Casita Azul: avanza el traspaso al Municipio para la creación del centro contra la trata
El gobierno municipal elevó el proyecto para aceptar la donación del inmueble realizada por la Provincia tras la expropiación sancionada en 2014.
A dos meses de realizado el traspaso por parte del gobierno provincial, el Municipio elevó al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza por el cual se debe formalizar la aceptación de la donación de la “Casita Azul”, el histórico prostíbulo de Mar del Plata ubicado en 20 de Septiembre 57 que fue clausurado en 2010 y cuyo edificio fue expropiado hace poco más de dos años para la instalación en lugar de un “Centro Marplatense de Memoria y Lucha contra la Trata de Personas”.
En noviembre desde el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense realizaron la presentación de la nota al intendente Guillermo Montenegro en la que se efectivizó el traspaso del inmueble y para que finalmente se concrete se debe cumplir la aceptación de la donación por parte del Municipio, según se fijó en la ley expropiatoria aprobada en 2014 por la legislatura provincial.
En ese contexto, días atrás el gobierno municipal elevó al Concejo el proyecto de ordenanza para aceptar la donación del inmueble y además para disponer la condonación de la deuda que por servicios o tasas municipales registra el inmueble. “El predio será destinado a fines de solidaridad social a través del funcionamiento del Centro Marplatense de la Memoria y Lucha contra el Delito de la Trata de personas, sostiene el expediente y prevé que las mejoras edilicias a realizarse en el inmueble -que está sumamente deteriorado por el paso del tiempo- estarán a cargo de la Municipalidad.
El proyecto para expropiar la “Casita Azul” fue presentado por los entonces diputados marplatenses Pablo Farías (GEN) y Fernanda Raverta (Frente para la Victoria) con el impulso de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas tras distintos debates promovidos desde el 2009 por una serie de denuncias presentadas por distintas organizaciones sociales que motivaron allanamientos en el lugar, en los que se encontró a una veintena de mujeres de Paraguay y de República Dominicana que eran traídas a Mar del Plata a través de engaños para ser explotadas sexualmente.
En 2010, el lugar quedó clausurado definitivamente. La causa judicial llegó a un juicio abreviado en el 2012 y el Tribunal Oral Federal decidió condenar a cuatro años de prisión a tres responsables por los delitos de “trata de personas agravada, explotación económica de la prostitución y administración de casa de prostitución”.
Con el tiempo, el proyecto de expropiación avanzó en la Legislatura bonaerense, en abril del 2014 se convirtió en ley y luego fue promulgada por el gobierno por entonces a cargo de Daniel Scioli. Sin embargo, el proceso se vio demorado a partir de la falta de los pagos correspondientes a los antiguos dueños, afectado por las deudas que presentaba la propiedad. Todo ese trámite finalizó en 2019 cuando tras los pagos correspondientes el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de Mar del Plata otorgó la posesión del bien al Estado provincial y, posteriormente, la declaración de expropiación del inmueble.
