Discapacidad: prestadores impulsan un paro nacional ante la posible desregulación
Desde Prestadores Unidos MDP buscan que cámaras, organismos y centros de integración convoquen a una medida de fuerza para visibilizar la preocupación.
En medio de las denuncias por la consolidación de la pérdida de poder adquisitivo en base a las condiciones en las que ejercen sus tareas y después de haber advertido una posible desregulación del nomenclador, un sector de prestadores que brindan servicios de salud a personas con discapacidad empezaron a impulsar un paro nacional del sector para mostrar su alerta. El pedido lo llevarán esta semana al Foro Permanente de Discapacidad que reúne a cámaras, organismos y centros de integración.
La advertencia comenzó a ser expuesta hace algunas semanas por parte del espacio Prestadores Unidos MDP desde donde no sólo volvieron a calificar como “insuficiente” la última actualización del nomenclador -es decir, las tarifas bases para cobrar a las obras sociales o prepagas- de un 12% retroactiva a abril sino que además se mostraron en alerta por una posible desregulación que estaría planificando el gobierno nacional de ese nomenclador, lo cual apuntaron que presentaría más retrocesos para las personas con discapacidad y quienes trabajan con ellos.
Así, prestadores del sector expresaron haber conocido la existencia de un borrador de decreto a partir del cual el gobierno buscaría desentenderse el sistema único de prestaciones.
Esa situación llevó a que tanto desde Prestadores Unidos MDP como desde otros espacios organizados en el país desde hace tiempo para luchar por mejores condiciones de trabajo resolvieran pedirle a cámaras, organismos y centros de integración que forman parte del Foro Permanente de Discapacidad que llamen a un paro nacional del sector en busca de lograr una “contundencia” significativa, tal como ha ocurrido ante otros reclamos. Ese pedido lo harán esta semana ya que está prevista una jornada de reclamo y protesta impulsada por el foro bajo la misma preocupación.
“A pesar de las diferencias que tenemos con los centros y cámaras que forman parte de este espacio, las cuales sostienen un régimen de precarización y tercerización laboral de nosotres como prestadores, la lucha contra el decreto que desregularía el nomenclador único para prestaciones en discapacidad es central y la tenemos que dar todes“, expresaron a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.
En ese sentido, insistieron en que si bien son muchos de los reclamos que sostienen contra el actual Sistema de Prestaciones Básicas en Discapacidad por los retrasos en los pagos, falta de aprobación de tratamientos, aranceles devaluados e inestabilidad laboral se trata de una “referencia perfectible, a mejorar, un punto logrado con una lucha histórica, algo que regula u orienta las prestaciones y tratamientos, que de perderse empeorará aún más las condiciones de emergencia” en las que se desempeñan.
“RUPTURA DE UN LOGRO FUNDAMENTAL”
Al convocar a una jornada de reclamos nacional con concentraciones en distintos puntos del país, desde el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad también alertaron por el proyecto de decreto presidencial “que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas”.
Eso lo tradujeron en que generará “la ruptura de un logro fundamental” como es que “las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga”.
Así, en un comunicado enfatizaron en que “la consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello” y afirmaron que “la desigualdad que implica esto también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad”.
También entendieron que de efectivizarse la desregulación “se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga”.
Y afirmaron que, en esa línea, “actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financiadores”.
