Piden el apartamiento preventivo de Garello a días de su declaración
El fiscal general de Mar del Plata fue citado a indagatoria para el 9 de agosto en el marco de la investigación por crímenes cometidos en la dictadura. Para la AJB “es inadmisible” que permanezca en funciones.
Tal como informó QUÉ Digital, el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, fue citado a indagatoria para la próxima semana en el marco de la investigación por dos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. A días de su declaración, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) solicitó el apartamiento preventivo del funcionario.
En noviembre del año pasado el pedido de jury contra el fiscal general de Mar del Plata fue archivado, lo cual derivó en que el fiscal no enfrente un juicio político. Sin embargo, la causa judicial siguió su curso, y luego de un cambio de magistrado, el Juzgado Federal N°2 de San Martín decidió llamarlo a indagatoria -al igual que a otros cinco imputados-.
La audiencia se realizará el próximo 9 de agosto, por decisión de la jueza federal de San Martín, Alicia Vence. Allí el funcionario deberá explicar su participación en el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez -y también en el secuestro y tortura de militantes comunistas-, mientras se desempeñó como integrante de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
“La permanencia de Fernández Garello en sus funciones es inadmisible bajo la vigencia del Estado de derecho”, manifestó el secretario de relaciones internacionales de la AJB, Mariano Fernández, quien requirió que Garello sea apartado de sus funciones en forma preventiva.
“Además de haber sido acusado de formar parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado, ocultó su condición de exagente de inteligencia en los diferentes procesos de selección que transitó para ser designado como juez de garantías y posteriormente como titular del Ministerio Público de Mar del Plata”, añadió el dirigente de la AJB.
Fernández Garello está acusado de haber desempeñado funciones de inteligencia para la comisión delitos de lesa humanidad, a partir de una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y lleva la firma de su presidente, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
La CPM presentó ante la justicia documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) que involucrarían al funcionario judicial en dos causas por delitos de lesa humanidad: el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, y el secuestro y tortura de tres militantes comunistas.
Si bien en septiembre del año pasado el Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, había citado al fiscal y a otros cinco imputados a prestar declaración indagatoria, el acto había sido postergado.
Meses atrás, la investigación pasó a quedar a cargo del Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal N° 2 de San Martín, encabezado por la jueza Alicia Vence, quien en los últimos días dispuso nuevamente la citación a declaración indagatoria para los imputados para el próximo 9 de agosto, según confirmaron a QUÉ Digital desde la Comisión por la Memoria.
LA CAUSA
La CPM presentó en noviembre de 2016 ante la Justicia documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) que involucran al funcionario judicial en dos causas por delitos de lesa humanidad: el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, y el secuestro y tortura de tres militantes comunistas.
De acuerdo a los documentos, durante la dictadura cívico-militar Fernández Garello se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dippba. Según aseguran de la CPM “entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos; todos estos actos de inteligencia fueron realizados en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado”.
Por su parte, el fiscal general Fernández Garello negó en reiteradas declaraciones su participación en los hechos por los cuales lo denuncian, dijo que “las circunstancias referidas por la Comisión Provincial por la Memoria evidencian serios y preocupantes vestigios de falsedad” y aseguró estar “a entera disposición de la Justicia para aclarar cada uno de los puntos mencionados en la documentación presentada en la denuncia”.
