La AJB denuncia violencia laboral y de género, y pide apartar a dos jueces
El sindicato se presentó ante la Suprema Corte contra dos integrantes del Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata.
El sindicato que nuclea a trabajadores del Departamento Judicial Mar del Plata, la Asociación Judicial Bonaerense, denunció ante la Suprema Corte a dos jueces del Tribunal de Trabajo N°4 por violencia laboral y de género y en los últimos días solicitó que sean apartados mientras esperan que se inicie un jury en su contra.
El sindicato de trabajadores judiciales realizó una presentación formal ante el máximo tribunal provincial con el objetivo de que se aparte de manera compulsiva a los jueces Alejandro Lerena y Mariano Riva, a quienes acusan de distintos hechos, a partir de los relatos de sus afiliados.
En un comunicado, desde el sindicato apuntaron que en el último tiempo quienes se desempeñan en el Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata sufrieron traslados, renuncias, licencias médicas y por violencia de género, incumplimientos a la carrera judicial y sumarios administrativos, incluso, “con la estricta prohibición de acudir a la asistencia gremial de la Asociación Judicial Bonaerense”.
Esas situaciones denunciadas por los trabajadores de la dependencia judicial, para la conducción de la AJB tienen como responsables a los titulares del tribunal y, en consecuencia, afirman que ya se inició un expediente para evaluar las denuncias.
El pedido de licencia para con los jueces realizado por la asociación sindical radica en que “mientras la Corte no adopte la medida cautelar que se solicita, cuando ya gran parte de los hechos denunciados se encuentran acreditados, implica que las trabajadoras y trabajadores seguirán sufriendo violencia de género y laboral“, apuntaron.
En ese sentido, advirtieron que los procesos de enjuiciamiento de magistrados en los que se evalúa la actuación de los mismos y su pertenencia en los cargos suelen tener una “excesiva duración”, y apuntaron al máximo tribunal en su responsabilidad por poner en marcha mecanismos para “prevenir nuevos hechos de violencia” y que “se actúe protegiendo a las trabajadoras y trabajadores afectados“, mientras avanzan los procesos administrativos.
