PAMI: procesaron a funcionarios y empresarios por fraude
La causa apunta contra una maniobra tendiente a defraudar al Estado a través de la contratación de una sociedad falsa. Entre los procesados está la por entonces directora local, Alejandra Urdampilleta. Uno por uno, las acusaciones en su contra.
En el marco de una causa que investiga una “administración fraudulenta” entre los integrantes de una sociedad falsa o “fantasma” cuyo objetivo era la prestación de servicios odontológicos y funcionarios de PAMI Mar del Plata, nueve acusados fueron procesados en las últimas horas por la Justicia federal. Entre ellos, se encuentra la por entonces directora de la dependencia y ex funcionaria municipal, Alejandra Urdampilleta.
La decisión del juez federal Santiago Inchausti, titular del Juzgado Nº 3, determinó el procesamiento de nueve personas -cuatro ya lo estaban y les fue ampliada la acusación-, el dictado de la falta de mérito para tres personas y el sobreseimiento para otras cinco.
En esta instancia de la investigación, se determinó la configuración de una maniobra tendiente a defraudar al Estado Nacional a través de la creación de una sociedad falsa, denominada “Integradora del Sudeste” SRL -integrada por personas fallecidas o prestanombres-, la cual fue contratada de hecho y de manera irregular por un período prolongado de tiempo, por lo menos desde el 2005 al 2008, por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) a los efectos de brindar presuntos servicios odontológicos cuya prestación “generó un perjuicio patrimonial para las arcas del organismo estatal”, según figura en la causa.
Concretamente, la maniobra investigada implicó “no controlar las prestaciones que se hacían para facturar prestaciones no realizadas o realizadas por personal médico no autorizado“. En ese marco es que esta sociedad falsa presentaba al cobro ante el instituto expedientes relacionados con presuntos servicios odontológicos prestados con firmas de personas inexistentes o fallecidas.
El procesamiento dictado alcanzó a la entonces directora a cargo de la Unidad de Gestión Local, Alejandra Urdampilleta -exconcejal y exsecretaria de Desarrollo Social municipal durante el gobierno de Gustavo Pulti-, a los auditores del organismo y a los responsables de la empresa cuestionada. A todos ellos, además, se les dictó un embargo de un millón de pesos. También se dictó el procesamiento de escribano, a quien se le decretó un embargo por la suma de 50 mil pesos.
UNO POR UNO, LOS PROCESADOS
* Néstor Fabián Pardo. Titular de la empresa odontológica investigada. Fue procesado en octubre de 2014 por considerarlo responsable del delito de defraudación cometido en perjuicio de la administración pública, situación confirmada por la Cámara en marzo de 2016. Ahora se amplió su procesamiento por considerárselo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública reiterado.
* Marcela Susana Pagano. Titular de la empresa odontológica investigada. Fue procesada en octubre de 2014 por considerarlo responsable del delito de defraudación cometido en perjuicio de la administración pública, situación confirmada por la Cámara en marzo de 2016. Ahora se amplió su procesamiento por considerársela partícipe necesaria del delito de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública reiterado.
* Rubén Carlos Aparicio. Empleado administrativo de la empresa que habría intervenido en los trámites de cobro de los falsos servicios. Fue procesado en octubre de 2014 por considerarlo responsable del delito de defraudación cometido en perjuicio de la administración pública, situación confirmada por la Cámara en marzo de 2016. Ahora se amplió su procesamiento por considerárselo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública reiterado.
* Rubén Carlos Pallaro. Figuraba como el endosante de los cheque que se cobraban en el Banco Nación por los servicios. Fue procesado en octubre de 201 por considerarlo responsable del delito de defraudación cometido en perjuicio de la administración pública, situación confirmada por la Cámara en marzo de 2016. Ahora se amplió su procesamiento por considerárselo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública reiterado.
* Ricardo Rubén Vaquero. Habría colaborado para formalizar las autoridades de la sociedad Integradora del Sudeste SRL en fecha posterior al deceso de quien aparecía falsamente como uno de sus responsables. Fue procesado por considerarlo autor del delito de falsedad ideológica.
* María Alejandra Urdampilleta. Responsable de la Unidad de Gestión IX Mar del Plata en la época de los hechos investigados. Fue procesada por considerarla coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública reiterado.
* Hugo Daniel Artero. Funcionario que habría intervenido en los trámites de los expedientes presentados al cobro. Fue procesado por considerarlo coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública reiterado.
* Berta María Pasini. Funcionaria que habría intervenido en los trámites de los expedientes presentados al cobro. Fue procesada por considerarla coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública reiterado.
* Cesar Miguel Lozano. Funcionario que habría intervenido en los trámites de los expedientes presentados al cobro. Fue procesado por considerarlo coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública reiterado.
