Violencia de género, exclusión del hogar y una situación de vulnerabilidad sin abordar
Un hombre que no tiene dónde ir y la posibilidad de que vuelva a la casa de su exmujer: cuando la falta de recursos y la inexistencia de un protocolo, pueden volverse un círculo vicioso.
Un hombre, jubilado y de unos 65 años, fue denunciado por violencia de género por su esposa, con quien convivía en una humilde casa de los suburbios de Mar del Plata. La denuncia habilitó una orden de exclusión del hogar durante seis meses. Sin embargo, su delicado estado de salud y la falta de recursos -y de un alojamiento alternativo decente- hacen que la defensa busque ante la Justicia que el denunciado vuelva con reparos a la casa de quien lo denunció. Un caso que evidencia cómo la falta de dispositivos de asistencia a los denunciados puede perpetuar episodios de violencia en contextos de vulnerabilidad.
En lo que es un caso particular, según describió la abogada defensora, María Del Mar Díaz en diálogo con Qué digital, el Juzgado de Familia N°2 de la ciudad de Mar del Plata no tuvo en cuenta su condición de adulto mayor y su imposibilidad de reubicarse en un lugar donde no se potencien los cuadros de sus padecimientos (enfermedad pulmonar obstructiva crónica –EPOC-, enfermedades coronarias y una discapacidad severa) a la hora de ordenar la exclusión del hogar donde vivió por más de 40 años junto a la mujer que lo denunció por supuestos malos tratos.
“Lo que nosotros pretendemos es que se dé un tratamiento diferente por ser adultos mayores. Hay una Convención Interamericana de los Derechos de los Adultos Mayores que dice que el acceso a la justicia tiene que ser igualitario. No tiene que tratarse como una medida de violencia común y normal”, expuso la abogada.
Según relató, sin tener otro lugar mejor a dónde ir, el denunciado permanece en una casa donde –por ejemplo- no posee agua caliente, entre otras carencias que hacen que empeore su cuadro de EPOC y, según la abogada, ponen en riesgo su vida.
En consecuencia, ante la inexistencia de un dispositivo, protocolo o lugar de alojo por parte de la Justicia o el Estado para casos como este, el planteo que –adelantaron- hará la defensa del acusado tras la apelación de la medida dispuesta por el Juzgado, será conciliar con la denunciante la vuelta del hombre a la casa a través de la división de las estructuras.
“La solución que ofrecemos nosotros es que compartan la vivienda, haciendo una división en la propiedad. Pero no sabemos lo que va a pasar. Yo apelé la medida por la vulneración de derechos de adultos mayores en el tratamiento de una denuncia de violencia”, comentó la abogada, quien insistió en que “la jueza toma una medida que el señor no puede cumplir porque no tiene dónde vivir, quién lo ayude. Es una cuestión académica y novedosa. Son medidas extremas que toman”, cerró.
Se trata, entonces, de un caso que abre no sólo un debate sino la necesidad de abordar la problemática desde una más amplia perspectiva. Porque, más allá de que aún sea insuficiente la contención hacia las víctimas, lo planteado puede funcionar como un punto de partida para, a partir del abordaje de la situación del denunciado en situación de vulnerabilidad, se logre avanzar y así evitar que se reproduzcan situaciones de violencia cada vez que la Justicia o la situación personal de un acusado no encuentren otra salida que la vuelta a la convivencia.
“LO ECONÓMICO SUELE SER IMPEDIMENTO PARA CUMPLIR LAS MEDIDAS”
Ante la consulta de este medio, desde el Centro de Atención a la Mujer Maltratada (CAMM) coincidieron en que el Estado debe generar los dispositivos para atender al denunciado, sobre todo, porque “ninguna decisión que se tome puede poner en riesgo a la persona violentada”.
A la hora de garantizar los derechos de ambas personas, tanto de la persona vulnerada como del denunciado, la resolución de este tipo de conflictos suele verse afectada por la falta de recursos: “El problema económico suele ser una cuestión que impide muchas veces que se puedan cumplir las medidas que imponen los jueces. Lo que pasa es que en algunos casos el hecho de que el hombre vuelva, significa violencia para la mujer”, señalaron ante la consulta de Qué digital.
“Hace muchos años tuvimos un caso de personas con estas características, donde hicieron una división de la casa. Pero a la larga muchas veces la violencia vuelve. Después de cinco años la mujer volvió a Centro de Ayuda a la Mujer Maltratada y contó que la había vuelto a violentar. Lo que está en claro es que ninguna decisión que se tome puede poner en riesgo a la persona violentada”, ejemplificaron.
Ante esta situación, el denominador común es la falta de intervención integral por parte del Estado: “Esta es la asistencia que nosotras siempre decimos que falta. Que el Estado no asiste. Si acá hubiera recursos, esta situación no se plantea, aún para el propio agresor. Además, las condiciones económicas son un condicionante para que las situaciones de violencia se puedan terminar”.
“No hay nada. Ni siquiera los dispositivos de atención a gente en situación de calle recibían a personas con denuncias de violencia. Hay cierta razonabilidad, pero el Estado tiene que tener dispositivos para una de estas situaciones”, concluyeron.
- Por emergencias: llamar al 911.
- Línea 144 del Consejo Nacional de las Mujeres: las 24 horas.
- Comisaría de la Mujer: las 24 horas, en Juan B. Justo 3649.
- Línea Malva 108: de lunes a viernes de 8 a 20, para consultas.
- Dirección de Políticas de Género MGP: de lunes a viernes de 8 a 20, en Alberti 1518 | 451-1184.
- Centro de Atención a la Mujer Maltratada: lunes, miércoles y viernes de 14.30 a 17 en Larrea esquina Salta (472-0524).
- En Red: en 25 de mayo 4135 | (0223) 156-017711 | redviolenciasabusotrata@gmail.com.
