Rechazan un pedido de prisión domiciliaria del represor Alejandro Duret
El Tribunal Federal de Mar del Plata no hizo lugar a un nuevo pedido del ex integrante del Ejército que se encuentra nuevamente detenido desde septiembre pasado.
A tres meses de concretada nuevamente su detención -tras pasar cuatro años en libertad por la polémica aplicación de la ley del “2 x 1”-, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata rechazó otorgarle la prisión domiciliaria al represor Alejandro Duret, condenado en 2011 a 15 años de prisión por delitos de lesa humanidad de los que fue víctima en abril de 1976 Carlos Alberto Labolita, compañero de la facultad y de militancia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
El ex jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul había sido liberado en abril de 2016 y al año siguiente la Cámara de Casación había dejado sin efecto esa decisión, aunque su nueva detención de demoró hasta septiembre pasado ante distintas presentaciones realizadas por la defensa.
El pasado 17 de septiembre, por disposición del Tribunal Mar del Plata -compuesto en este caso por los jueces subrogantes Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Eduardo Jiménez- se concretó la detención de Alejandro Guillermo Duret, en su casa de Capital Federal, y fue alojado en la Unidad Penal Federal Nº 34 de Campo de Mayo al tiempo que se formó un incidente para resolver si se aceptaría o no otorgarle la prisión domiciliaria, tal como solicitó su defensa.
Esa decisión se extendió hasta esta semana cuando, en este caso los jueces Roberto Atilio Falcone, Héctor Omar Sagretti y Fernando Marcelo Machado Pelloni, dispusieron no hacer lugar al pedido de detención domiciliaria al entender que las condiciones en las que se encuentra en la Unidad Penal no afectan su estado de salud ni le implica ello mayores riesgos frente a la pandemia del coronavirus.
Al realizar el pedido, los defensores plantearon que distintas patologías que presenta Duret no podrían ser “debidamente atendidas en el establecimiento penitenciario que lo aloja” lo cual se veía agravado ya que por su edad se encuentra dentro de la población de riesgo por el covid-19.
Tras el rechazo de esos argumentos por parte del Ministerio Público Fiscal, los jueces resolvieron en el mismo sentido. En su voto, el juez Falcone entendió que “la presunta imposibilidad de la unidad penal que aloja al encausado de tener a buen resguardo su salud, fundamento de la morigeración en estudio, no ha encontrado correlato en los informes” médicos incorporados en el expediente.
“Resulta claro que si bien Duret presenta patologías de base que requieren de atención especializada, ello no obsta que cumpla su pena en un establecimiento penitenciario en tanto las autoridades aseguren un adecuado seguimiento de su evolución”, coincidieron los jueces.
UNA CAUSA CON IDAS Y VUELTAS
Inicialmente, en agosto de 2009, el represor había sido absuelto por mayoría por el Tribunal Oral de Mar del Plata con los votos de los jueces Jarazo y Esmoris y con la disidencia del por entonces magistrado Carlos Rozanski. Pero en 2011 la Cámara DE Casación revocó la absolución y lo condenó a 15 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, por haber sido cometido bajo violencia física sobre la persona, en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado, también, en virtud de tratarse de un perseguido político.
Duret había sido detenido inicialmente en diciembre de 2005 y permaneció en esa condición hasta el 3 de julio de 2009, tras la absolución. Sin embargo, tras el fallo de Casación en octubre de 2011 el Tribunal dispuso nuevamente su detención, y permaneció en el Penal de Marcos Paz hasta el 7 de abril de 2016 (en total, ocho años) cuando los jueces Jarazo y Esmoris dispusieron su liberación al hacer lugar a un planteo de la defensa por considerar que “debía aplicarse al supuesto la norma más benigna”, es decir, el beneficio de la ley del “2 x 1”.
Sin embargo, en septiembre de 2017 la Cámara de Casación resolvió dejar sin efecto esa decisión, tras lo cual los abogados defensores interpusieron diversos recursos que, mientras siguen en estudio por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, demoraron su detención hasta septiembre pasado.
