“Frutillas”: inspeccionaron predios de la empresa investigada por explotación laboral
El operativo lo realizaron diversos organismos del Estado a requerimiento del Juzgado Federal, que meses atrás procesó a los directivos de la Compañía Industrial Frutihortícola SA (CIFSA).
Más de 60 agentes de diversos organismos del Estado llevaron adelante este viernes en Sierra de los Padres una inspección y relevamiento de trabajadoras y trabajadores rurales que se desempeñan para la empresa Compañía Industrial Frutihortícola SA (CIFSA), productora de frutillas “Tamara”, cuyos directicos se encuentran procesados por la Justicia Federal de Mar del Plata desde diciembre pasado bajo la acusación de explotar laboralmente a 150 personas en frutillares de Sierras de los Padres, Tandil y Corrientes.
Según difundió el gobierno nacional a través del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas, este viernes más de 60 agentes realizaron tareas conjuntas en el cordón frutihortícola de Sierra de los Padres y Batán a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Ministerio de Trabajo, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre) y la Dirección Nacional de Migraciones.
Concretamente, el operativo de inspección conjunta se realizó en predios de Sierra de los Padres pertenecientes a la de la Compañía Industrial Frutihortícola SA (CIFSA), productora de frutillas “Tamara”.
De acuerdo a lo explicado, el operativo fue convocado a partir del requerimiento del juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, quien solicitó intervención del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata para que articule inspecciones “que permitan el relevamiento de la situación de trabajadores/as rurales y se impida su revictimización.”
La empresa CIFSA se encuentra siendo investigada por la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral que habrían cometido contra 150 personas.
En ese marco, desde diciembre pasado los directivos Pablo Luis Moretti y Ana Karina Moretti se encuentran procesados, sin prisión preventiva y con un embargo de $50 millones como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral por las 150 personas que percibieron salarios por debajo de lo estipulado legalmente, agravado por la cantidad de víctimas y por abuso de la situación de vulnerabilidad. De la misma manera están procesados dos jefes de recursos humanos, aunque en calidad de partícipes secundarios al “no poder desconocer” la actividad delictiva que llevaba adelante la empresa.
Tal como se informó oportunamente desde el Ministerio Público Fiscal, la Justicia logró acreditar que hubo personas que “se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad” de al menos 150 personas que trabajaban hasta 16 horas diarias, sin descansos semanales y a cambio de salarios irrisorios en distintos predios frutihortícolas de General Pueyrredon, la zona e incluso en otras provincias.
Todo comenzó cuando en 2016 se viralizó a través de un posteo en un blog, una maestra relató cómo una de sus alumnas de la zona de Sierras de los Padres no podía resolver ejercicios de Geografía pero sí en cambio demostraba conocimientos amplios en el cultivo de frutillas en “El Frutillar”. Mientras por un lado el relato motivó la escritura de un libro por parte de la docente, en paralelo se inició en el mes de abril de ese año una investigación del Ministerio Público Fiscal.
Además de frutillares de Sierras de los Padres, la investigación permitió acreditar explotaciones de trabajadores en predios de Tandil y en la localidad correntina de Bella Vista, todos pertenecientes a la misma firma y que utilizaban preferentemente a trabajadores oriundos del norte argentino y de Bolivia que se asentaban en campamentos aledaños.
Además, entre la explotación laboral detectada en los asentamientos, la Justicia acreditó trabajo en negro, remuneraciones inferiores y fuera de la norma, multas, sanciones y descuentos de los jornales incluso en casos de enfermedad, y “sujeción de la voluntad de los trabajadores a los designios de la empresa”, generalmente condicionando su retorno a los lugares de origen.
