Colectivo trans: una cautelar por la desatención sanitaria en cárceles
La Comisión Provincial por la Memoria presentó la medida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la discriminación y violencia que sufre la población carcelaria trans.
Mónica Mego quedó parapléjica por una infección en la médula, derivada de un cuadro de tuberculosis no atendido a tiempo y de manera adecuada. Según denuncian desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), durante seis meses el Servicio Penitenciario Bonaerense le negó atención médica. Y para ellos, este caso desnuda “la vulnerabilidad del colectivo trans” en las cárceles de la provincia, donde las graves condiciones de encierro que sufren todas las personas detenidas se combinan con una práctica particularmente violenta y discriminatoria por la condición de género.
Es por eso que ante la falta de respuestas del Estado provincial, la CPM presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Mónica Mego y también por la desatención sanitaria que padece todo el colectivo trans dentro de las cárceles bonaerenses.
En ese marco, desde la Comisión consideraron que la desatención de la salud y las torturas que padecen las personas trans en el encierro tienen un componente discriminatorio que agrava aún más estas violaciones a los derechos humanos. Por esta situación, la CPM presentó una medida cautelar que sostiene “que la población trans-travesti alojada en la órbita del Sistema Penitenciario Bonaerense está en permanente riesgo de sufrir daños irreversibles o la muerte”.
Desde el organismo advirtieron que la situación en las cárceles bonaerenses se agrava a la par que crece la persecución y encarcelamiento de personas trans. Y a modo gráfico, expusieron que en el último año, la cantidad de travestis-trans detenidas creció casi en un 40%, lo que se complementa con el uso abusivo de la prisión preventiva, ya que el 86% de las personas que conforman este colectivo están detenidas sin condena.
UN COLECTIVO EXPUESTO A LA MUERTE POR ABANDONO
En la medida cautelar que fue presentada por la CPM se mencionan, ademas del de Mego, otros cincos casos de mujeres trans que murieron o sufrieron daños irreversibles en su salud bajo custodia del Estado. En todos los casos fueron acciones u omisiones del Servicio Penitenciario Bonaerense las que provocaron esas consecuencias, ya que en ninguno hubo alguna respuesta estatal, según consta en la presentación.
En ese sentido, desde la CPM aseguraron que tampoco se trata como se debe, dadas las políticas de salud penitenciaria, “la imposibilidad de continuar o comenzar tratamientos hormonales”. Y por otro lado, advirtieron que un alto porcentaje de las personas trans padecen VIH y la falta de atención adecuada sobre esta afección “es una de las principales causas del agravamiento de las condiciones de salud”. “Rara vez se realizan los controles necesarios y tampoco se respetan el suministro de medicación y la dieta especial indicada”, puntualizaron.
Y al respecto, desde la Comisión ahondaron en cómo para el colectivo trans, en un contexto de encierro “el acceso a la salud está mediado siempre por los agentes del SPB que utilizan este poder para extorsionar -muchas veces sexualmente- a las detenidas”. “Hay casos donde la atención médica es negada por motivos de discriminación, ya sea por parte de los penitenciarios o del personal de salud. Esto denota, a su vez, otro de los problemas fundamentales y sistémicos: la falta de profesionales especializados y con formación de género”, expusieron.
Asimismo desde el organismo consideraron que, en términos estructurales, hay dos rasgos característicos del trato discriminatorio como parte de la política de gestión del SPB: por un lado, se incumple la ley 26.743 sobre identidad de género y no se tiene en cuenta los trámites de rectificación registral; y por el otro, la organización penitenciaria de pabellones donde las trans comparten encierro con homosexuales y detenidos por delitos contra la integridad sexual.
“Esta decisión refleja claramente una sanción moral contra lo que el SPB parece considerar una ‘desviación sexual’, un concepto retrógrado”, apuntaron y ahondaron entonces sobre la violencia sexual: “Se manifiesta en requisas vejatorias reiteradas que incluyen desnudo total, exposición frente a penitenciarios hombres, detenidos o personal médico, manoseos, hostigamiento, amenazas vinculadas con la identidad de género o de tinte sexual y abusos sexuales por parte de personal penitenciario.
La situación de vulnerabilidad del colectivo trans en el encierro ya ha sido reconocida en varias oportunidades por la misma CIDH y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; sin embargo “el Estado argentino poco hizo por revertir estas sistemáticas violaciones a los derechos humanos”, según denunciaron desde la CPM.
Mónica fue detenida hace ocho meses, primero estuvo alojada en la Alcaidía Pettinato y desde febrero en la Unidad Penitenciaria N°32 de Florencio Varela. En octubre, dos meses después de su detención, comenzó a sufrir dolores persistentes en la espalda. Los dolores se fueron intensificando, acompañados por fiebre nocturna y escalofríos. Y con el tiempo comenzó a notar también dificultades para caminar.
En todo ese tiempo, el Servicio Penitenciario le negó cualquier gestión para atenderse extramuros y en Sanidad sólo le daban ibuprofeno y paracetamol, a pesar de los reiterados pedidos de asistencia. Cuando la derivaron al hospital San Martín ya era tarde: fue operada de un absceso epidural en la médula por tuberculosis, pero quedó parapléjica y sin control de esfínteres. El cuerpo médico del hospital reconoció que el daño irreversible en su salud se podría haber evitado si se atendía a tiempo.
Luego de la externación, Mónica volvió a la cárcel: desde hace más de un mes está alojada en una celda de aislamiento del anexo femenino de la Unidad Hospitalaria 22 de Olmos en completa soledad, sin la atención médica ni la asistencia sanitaria adecuadas para su estado de salud. Recientemente, la justicia reconoció la situación de abandono e hizo lugar a un habeas corpus presentado por la CPM por el agravamiento de las condiciones de detención que ponen en riesgo su vida.
Tal como se denuncia en la cautelar presentada ante la CIDH, Mónica recibe ocasionalmente la visita de enfermeros pero no con la regularidad que su cuadro clínico requiere. Hubo oportunidades en que no le cambiaron los pañales o que recibió un aseo superficial, debiendo permanecer con el mismo pañal más de 12 horas en condiciones indignas. Por su paraplejia y para evitar escaras y otras complicaciones necesita un colchón antiescaras, pero el Servicio Penitenciario Bonaerense no se lo proveyó. Tampoco recibe asistencia para efectuar rotación o fisioterapia para acompañar la recuperación.
Además, Mego se encuentra con tratamiento farmacológico por tuberculosis y con VIH como enfermedad de base. Estos padecimientos requieren de la provisión regular de medicamentes que muchas veces faltan y de una dieta especial que en la cárcel no se cumple ya que la comida que recibe es poca y mala.
El caso de Mónica da cuenta de la ausencia de políticas integrales de salud adecuadas para la población trans encarcelada. Si bien el déficit de esta atención afecta a toda la población encarcelada, se profundiza con este colectivo en cuanto la falta de acceso a la salud se combina con prácticas discriminatorias por condición de género.
