Estafas en el Procrear: Anses todavía no tiene respuestas
Si bien ya se hicieron las presentaciones relativas a prórrogas y ampliaciones de los créditos, los beneficiarios aseguran que no ha habido avances. Preocupa el peligro de usurpación de los terrenos y construcciones.
A más de un mes de iniciadas las gestiones por parte de los beneficiarios del Procrear ante la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) -luego de ser estafados por el constructor Pablo Aquino y la empresa Modularq– las familias que esperan poder concretar el sueño de la casa propia continúan sin tener respuestas. Según dijeron, si bien se han hecho las presentaciones relativas a prórrogas y ampliaciones de créditos, no ha habido ningún avance concreto.
En ese sentido, los damnificados participaron de una reunión en la que estuvieron presentes el titular del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Diego Peláez; y los defensores del Pueblo, Fernando Rizzi y Fernando Cuesta. En el encuentro, se brindaron precisiones respecto a las gestiones que se vienen realizando. Sin embargo, en el lugar no se hizo presente ningún referente de Anses.
Al respecto, Peláez señaló que más allá de los procesos administrativos -iniciados para poder destrabar los procedimientos relativos a los contratos- lo que buscan es que se genere un tratamiento diferenciado para los afectados. “Más allá de estas cuestiones, lo que queremos es que no solo se avance en las prórrogas, sino que evalúen la ampliación de los créditos en términos económicos para que las familias puedan continuar o empezar las tareas”, explicó.
Enseguida, el titular del Colegio entendió que más allá de lo puntual, hay que tener en cuenta que “se trata de viviendas, de la primera vivienda; no solo hablamos de lo económico sino también de lo moral”. “Los pedidos ya fueron elevados a Anses; la primera respuesta fue la posibilidad de generar una ampliación de los plazos que establece el crédito y ahora está en estudio y evaluación la generación de un crédito paralelo, con ampliación de montos para completar las tareas, pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta”, subrayó.
Consultados respecto a si, hasta el momento, alguno de los damnificados ha tenidos algún tipo de respuesta por parte de la Administración, todos los beneficiaros coincidieron al decir que no. “Lo de la prórroga es lo que te da el banco naturalmente como a cualquiera, no ha habido una notificación formal respecto a las estafas”, dijeron, y además cuestionaron la falta de información y planificación: “En el banco nos dicen que no hay ninguna decisión política al respecto, que no hay una comunicación oficial; y cuando vamos a Anses, a todos nos dicen una cosa diferente”.
Por su parte, Fernando Rizzi precisó que, más allá de la orientación y el acompañamiento que le brindan a las familias, desde la dependencia a su cargo resolvieron solicitarle a la Defensoría del Pueblo de la Nación que intervenga ante Anses para que se logre concretar alguna medida. “Es absolutamente justo el pedido de la gente, ellos tienen un sueño y obraron de buena manera y en el mientras tanto necesitan respuestas”, sostuvo.
Además, el defensor del Pueblo reparó en otra cuestión: la necesidad de que se avance rápidamente para evitar posibles usurpaciones en los terrenos. En ese sentido, varios de los damnificados confirmaron estar “muy preocupados” porque las últimas veces que fueron a sus construcciones se encontraron con “colchones o frazadas” dentro de los lugares y tienen miedo de que alguien ocupe el lugar de forma permanente.
“Nosotros no podemos quedarnos todo el día ahí y vamos a tener que invertir más plata en alambrar, pero no podemos dejar que nos usurpen así como así”, sostuvo uno de los afectados.
En cuanto a la cantidad de denuncias radicadas hasta el momento, en el Colegio de Técnicos fueron registradas 62, pero los beneficiarios aseguran que son alrededor de 125 las familias afectadas y que en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) ya fueron efectuadas 80 presentaciones.
SANCIÓN EJEMPLIFICADORA
Si bien todavía resta la resolución final del Tribunal de Disciplina del Colegio de Técnicos en relación a la figura de Pablo Aquino, Peláez reiteró que tras la suspensión de su matrícula él “no está habilitado para trabajar en ningún lugar de la Provincia”. “Nosotros vamos a ser muy rígidos y vamos a aplicar la ley en su máxima expresión para que la sanción sea, no solamente tranquilizadora para los damnificados, sino ejemplificadora”, advirtió.
Y luego consignó, en relación a la defensa del profesional: “Lo hemos citado varias veces, hemos tenido tres entrevistas y le hemos entregado las copias de las denuncias para que realice los descargos correspondientes, porque no podemos negarle el derecho a la defensa; sin embargo, hasta ahora no hemos tenido ni una contestación”.
Además, Peláez confirmó que previo a la detección de estas estafas, Aquino había sido sancionado por irregularidades en Punta Alta y que en su legajo “solo hay un expediente con anomalías en cuanto a su conducta ética”. Sobre eso, los damnificados aseguraron estar en contacto con familias estafadas por el constructor en dicha zona, quienes en las últimas semanas habrían decidido iniciar acciones legales.
