“Frutillas”: la continuidad de la explotación laboral en la empresa investigada
Así se desprende del informe elevado por el Comité contra la Trata y Explotación de Personas al Juzgado Federal, que meses atrás procesó a los directivos de la Compañía Industrial Frutihortícola.
Trabajadores “sometidos a una situación de explotación” en torno a sus jornadas laborales y los niveles de retribución, sin conocimiento de sus derechos y “reclutados desde zonas de alta vulnerabilidad”. Esas son algunas de las conclusiones de un informe que elevó al juez Santiago Inchausti el Comité de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas luego de haber llevado adelante en febrero una inspección y relevamiento en los predios de Sierra de los Padres de la empresa Compañía Industrial Frutihortícola SA (CIFSA), productora de frutillas “Tamara”, cuyos directivos se encuentran procesados desde diciembre pasado acusados de explotar laboralmente a 150 personas en frutillares de Sierras de los Padres, Tandil y Corrientes.
Las conclusiones del operativo y del informe elevado al Juzgado Federal Nº1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, que tramita la causa judicial, fueron difundidas por el organismo nacional a un mes de la realización del operativo en los predios de Sierra de los Padres y días después de otro llevado adelante en Bella Vista, Corrientes.
El informe respecto al operativo desplegado el mes pasado en Mar del Plata da cuenta de que más de 60 inspectores relevaron los predios durante diez horas de manera coordinada para evaluar la situación migratoria, las condiciones de contratación, la jornada de trabajo, el nivel de retribución salarial, las condiciones del entorno y las condiciones de sindicalización, esto último a cargo del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).
En ese sentido, desde el Comité de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas puntualizaron que se detectaron “niveles de retribución por debajo del mínimo legal establecido y algunas situaciones de pago a destajo y fraude laboral” y jornadas de trabajo de lunes a lunes que superan lo máximo legal permitido.
También se reportó que en uno de los campamentos de trabajadores temporarios se encontraron “condiciones de entorno indignas” y en cinco casos se detectó una situación migratoria irregular. “No se detectaron casos de explotación infantil y en el campamento principal las condiciones eran aptas”, se detalló.
En este sentido, el informe del operativo elevado al juzgado consignó “que la mayoría de los trabajadores están siendo sometidos a una situación de explotación en lo atinente a las jornadas, el nivel de retribución y parcialmente referidas a algunas cuestiones vinculadas al entorno”. Y reparó en que “no tenían conocimiento de sus derechos salariales y sindicales y eran reclutados desde zonas de alta vulnerabilidad”.
“Las condiciones objetivas que llevaron al Juzgado a procesar a los directivos de la empresa no habían sido subsanadas”, concluyó el informe.
Por otro lado, desde el organismo destacaron que durante la jornada en la que realizaron el operativo por vez primera los trabajadores y trabajadoras eligieron delegados y delegadas para que los representen y en el informe al juzgado se le pidió “especial protección para los mismos conforme a lo previsto en la Ley 23.551 y teniendo en cuenta la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema que otorga protección a aquellos trabajadores que buscan concientizar a sus compañeros de la necesidad de representación gremial”.
Desde el Comité explicaron que la empresa presentó ante el juzgado y a las autoridades del operativo “un pedido escrito y formal donde solicitan audiencia formal con el juez a fin de reparar el daño a los trabajadores y subsanar las irregularidades detectadas”.
“Ahora el Poder Judicial llevará adelante las acciones necesarias para garantizar la reparación a las víctimas y el juzgamiento de los tratantes, mientras que los organismos de control laboral llevarán adelante los procesos administrativos que correspondan en función de las irregularidades detectadas”, concluyeron.
Asimismo, entendieron que el operativo conjunto “demostró que la cooperación inteligente entre la Justicia Federal y los organismos inspectivos del gobierno nacional es decisiva para tramitar seriamente y en profundidad las causas judiciales evitando la impunidad y garantizando la reparación y el restablecimiento de derechos de los trabajadores y trabajadoras”.
La empresa CIFSA se encuentra siendo investigada por la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri, y el juzgado de Inchausti por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral que habrían cometido contra 150 personas.
Desde diciembre pasado los directivos Pablo Luis Moretti y Ana Karina Moretti se encuentran procesados, sin prisión preventiva y con un embargo de $50 millones como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral por las 150 personas que percibieron salarios por debajo de lo estipulado legalmente, agravado por la cantidad de víctimas y por abuso de la situación de vulnerabilidad. De la misma manera están procesados dos jefes de recursos humanos, aunque en calidad de partícipes secundarios al “no poder desconocer” la actividad delictiva que llevaba adelante la empresa.
Para la Justicia, los acusados “se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad” de al menos 150 personas que trabajaban hasta 16 horas diarias, sin descansos semanales y a cambio de salarios irrisorios en distintos predios frutihortícolas de la firma.
Además, entre la explotación laboral detectada en los asentamientos, la Justicia acreditó trabajo en negro, remuneraciones inferiores y fuera de la norma, multas, sanciones y descuentos de los jornales incluso en casos de enfermedad, y “sujeción de la voluntad de los trabajadores a los designios de la empresa”, generalmente condicionando su retorno a los lugares de origen.
Todo comenzó cuando en 2016 se viralizó a través de un posteo en un blog el relato de una maestra quien contó que una de sus alumnas de la zona de Sierras de los Padres no podía resolver ejercicios de Geografía pero sí en cambio demostraba conocimientos amplios en el cultivo de frutillas dentro de “El Frutillar”. Mientras por un lado el relato motivó la escritura de un libro por parte de la docente, en paralelo se inició en el mes de abril de ese año una investigación del Ministerio Público Fiscal.
