Operativo “Papa Lavada”: piden confirmar los procesamientos de seis acusados
La fiscalía general dictaminó contra los pedidos presentados por las defensas. Se trata de la banda narco que cayó en octubre y que operaba en la zona del cordón frutihortícola.
A cuatro meses del operativo que desbarató la banda, la Fiscalía General Federal dictaminó que deben confirmarse por parte de la Cámara de Apelaciones los procesamientos contra los seis detenidos que tiene la causa conocida como “Operativo Papa Lavada” y que se centra en una banda narco que operaba en la zona del cordón frutihortícola mediante el almacenamiento y comercialización de estupefacientes llegados desde el norte del país.
El dictamen elaborado por el fiscal general Daniel Adler se produjo luego de que las defensas de los acusados apelaran ante la Cámara Federal de Mar del Plata los procesamiento dictados por el juez Santiago Inchausti a fines de octubre pasado, a un mes de realizado el operativo por medio del cual se desarrollaron 23 allanamientos en distintos puntos y con epicentro en una finca de los alrededores de Batán.
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, intervenciones telefónicas, tareas de vigilancia en medio de los campos, seguimientos a vehículos identificados, allanamientos varios y el secuestro de unos 115 kilos de cocaína, junto a otros elementos de interés, fueron fundamento suficiente para la Fiscalía General para dictaminar a favor de que se confirmen los procesamientos de las seis personas acusadas de formar parte de la organización.
Adler en su dictamen sostuvo que se trata de “una organización ilícita destinada al tráfico a gran escala de sustancias estupefacientes”. Ello, continuó, estuvo corroborado por numerosas tareas de campo realizadas por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las intervenciones telefónicas y el resultado de los allanamientos y registros domiciliarios.
La investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2 logró determinar que la organización utilizaba como pantalla la producción y la venta de verduras en un campo en la zona de Batán. Desde allí se preparaban y/o estiraban las sustancias que provendrían de Bolivia para luego comercializarlas en la zona, y localidades bonaerenses como Gutiérrez, Tres Arroyos, Tandil, Bahía Blanca y Punta Alta, como también en la Ciudad de Buenos Aires.
El avance en la pesquisa permitió detectar una transacción realizada el 1 de octubre de 2019 entre dos de los principales acusados: Sergio Gambarte, oriundo de Salta, entregó dos bultos a Claudia Micaela Camacho Soliz, de nacionalidad boliviana, en la zona de la rotonda de Gutiérrez, situada sobre la Ruta 2. Momentos más tarde, al interceptar y registrar la camioneta Hilux en la que se desplazaba la investigada, se encontraron en dos cajas 67 ladrillos de cocaína envueltos en nylon y cinta de embalar.
Esto derivó en los allanamientos de los lugares investigados, donde se secuestraron armas de fuego, gran cantidad de municiones de diversos calibres, dinero en efectivo –guaraníes, pesos y dólares-, elementos de pesaje y fraccionamiento, casi 260 kilos de hojas de coca, otros 45 kilos de cocaína, y gran cantidad de vehículos.
Además de Gambarte y Camacho Soliz el pedido de confirmación de los procesamientos por parte de la Cámara también alcanza a otros cuatro acusados: Lizzet Gladys Llanque Barral, Diego Ríos Saavedra, Nelson Alcocer Peredo y Andrea Pacheco Soliz, todos oriundos de Bolivia y que aparentaban dedicarse a la tarea frutihortícola.
“Es factible que el desarrollo de actividades vinculadas a la producción agrícola desarrollada por las personas imputadas en la localidad de Batán constituya una ‘pantalla’ detrás de la cual se ocultaba la actividad delictiva que realizaba esta organización criminal. Nótese, por ejemplo, los recaudos de seguridad adoptados respecto de una finca en la que supuestamente se desarrolla un emprendimiento agrícola”, advirtió Adler en su escrito.
