Defraudación en PAMI: rechazan pedidos de probation y piden apurar el juicio
La investigación se inició en la Justicia Federal de Mar del Plata hace diez años sobre hechos cometidos entre el 2005 y 2008. Cómo sigue el caso.
En el marco de la causa que investiga hace unos diez años hechos de defraudación contra PAMI cometidos entre 2005 y 2008, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata rechazó el pedido de dos acusados que apuntaba a evitar el juicio oral y acceder a una probation. Mientras tanto, la fiscalía pidió que el juicio oral contra una parte de los acusados -concretamente contra cuatro, entre los que no se encuentran los exfuncionarios implicados- se realice lo antes posible, teniendo en cuenta el paso del tiempo.
La causa, instruida por la Fiscalía Federal Nº2 y el juez Santiago Inchausti, se inició hace unos diez años bajo la sospecha de la existencia de una “administración fraudulenta” entre los integrantes de una sociedad falsa o “fantasma” -cuyo objetivo era la prestación de servicios odontológicos- y funcionarios de PAMI de Mar del Plata. El caso, en noviembre de 2017, avanzó con el procesamiento de nueve personas.
Pasados los años, la causa fue elevada parcialmente a juicio contra cuatro imputados (Néstor Pardo, Marcela Pagano, Rubén Aparicio y Carlos Pallaro) bajo la acusación de administración fraudulenta en función del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública reiterado, en tanto que otro tramo -en el que se encuentran apuntados ex funcionarios públicos con algún grado de intervención en los hechos- aún espera llegar a esa instancia.
En ese marco, recientemente el abogado defensor de dos de los acusados, Pardo y Pagano, Facundo Capparelli, solicitó la suspensión del proceso a prueba al considerar que se encuentra en juego una pena en expectativa que permitiría la ejecución condicional de la condena y al sostener que los dos imputados no registran antecedentes penales y que ofrecerían una reparación del daño y se sujetarían a pautas de conductas establecidas.
Ante el pedido, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) se opuso a la suspensión de juicio a prueba al remarcar que el Código Penal prohíbe la aplicación de esa opción cuando han participado en el hecho funcionarios públicos. Así, remarcó que los cuatro acusados que deberán enfrentar el primer juicio “actuaron en connivencia con funcionarios del PAMI” .
Por su parte, el fiscal Juan Manuel Pettigiani dictaminó que se rechace el pedido al considerar que la acusación no le permite afirmar que en caso de recaer una condena la pena sea de ejecución condicional por lo que entendió que los hechos deben ser ventilados en el juicio oral y público y para lo cual solicitó que se fije una fecha “a la brevedad”.
En su dictamen planteó que el monto del perjuicio económico al 2008 era de $882.218, que actualizados a la fecha alcanzarían el total de $37 millones.
El juez del Tribunal Oral Federal Fernando Machado Pelloni decidió, en sintonía con esos planteos, no hacer lugar al pedido de la probation para los dos acusados que lo requirieron y remarcó en su resolución que “las conductas reprochadas deben ser entendidas como un hecho total y, por ello, por más que a la fecha se haya elevado parcialmente la causa a juicio, quedando en la instrucción respecto de quienes presuntamente intervinieron bajo la calidad de funcionarios públicos, no se debe olvidar que el suceso fáctico es único, resultando imposible desvincularnos de esta cuestión”
“Si bien aquí, en principio, ninguno revestiría tal carácter, lo cierto es que el conjunto global del hecho sí podría agrupar a otras personas que revistan ese rol. Por tanto, es prematuro, ante ese panorama, hacer lugar al cause alternativo al juicio oral, añadiéndole la complejidad y gravedad de los delitos investigados”, concluyó en la resolución a la que accedió Qué digital.
También entendió que de los efectos que produjeron las acciones que son motivo de acusación “se desprende la trascendencia social y la gravedad institucional que los hechos representan” y planteó que “una de las misiones del Estado social y democrático de derecho es cuidar el patrimonio estatal, debiendo estar la judicatura alerta cuando llega a examen un caso donde se ponga en crisis los objetivos públicos propuestos no satisfechos por
medio de maniobras que presuntamente podrían resultar defraudatorias”.
De acuerdo a la causa, los investigadores detectaron y le atribuyen a los acusados una maniobra tendiente a defraudar al Estado Nacional a través de la creación de una sociedad falsa, denominada “Integradora del Sudeste” SRL -compuesta por personas fallecidas o prestanombres-, la cual fue contratada de hecho y de manera irregular por un período prolongado de tiempo, por lo menos desde el 2005 al 2008, por PAMI a los efectos de brindar presuntos servicios odontológicos cuya prestación “generó un perjuicio patrimonial para las arcas del organismo estatal”, según la acusación.
Además de los cuatro acusados que irán a juicio en esta primera instancia, en la investigación se encuentran procesados desde fines de 2017 la por entonces directora de la delegación local, Alejandra Urdampilleta y los auditores Hugo Artero, Berta Pasini y Cesar Lozano.
Según la acusación, la maniobra investigada implicó no controlar las prestaciones que se hacían para facturar prestaciones no realizadas o realizadas por personal médico no autorizado. Y en ese marco es que la sociedad falsa presentaba al cobro ante el instituto expedientes relacionados con presuntos servicios odontológicos brindados con firmas de personas inexistentes o fallecidas.
