La oposición pide la renuncia de los funcionarios denunciados por amenazas
El Frente de Todos cuestionó al intendente Montenegro tras la restricción de acercamiento dictada contra tres funcionarios con respecto a concejales radicales.
Tras conocerse la medida de restricción de acercamiento impuesta por la Justicia a tres funcionarios municipales con respecto al bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) en el marco de una causa por amenazas, desde el Frente de Todos salieron a cuestionar al intendente Guillermo Montenegro y reclamaron que le pida la renuncia a los involucrados.
El posicionamiento del principal bloque opositor se conoció este sábado a la mañana mientras el gobierno de Montenegro no había emitido ninguna declaración referida al escándalo desatado este viernes a partir de que la Justicia de Garantías ordenara el dictado de una medida cautelar de restricción de acercamiento contra tres funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social hacia los concejales radicales Daniel Nuñez, Marianela Romero y Gustavo Pujato en medio de una investigación judicial por amenazas e intimidaciones sucedidas en las últimas semanas.
“El intendente Guillermo Montenegro cada vez que puede hace gala de su ‘transparencia’ pero ayer la Justicia dictaminó que tres de sus funcionarios no se pueden acercar a tres de sus concejales. ¿Cuando le va a pedir entonces la renuncia a estos violentos?”, cuestionó a través de sus redes sociales la presidenta del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro.
A las críticas contra el intendente también se sumaron otros concejales del Frente de Todos: Miguel Guglielmotti apuntó que “funcionarios de Montenegro se dedican a amenazar a los concejales de su espacio político” y Roberto Páez afirmó: “En varias oportunidades denunciamos la connivencia del intendente con bandas mafiosas y marginales, que eran utilizadas como mano de obra para intimidar y meter miedo. La Justicia tomó cartas en el tema a fin de terminar con estas lacras. Espero que la política no los cobije más”.
Es que las restricciones de acercamiento dispuestas a modo de medida cautelar mientras avanza la investigación en su contra alcanzan al subsecretario Daniel Teruel y a los directores coordinadores Lucas Amodey y Santiago Reyes, todos funcionarios dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social, y a tres sindicalistas, entre ellos Cristian Echeverría, referente del Sindicato de Trabajadores de Casino, Lotería, Agencias e Hipódromos (Sitaclah). En el caso de Echeverría ya había sido acusado por una situación similar por el concejal Páez, algo que en su momento desde el sindicato rechazaron.
El caso, que forma parte de una interna radical que se mantiene hace tiempo, terminó por quedar expuesto esta semana después de que en la casa de la hija del concejal Nuñez aparecieran pintadas en su contra y también afiches en el interior del Concejo Deliberante con mensajes como “concejal Nuñez narco”.
El edil radical formuló la denuncia por esos dos hechos como una ampliación de una causa previa que ya estaba abierta en la Justicia provincial bajo la acusación de amenazas.
