El Senado convirtió en ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
Sin Cristina Kirchner al momento de la votación, se aprobó el proyecto del gobierno de refinanciación de la deuda contraída por el expresidente Macri.
En una extensa sesión especial que finalizó en las últimas horas de este jueves con la ausencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la votación, el Senado de la Nación aprobó el acuerdo alcanzado por el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación de la deuda contraída en 2018 por el expresidente Mauricio Macri. Juntos por el Cambio acompañó el pacto, en tanto que en el propio oficialismo hubo divisiones internas.
Una semana después de que la Cámara de Diputados de la Nación diera media sanción al proyecto de ley que habilita al gobierno del Frente de Todos a pactar con el FMI en los términos de la Ley 27.612 de “Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública”, la Cámara Alta terminó de dar el aval del Congreso al pacto, a pesar del fuerte rechazo que se expresó en las calles, tanto en Capital Federal como en diversas ciudades como Mar del Plata.
El proyecto fue aprobado en el Senado minutos después de las 23 con 56 votos afirmativos -20 del oficialismo, 32 de Juntos por el Cambio y 4 de sectores aliados-, 13 negativos -todos del Frente de Todos- y 3 abstenciones.
Senadores cercanos a Cristina Kirchner votaron en contra, y la vicepresidenta no participó de la sesión al momento de la votación lo que dejó expuesta aún más la tensión y la ruptura existente en la coalición gobernante.
Según informaron desde el gobierno antes de la presentación del proyecto de entendimiento con el organismo internacional de crédito, la refinanciación implica pasar de un acuerdo “Stand By” como el firmado en 2018 a uno de “Facilidades Extendidas”, es decir, hacerse de un nuevo financiamiento del organismo y pasar a pagar la deuda por 45 mil millones de dólares con vencimientos “menos concentrados”.
Así, como parte de ese refinanciamiento, implica un “cogobierno” con el organismo internacional que prácticamente es liderado por Estados Unidos: cada tres meses y en diez ocasiones -es decir, a lo largo de dos años y medio-, el Fondo Monetario Internacional llegará con una misión para “revisar las cuentas” del gobierno nacional.
El acuerdo, además, consta de un “período de gracia” de cuatro años, es decir, comenzar a pagar vencimientos desde 2026 y hasta 2034. En cuanto a los desembolsos que hará el organismo en función de la deuda contraída, los mismos se realizarán luego de cada revisión.
Para acceder a la refinanciación, el FMI planteó una serie de metas macroeconómicas, cuestionadas por el rol que históricamente toma el organismo de crédito para con los países endeudados.
De todos modos, el gobierno de Alberto Fernández se comprometió, por ejemplo, a una reducción progresiva de la inflación -por ejemplo, según trascendió, el acuerdo pronostica una variación de los precios del 48% para 2022- mediante un proceso de acumulación de reservas que “otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas”, pronosticaron.
A su vez, acordó con el Fondo una reducción gradual del déficit fiscal que de todos modos conllevará -aseguran- un “crecimiento moderado del gasto en términos reales”. Así, las metas de déficit primario pautadas son del 2,5% del PIB en 2022, del 1,9% en 2023 y del 0,9% en 2024.
Tanto organizaciones sociales como referentes e integrantes del propio gobierno cuestionan estas metas porque históricamente, conllevan un proceso de ajuste del dinero que invierte el Estado, por ejemplo, en redistribuir las ganancias o inversiones que permitan un crecimiento. De todos modos, el gobierno nacional asegura que las metas dejarán un margen para “aplicar un paquete equilibrado de medidas de gastos e ingresos”.
Otro de los puntos que implica el acuerdo -según trascendió semanas atrás- tiene que ver con las tarifas de servicios de gas y electricidad, y sostienen que buscarán llevarlas a “niveles razonables”. Así, anunciaron cambios como por ejemplo un esquema de segmentación de subsidios que se orientarán principalmente a usuarios “vulnerables y con menor capacidad de pago”.
En ese sentido, la segmentación tarifaria para la redistribución de subsidios contemplará tres niveles: habrá usuarios que dejarán de percibir subsidios tarifarios (en consecuencia, tendrán un fuerte incremento) y serán aquellos que tienen “plena capacidad de pago“, es decir, los sectores de mayores ingresos. Por su parte, usuarios de tarifa social tendrán un incremento total por año del 40% del coeficiente de variación del salario del año anterior, en tanto que para el resto de los usuarios el incremento total por año calendario será equivalente al 80% de ese mismo coeficiente.
