espionaje ilegal contra familiares de hundimientos como el submarino ARA San Juan, Rigel y el Repunte, el magistrado Martín Bava rechazó este miércoles a la tarde la recusación formulada por el expresidente y volvió a estipular una nueva fecha para la indagatoria: el próximo jueves 28 de octubre.
Según informó la agencia oficial Télam, el juez federal Bava rechazó recusación presentada durante la mañana por la defensa de Macri al plantear que no se encuentra comprendido “en ninguna de las causales de recusación establecidas en el ordenamiento procesal” y, de esta manera, fijó una nueva fecha de indagatoria para el jueves 28 de octubre al mediodía.
“No tengo amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo con los imputados ni con los querellantes. Tampoco los tengo con relación al objeto que es materia de estudio. Mucho menos, como alude el inciso en el que funda su pretensión el defensor, manifesté opinión extrajudicialmente sobre el proceso a persona alguna”, sostuvo el juez en la resolución a la que accedió Télam.
El magistrado agregó que sus decisiones son “el reflejo de un proceso valorativo y fundado de los medios de prueba”, que pueden ser “acertadas o criticables” o puede “discutirse la metodología de valoración de la prueba o el mérito” de las consideraciones, pero remarcó que “de ningún modo la discrepancia de alguna de las partes con lo decidido puede ser causal suficiente para fundar el apartamiento de un magistrado del conocimiento del expediente”.
Este miércoles, tal como estaba previsto, Macri se ausentó de la citación a prestar declaración indagatoria por el seguimiento ilegal realizado durante su gestión por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y, mientras la querella mayoritaria de familiares de submarinistas solicitó su detención por considerarla una ausencia infundada, en paralelo la defensa del exmandatario realizó dos presentaciones formales que había dejado entrever en su publicación de este martes en las redes sociales.
En una de ellas, recusó al magistrado por “prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad“, y sostuvo que en la imputación Bava “exhibe su carencia de mesura, prudencia, imparcialidad y serenidad”. A su vez, sumó un pedido para que se suspendiera la audiencia dispuesta para este miércoles y que no fuera postergada sino que no se vuelva a programar hasta tanto se resuelva el planteo de recusación esgrimido, que ahora tras la el rechazo de Bava quedará a cargo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
LA CAUSA
La causa en la que se investiga el accionar de la AFI contra familiares de hundimientos se inició cuando la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó en septiembre del año pasado ante la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata una extensa denuncia basada en documentos encontrados en discos externos de la AFI, cuando se buscaba documentación para otra causa de espionaje conocida como “Proyecto AMBA”.
Esos archivos encontrados dieron cuenta de un espionaje ilegal desarrollado contra familiares de tripulantes del ARA San Juan en 2018 en Mar del Plata, y también contra familias de tripulantes del buque pesquero Rigel y del Repunte.
Tras el paso de la causa al Juzgado Federal de Dolores, que es subrogado por Martín Bava, desde julio se produjeron distintas declaraciones indagatorias, entre ellas las de la cúpula de la AFI: Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Nicolás Iuspa Benítez -ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata-, entre otros, quienes ya fueron procesados por el juez.
Al expresidente Macri se le imputa en la causa que “por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.
