Estacionamiento de Playa Grande: polémica, acuerdos e intereses
La Unidad Turística Fiscal fue concesionada en 2012 a la firma Playa Azul. El Emtur y el Concejo advierten que no cumplió con las obras y la inversión, pero Arroyo firmó un nuevo acuerdo. La firma apunta contra a otras empresas.
La realidad en torno a la Unidad Turística Fiscal Estacionamiento del Complejo Playa Grande expone una vez más los intereses de poder que entran en juego ante buena parte de importantes licitaciones en torno a los espacios públicos de Mar del Plata. Este sector de la costa fue concesionado en 2012, por 20 años, a la firma Playa Azul SA a cambio de un canon y de una inversión a través de obras.
Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo el Ente Municipal de Turismo (Emtur) aplicó multas por la falta de cumplimiento de los plazos establecidos para esos trabajos pautados y recientemente el intendente Carlos Arroyo, ante un planteo de caducidad y contra lo avanzado por sus propios funcionarios, firmó un acta transaccional por medio del cual abre la posibilidad de que la firma desarrolle en ese espacio, además del estacionamiento, actividades de gastronomía, salón multiespacio de fiestas y eventos sociales y culturales, con shows en vivo.
En este marco, el Concejo Deliberante aprobó esta semana un duro pedido de informes a Arroyo en el que sostiene que en el acuerdo, el jefe comunal “no sólo desautorizó las actuaciones llevadas adelante por el Ente Municipal de Turismo sino que autoriza nuevos usos para la UTF” por lo que entiende que ese acuerdo debería pasar por el Concejo. Mientras tanto, desde la parte empresarial acusan una “acción orquestada en conjunto por grupos económicos y apoyadas por ciertos sectores políticos” y afirman, llamativamente y contrario a lo expresado por las áreas técnicas de la Municipalidad, que “la obra se hizo a más del 90%” y que “lo que no se pudo cumplir fue por factores exógenos”.
La polémica en torno al estacionamiento de Playa Grande se mantiene hace tiempo, pero recientemente el tema volvió a quedar expuesto ante el acuerdo firmado por Arroyo y el avance de un pedido de informes en el Concejo Deliberante con duros cuestionamientos a la actitud del jefe comunal y la empresa concesionaria, que estuvo a un paso de que perder la concesión por decreto.
CRONOLOGÍA
El pedido de informes aprobado este jueves por el Concejo Deliberante -impulsado por la comisión de Turismo- hace un pormenorizado detalle sobre el historial del conflicto.
Inicialmente relata que en 2012 se adjudicó “el uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Estacionamiento del Complejo Playa Grande a la firma Playa Azul la cual se presentara como oferta Nº 4 al llamado a licitación pública (…) por un canon anual de $414.000 y un monto de inversión en obra e infraestructura de $13.966.349,90″. En este marco, reseña que el 24 de abril de 2012 se firmó el contrato por un plazo de 20 años y que allí se explicitó que el plazo máximo de ejecución de las obras comprometidas sería de 24 meses, una vez aprobado el legajo técnico.
Asimismo, el expediente puntualiza que en la Memoria Técnica Constructiva se detallaban entre otras obras el desarrollo de un “Estacionamiento Automático Computarizado” compuesto por un sistema de “equipos que movilizan al vehículo verticalmente en forma automática y mecanizada”, la instalación de “dos ascensores panorámicos electromecánicos de caja vidriada de uso público” y la generación de energía eólica.
En el marco temporal, el expediente reseña que el legajo técnico presentado por la firma Playa Azul SA se aprobó el 21 de agosto de 2012, a través de la Disposición 48/2012 emitida por la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.
Asimismo y en un salto temporal de cinco años repara en que una disposición emitida en abril de 2017 por la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales dejó sin efecto, luego de casi cinco años, la disposición inicial de 2012 y otorgó un plazo máximo de obra de 12 meses.
Por otro lado, hace referencia un informe emitido por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano en junio de 2018 en el cual se le comunica al Emtur que “a la fecha en la unidad de referencia no se ha dado reinicio entre otras obras, correspondientes al tercer local, previsto en la reformulación del proyecto, aprobado por ese Ente y cuya finalización de obra fuera fijada para el 30 de junio de 2018”. A su vez, expone el expediente aprobado en el Concejo, que esa nota señalaba que se estaban realizando sanitarios públicos sin la correspondiente autorización.
Además, relata que en el expediente luego se corrigió la fecha de finalización de la obra y se la fijó para el día 20 de agosto de 2018.
Luego, señala que el 14 y 27 de agosto de 2018 la Dirección de Control de Obras de Unidades Turísticas Fiscales realizó informes que detallaban “las obras que se están realizando, aunque el plazo de la segunda ya estaba vencido“. Y plantea que el 31 de agosto de ese mismo año, la Secretaría de Obras detalló pormenorizadamente los montos de las obras realizadas y allí se sostuvo que “se observa una ostensible diferencia en menos entre el proyecto que fuera aprobado en la adjudicación y las variantes de modificación y ejecutadas parcialmente a la fecha límite para su culminación, 20 de agosto de 2018”.
“Más allá de las infracciones vinculadas a los plazos de obra, en el expediente se evidencias irregularidades en la planimetría, la situación laboral de quienes trabajan en las obras, el uso indebido del nombre de un profesional que no participa de la obra y acciones que no responden a los objetivos del pliego”, advierte el proyecto de comunicación aprobado por el Concejo.
Además, hace referencia a dos resoluciones del Emtur por medio de las que se le aplicaron dos multas al adjudicatario, una del 15% y otra del 30% en relación al canon de la temporada 2017-2018.
Tras ello, en el expediente se reseña que en diciembre del año pasado Playa Azul elevó una nota al Emtur en la que manifestaba que existía una “imposibilidad material de realizar las obras duras con los estándares de calidad y cantidad esperables” por lo cual solicitaba realizar una “compensación” a través de un consenso entre las partes. Sin embargo, repara el proyecto, la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales (del Emtur) sostuvo que estas propuestas modificaban las condiciones de origen de la licitación y sostenía que el plazo de ejecución de la obra se encontraba “holgadamente vencido” por lo que desestimó las presentaciones.
EL ACUERDO DE ARROYO
De esta manera, el expediente del Concejo Deliberante relata que a pesar de todo lo detallado previamente el 10 de abril pasado el intendente “firmó un Acuerdo Transaccional con el señor Osvaldo Martín Alonso, representante de Playa Azul SA“, que en ese documento “el intendente hace lugar al recurso interpuesto por Playa Azul SA. contra la resolución Emtur” y que “en la quinta consideración se señala que ‘el Departamento Ejecutivo expresa su voluntad e interés de que se concrete la propuesta de inversión proyectada por Playa Azul SA'”
El acuerdo firmado por Arroyo -y nunca informado oficialmente- implica, además de la inversión en la Unidad Turística Fiscal, que el concesionario realice obras a modo de “compensación adicional” en el Centro de Veterinaria y Zoonosis proyectado para construirse en Laguna de los Padres, que ponga en valor un inmueble municipal ubicado en 11 de septiembre 2661, además de la Unidad Turística Fiscal Balneario 5 La Perla que ahora está a cargo del Municipio.
Además, el expediente aprobado en el Concejo repara en que en el acta de acuerdo el Ejecutivo se comprometió “a instruir al Emtur en consonancia con lo aquí resuelto, y que implica aprobar la inversión propuesta por la firma Playa Azul por un monto total de obra de $54.871.022,25 siendo el plazo de ejecución de la obra de doce meses contados a partir de la aprobación del legajo técnico y la respectiva acta de inicio, quedando admitidos los usos peticionado por Playa Azul y que involucran las actividades de gastronomía (bar, restaurante, etc), salón multiespacio de fiestas y eventos sociales y culturales, con shows en vivo, los cuales quedarán sujetos a las condiciones de habilitación que cada rubro demanda”.
De esta manera, en el proyecto impulsado por la comisión de Turismo del Concejo, los y las ediles que la integran reparan en que “de este modo el intendente no sólo desautoriza las actuaciones llevadas adelante por el Ente Municipal de Turismo y Recreación sino que autoriza nuevos usos para la UTF mencionada”.
“DEBERÍA HABER FIRMADO LA CADUCIDAD”
Días atrás, en diálogo con Radio Residencias el concejal de Unidad Ciudadana Marcos Gutiérrez -presidente de la comisión de Turismo- se refirió al pedido de informes aprobado por el Cuerpo y que ahora deberá responder Arroyo. Así, consideró que el intendente “tuvo en su mano la principal resolución” a partir de la existencia de un tercer nivel de multa e infracción estipulado en el pliego, que es la caducidad de la concesión.
“Tuvo todas las multas que el Emtur le debía poner, faltó la tercera, y la llave de eso la tenía el intendente, y entre tantos intereses cruzados, Arroyo tiene el interés particular de apoyar a un sector empresarial que no ha invertido en tiempo y forma y que los acuerdos que había firmado no los llevó adelante”, criticó y entendió: “Arroyo debería haber firmado la caducidad”. Asimismo, hizo hincapié en que dado que el acuerdo firmado por Arroyo recientemente “modifica el pliego de bases y condiciones”, el mismo “debería estar pasando por el Concejo Deliberante”, algo que aún no ocurrió.
Y graficó:”La empresa que gana para desarrollar el servicio de estacionamiento dice ‘yo voy a invertir 15 millones de pesos’ y la que pierde dice que va a invertir 2 millones. La que gana gana diciendo voy a hacer el estacionamiento, ahora quiere hacer un polo gastronómico y un boliche, y el intendente se lo permite”.
“UNA ACCIÓN ORQUESTADA EN CONJUNTO POR GRUPOS ECONÓMICOS”
Cuando la polémica comenzó a crecer en el Concejo Deliberante a partir del reciente acuerdo firmado por Arroyo, un abogado representante de la empresa, Osvaldo Vespa, habló del tema en Radio Brisas en busca de negar irregularidades.
“Arroyo no decidió modificar el pliego, fue de aprobar un acuerdo en el marco de lo que autoriza el pliego. Lo que se hace está enmarcado en al legalidad de la licitación y no viola derechos de nadie”, defendió y apuntó: “Quienes se oponen son parte de una acción orquestada en conjunto por grupos económicos, apoyadas por ciertos sectores políticos”.
Asimismo, aunque sin nombrarlos ni identificarlos, habló en diversas oportunidades de grupos económicos que -partiendo desde la ilegalidad- intentan -imponer “criterios que distorsionan la realidad de la licitación” y cuestionó que el tema sea “el centro de los portales y los diarios de Mar del Plata”.
“Estos grupos económicos imputan que no se había cumplido con los montos de inversión o con la obra comprometida. La obra se hizo en su casi totalidad, más del 90%; lo que no se pudo cumplir no fue por factores propios sino por factores exógenos a mi representada, derivada por alguna discrepancia de los usos autorizados por el pliego y de cuestiones edilicias de donde está emplazado el estacionamiento”, defendió.
Y así, respaldó: “Esa situación fue zanjada con la aprobación de una nueva obra interna y obra externa compuesta por tres obras de interés general. Estas obras suman un total de 80 millones de pesos, con lo cual se supera ampliamente la oferta actualizada que en su momento se hizo para ganar la licitación de Playa Grande”.
PEDIDO DE INFORMES DE LA DEFENSORÍA
Este viernes, tras la aprobación del pedido de informes en el Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo de la ciudad hizo lo propio.
“Se consulta si las modificaciones de obra e inversiones consensuadas en el Acta Transaccional respeta el principio esencial de la Licitación Pública de igualdad ante la ley que debe mantenerse inconmovible e inalterable durante todo el plazo de la concesión, máxime habiendo habido diversos oferentes que formularon propuesta en dicho procedimiento”, explicaron desde el organismo y señalaron que, entre otros puntos, también buscan saber si la cláusula que ordena al Emtur “a ejecutoriar lo resuelto en dicho acuerdo es compatible con la autonomía e independencia jurídica, económica y funcional del ente descentralizado municipal”.
