Las organizaciones sociales, otro de los blancos del espionaje ilegal en Mar del Plata
Desde las manifestaciones por Santiago Maldonado a las demandas al gobierno nacional por la situación alimentaria en los barrios, también presentes en los reportes ilegales de la AFI.
En el marco de la causa que investiga presunto espionaje ilegal desplegado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a través del “Proyecto AMBA” en la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dictó el procesamiento de la cúpula y nueve exagentes del organismo estatal, entre ellos el titular de la Delegación Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez. Para argumentar su resolución el magistrado adjuntó algunos de los archivos que evidencian las actividades de inteligencia ilegales de la AFI, relacionados a manifestaciones portuarias, gremiales, pero también a organizaciones sociales y su actividad en los barrios.
Los partes enumerados por Ramos Padilla en la resolución refieren únicamente a partes elevados a las máximas autoridades de la AFI en 2017, aunque se presume que la actividad se desarrolló desde 2016. En este sentido los reportes enumerados a continuación van desde manifestaciones en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, relevamiento de los comedores comunitarios y las organizaciones que se manifestaban en reclamo de la Ley de Emergencia Alimentaria, particularmente en Mar del Plata.
En cuanto al seguimiento, a modo ilustrativo el juez adjuntó en la resolución parte del seguimiento ilegal que realizaron desde la Delegación Mar del Plata, por ejemplo, en torno a las manifestaciones que se realizaban en la ciudad en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado y qué organizaciones formaban parte de los mismos.
Algunos de los recortes de los partes emitidos por la Delegación Mar del Plata de la AFI:
Tras exponer estos documentos, el juez hace alusión al objetivo que perseguían estos informes dirigidos a las autoridades nacionales de la AFI: elaborar un mapa político-ideológico vinculado a la imagen de los principales funcionarios nacionales, es decir, totalmente por fuera de los alcances legales de la AFI y el “Proyecto AMBA”.
“Como se advierte, en ambos documentos, los agentes de inteligencia de la Delegación hacen especial hincapié en el modo en que los reclamos se dirigen y, por ende, afectan a los intereses de los entonces Presidente y Ministra de Seguridad de la Nación”, expone Ramos Padilla al respecto.
Pero además, reitera: “A partir de la documentación analizada, debe concluirse que las BASES AMBA no se limitaron a reunir información personal sobre las personas que difundían el reclamo por la aparición con vida de Maldonado en cada distrito bonaerense, sobre las convocatorias a manifestaciones públicas y los materiales de difusión producidos por las organizaciones, sino que incluso analizaron e interpretaron su posible repercusión en las elecciones y el impacto negativo en la imagen pública de ciertos referentes políticos del gobierno de turno como Mauricio Macri y Patricia Bullrich“.
Además, el magistrado reiteró que en los partes no se observan “‘alertas’ de eventos que pusieran en peligro la seguridad interior o la defensa nacional. No se desprende siquiera una hipótesis vinculada a la comisión de algún delito complejo de los que la AFI se encuentra autorizada a investigar. Tal y como se ha dicho antes, una y otra vez se observa la recopilación sistemática de información de carácter político que pudiera resultar de interés para la gestión de turno”, continuó.
Pero además, el registro de esas manifestaciones puntuales y el registro de quiénes las llevaban adelante, también se observa en otro apartado de las pruebas presentadas por Ramos Padilla en su resolución, archivos vinculados directamente a tareas de inteligencia desplegadas contra organizaciones que llevaban adelante comedores comunitarios y que en ese marco impulsaban reclamos por la sanción de una Emergencia Alimentaria.
“Corresponde señalar un conjunto de documentos encontrados en diferentes delegaciones provinciales en los que se evidenció una tarea sistemática de recopilación de información sobre comedores populares desplegados en el territorio bonaerense”, explica el juez, pero advierte que el espionaje ilegal no solo apuntó a las grandes organizaciones de alcance nacional, sino que “se nutrió especialmente de la información obtenida sobre las organizaciones de base“. Y explicó: “La recopilación de información estuvo dirigida a conocer la ubicación de las sedes de cada una de esas organizaciones, cuántas personas asistían a ellas, si recibían ayuda estatal, y si participaban de las movilizaciones vinculadas a la sanción de la ley de emergencia alimentaria”.
Al respecto, indicó que se trató de una “práctica sistemática” en todas las delegaciones alcanzadas por el Proyecto AMBA, entre ellas Mar del Plata.
En ese sentido, las movilizaciones convocadas por ellas en torno a la demandada Ley de Emergencia Alimentaria eran uno de los focos de los seis agentes de inteligencia de Mar del Plata. Uno de los reportes se refiere a las manifestaciones realizadas el 22 de julio de 2017, en el marco de la llegada de la exgobernadora María Eugenia Vidal a Mar del Plata. Los agentes, además, relevaron información referida a los pedidos de las organizaciones al gobierno municipal de Carlos Arroyo.
De la misma manera, meses después, los agentes de Mar del Plata hicieron reportes ante la llegada del expresidente Mauricio Macri. El “amplio” informe de la base local de la AFI estuvo titulado “Manifestaciones de organizaciones sociales y cooperativas – Mar del Plata”.
Cabe recordar que el titular de la dependencia marplatense de la AFI, Nicolás Iuspa Benítez, además de estar acusado por espionaje ilegal junto a otros exagentes y la cúpula de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, también fue procesado por la destrucción de material probatorio de las acciones de la Delegación Mar del Plata entre diciembre de 2015 y enero de 2020, cuando ya se aprestaba a dejar el cargo en el marco de la intervención que dispuso el por entonces flamante presidente Alberto Fernández al designar a Caamaño como interventora.
Por eso, la información que hasta el momento fue peritada por el Juzgado se remite a documentación disponible, una porción de la totalidad de las acciones desplegadas por la base de la AFI en Mar del Plata.
Además, en otro tramo de la resolución el juez sostiene que, por el lenguaje de los partes elevados a la AFI, muchos podrían ser producto de síntesis de prensa realizada por los agentes, pero el magistrado no descarta que para relevar la información, los agentes hallan recurrido a un espionaje “directo e intrusivo” en cada una de las manifestaciones y organizaciones relevadas.
