“Frutillas”: procesan a cuatro empresarios por explotación laboral de 150 personas
A partir del relato de la docente Lucía Gorricho plasmado en un libro, se inició una investigación que permitió acreditar la explotación de trabajadores migrantes en Sierras de los Padres, Tandil y Corrientes.
El Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata dictó el procesamiento de cuatro empresarios a quienes acusa por trata de personas con fines de explotación laboral de al menos 150 trabajadores y trabajadoras migrantes en frutillares de Sierras de los Padres, Tandil y Corrientes. La causa derivó del caso de una niña de 14 años que, en una escuela, no pudo responder a las exigencias académicas pero sí en cambio pudo explicar con precisión las condiciones de explotación laboral del cordón frutihortícola, luego plasmado en “Frutillas” el libro de pedagogía de su docente, la marplatense Lucía Gorricho.
A partir de una investigación llevada adelante por la titular de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), el juez Santiago Inchausti decidió procesar sin prisión preventiva al presidente, la vicepresidenta y dos encargados de recursos humanos de una empresa dedicada a la producción de frutos rojos. Además, ordenó embargos por 50 millones de pesos para el reparo de las víctimas y la falta de mérito en la causa de tres capataces que también estaban bajo relación de dependencia.
Según se desprende de la resolución judicial, la Justicia logró acreditar que hubo personas que “se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad” de al menos 150 personas que trabajaban hasta 16 horas diarias, sin descansos semanales y a cambio de salarios irrisorios en distintos predios frutihortícolas de General Pueyrredon, la zona e incluso en otras provincias.
Todo comenzó cuando en 2016 se viralizó a través de un posteo en un blog, una maestra relató cómo una de sus alumnas de la zona de Sierras de los Padres no podía resolver ejercicios de Geografía pero sí en cambio demostraba conocimientos amplios en el cultivo de frutillas en “El Frutillar”. Mientras por un lado el relato motivó la escritura de un libro por parte de la docente, en paralelo se inició en el mes de abril de ese año una investigación del Ministerio Público Fiscal.
Además de frutillares de Sierras de los Padres, la investigación permitió acreditar explotaciones de trabajadores en predios de Tandil y en la localidad correntina de Bella Vista, todos pertenecientes a la misma firma y que utilizaban preferentemente a trabajadores oriundos del norte argentino y de Bolivia que se asentaban en campamentos aledaños.
Además, entre la explotación laboral detectada en los asentamientos, la Justicia acreditó trabajo en negro, remuneraciones inferiores y fuera de la norma, multas, sanciones y descuentos de los jornales incluso en casos de enfermedad, y “sujeción de la voluntad de los trabajadores a los designios de la empresa”, generalmente condicionando su retorno a los lugares de origen.
Puntualmente, en cuanto a los trabajadores explotados, Inchausti explicó que eran “provenientes de zonas donde los recursos económicos son muy escasos; con grados de instrucción en general muy bajos, y en su mayoría con niños y niñas a cargo situación de extrema vulnerabilidad aprovechada por los explotadores para lograr que los y las trabajadoras permanecieran bajo la órbita de la empresa, trabajando bajo las condiciones mencionadas, sin efectuar reclamo alguno y al menor costo posible de la empresa”.
No obstante, el titular del Juzgado Federal N°1 consideró que no se habían registrado casos de explotación infantil o de mujeres embarazadas, y que la firma proveía a los empleados “de los elementos de seguridad y protección personal acordes para la tarea que realizaron tales como guantes, cofia, botas de goma, etcétera, determinándose los mismos en orden a trabajar en la industria o en la cosecha”, indicó.
Así, dispuso el procesamiento de los dos ejecutivos como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral por las 150 personas que percibieron salarios por debajo de lo estipulado legalmente, agravado por la cantidad de víctimas y por abuso de la situación de vulnerabilidad. De la misma manera procesó a dos jefes de recursos humanos, aunque en calidad de partícipes secundarios al “no poder desconocer” la actividad delictiva que llevaba adelante la empresa.
