Por orden judicial, funcionarios de Montenegro no podrán acercarse al bloque radical
Así se desprende de una causa que investiga amenazas sufridas por Daniel Nuñez, uno de los concejales de la UCR.
Las amenazas sufridas por el concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) Daniel Nuñez sumaron un nuevo e insólito capítulo en las últimas horas luego de que la Justicia dictada órdenes de restricción de acercamiento no solo para con sindicalistas vinculados a un gremio de casineros sino también para propios funcionarios del gobierno de Guillermo Montenegro.
Es que luego de que esta semana Nuñez denunciara la aparición de pintadas en la casa de su hija y afiches en el interior del Concejo Deliberante -hecho que motivó el repudio del arco político– el Juzgado de Garantías Nº6 que interviene en el caso dictó órdenes de restricción de 200 metros para funcionarios que forman parte de la coalición gobernante, puntualmente para resguardar a los concejales Nuñez, Marianela Romero y Gustavo Pujato, como también para el dirigente juvenil del partido, Luciano Pagni.
En concreto, las restricciones dispuestas a modo de medida cautelar mientras avanza la investigación en su contra alcanzan al subsecretario Daniel Teruel y a los directores coordinadores Lucas Amodey y Santiago Reyes, todos funcionarios dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social que conduce una dirigente radical, Vilma Baragiola.
Por fuera de los funcionarios, la decisión judicial también alcanza a los sindicalistas Cristian Echeverría, Diego Paredes y Federico Cardozo, referentes del Sindicato de Trabajadores de Casino, Lotería, Agencias e Hipódromos (Sitaclah).
En el caso de Echeverría, además, ya había sido acusado por una situación similar por otro concejal -del Frente de Todos y además sindicalista de casinos- Roberto Páez, algo que desde el sindicato rechazaron.
Según contó Nuñez días atrás en una entrevista radial, además de las pintadas en la casa de un familiar, las amenazas llegaron al propio Concejo Deliberante, ya que en los pasillos de los bloques aparecieron fotos suyas con mensajes como “concejal Nuñez narco”.
Sin embargo, mientras las acusaciones principales recaen sobre hombres, según registros fílmico de las cámaras de seguridad, los carteles en cuestión habrían sido pegados por un grupo de mujeres.
Por otro lado, esa denuncia, según explicó entonces, fue radicada como una ampliación de una causa previa que ya estaba abierta en la Justicia provincial bajo la acusación de amenazas contra dirigentes gremiales como Echeverría.
