“Cuando se afectan intereses, algunos quieren detenernos”
Adrián Alveolite defendió su rol en la Secretaría de Seguridad, en el marco de los operativos de intervención en desarmaderos, y luego de que el intendente cuestionara la presentación de otra denuncia por abuso de autoridad.
“A los funcionarios que van para adelante, que se hacen cargo y se responsabilizan, los denuncian”. Con esas palabras, el intendente Gustavo Pulti hacía días atrás una fuerte defensa del titular de la Secretaría de Seguridad a raíz de la presentación, según dijo, de una nueva denuncia por abuso de autoridad en su contra. Al respecto, el propio Adrián Alveolite minimizó la cuestión y sostuvo: “Cuando se afectan intereses, algunos quieren detenernos”
Si bien tan solo se trataría de una presentación judicial sin más sustento que la intención de un particular -a diferencia de la causa que actualmente está en curso y sobre la que se solicitó la elevación a juicio oral- la novedad fue una buena ocasión para que el Ejecutivo local cargara contra los que “encuentran la manera de obstaculizar y de obstruir a aquellos que tratan de cumplir con las responsabilidades que tienen”.
Ante la consulta de este medio, el secretario de Seguridad precisó que, de acuerdo a lo que se les informó, “un abogado local presentó una denuncia contra autoridades por abuso de autoridad sobre una intervención en una vivienda que el Estado municipal demolió hace algún tiempo”.
Aunque el funcionario aseguró que la Procuraduría Municipal estaba a cargo del tema, desde la dependencia dijeron estar al tanto de la existencia de alguna presentación, pero aclararon: “Nosotros no hemos tomado intervención y si el Estado municipal no está implicado tampoco nos correspondería”.
Sin embargo, y más allá de la cuestión legal y puntual, Alveolite defendió el accionar de la Secretaría a su cargo y recordó que cualquier tipo de intervención llevada adelante se concreta “luego de los informes técnicos de la Secretaría de Obras Privadas, de la denuncia de los vecinos y de la elaboración de los informes de la policía sobre las complicaciones que genera la vivienda abandonada”.
“Paralelamente –remarcó- se contempla el accionar que los inspectores municipales llevan adelante y por eso se considera que están reunidas las condiciones legales para que el Estado actúe como lo hace en cada uno de estos procedimientos”.
En ese sentido, y de acuerdo a lo indicado por el funcionario, antes de la demolición se notifica al propietario, se publican los edictos correspondientes y se lo intima a realizar las reparaciones. “Pero ante toda esa omisión, hay un responsabilidad del Estado que nos obliga a tomar este tipo de medidas, fundamentadas en el reglamento general de construcciones y en las posibilidades del gobierno local de intervenir ante la falta de respuestas cuando la permanencia de un inmueble puede generar un riesgo para la vida humana de quienes la habitan o quienes transitoriamente ingresan con determinados fines”, señaló.
A su vez, el secretario de Seguridad recalcó que su labor tiene que ver con “mejorar las condiciones en los barrios de Mar del Plata y Batán”. Por eso, dijo, “cuando uno interviene en los desarmaderos, en situaciones vinculadas en la trata y la explotación o en el juego ilegal, se están tocando intereses y afectando situaciones que para otros generan rentabilidad, lucro u oportunidades para hacer negocio”.
Ante esta situación, entendió el funcionario, “cuando se afectan intereses, cuando uno interviene en estas cosas, hay gente que intenta detenernos”. “Son muchas las partes que se ven afectadas y estamos transitando un año político en el que a veces otras personas piensan cómo detener el funcionamiento de una Secretaría que desde marzo de 2013 está trabajando para estar más cerca del vecino; hoy si bien hay que redoblar los esfuerzos y hacer mucho más, hay gente que intenta detenernos”, completó.
